Hace unos días, el Movimiento Antorchista de Oaxaca manifestó su rechazo y solicitó derecho de réplica al periódico La Jornada, por una serie de acusaciones infundadas, hechas por el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, quienes lejos de buscar la aplicación de la ley contra los agresores de los que fueron víctimas, pretenden granjearse el reconocimiento del presidente de la República, acusándonos de manera arbitraria, alevosa y sin presentar ninguna prueba, de tales agresiones. Los argumentos y la exhibición de estos propósitos quedaron sentados en el artículo anterior.
En esta ocasión, de nueva cuenta nos vemos en la necesidad de manifestar nuestro rechazo a infundios de la misma naturaleza. En el periódico EL IMPARCIAL de este estado, en la columna EXPRESIONES, Pablo Ramírez Puga, en un artículo de opinión que titula "El ambulantaje es auspiciado por el gobierno del estado", se lanza contra varias organizaciones de comerciantes ambulantes, a quienes acusa de abusar de los espacios públicos de la capital oaxaqueña. A continuación reproduzco la parte que interesa para este desmentido.
Líderes de ambulantes como Carmela Luján, Yolanda Ortega y hasta el irredento Hugo Jarquín, son rebasados por los protegidos estatales de las organizaciones Sol Rojo, del MULT, la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en lucha y hasta Antorcha Campesina, que a través de la presión y el chantaje político abusan de los espacios en el centro histórico, en la Alameda y el Zócalo de la capital oaxaqueña.
En esta ocasión, y a diferencia de la nota a que me refiero al principio de este artículo, la redacción del medio al que aludimos, tuvo el comedimiento de disculparse por la deficiencia de no corroborar lo que se publicó sobre Antorcha, ofreciendo una entrevista a un servidor para hablar al respecto de las declaraciones de Ramírez Puga, cuestión que demuestra la seriedad de este medio. De cualquier forma, diremos de nueva cuenta que es un ataque infundado y gratuito, que el Movimiento Antorchista no representa a ningún comerciante que esté ocupando alguno de los espacios a los que él se refiere, además de que rechazamos los descalificativos de "presión y chantaje político" hacia el gobierno estatal. No pretendo con esto colgarme de la ocasión para aplaudir como "nodding dog" al gobierno estatal, como él hace con su ofensiva, al unirse al ataque constante del gobierno federal. En cuanto a lo que toca al gobierno del estado, estoy seguro que sabe y puede defenderse con facilidad de este "amarra-navajas" y no necesita quien le haga caravana. Con lo que respecta a nosotros, la cosa es sencilla, el que acusa, debe siempre demostrar sus acusaciones, nosotros no tenemos por qué probar nada, nos hemos colocado siempre dentro del marco de la ley defendiendo los derechos constitucionales de nuestros agremiados. Agradecemos el ofrecimiento de la redacción y nos basta con dar a conocer nuestra postura al respecto.
De cualquier forma, creo conveniente escribir sobre el tema porque en estos momentos en que nuestro país se encuentra en momentos difíciles, todo ciudadano bien intencionado que tenga algo que opinar sobre los problemas que nos aquejan, debe poner su granito de arena para abonar a la politización de los mexicanos, aportando información o argumentando acerca de cuestiones importantes como lo es la del comercio ambulante, contra la que se lanza el columnista a que nos referimos. Creo que con este tipo de opiniones, se induce en la opinión pública una idea superficial e irresponsable, que puede desembocar en un linchamiento mediático contra quienes honradamente buscan la forma de ganarse el pan de cada día para sus familias.
En Oaxaca, el nivel de informalidad laboral, a noviembre de 2018, era de 82.1 % del total de su población económicamente activa (PEA), es decir, ocho de cada diez oaxaqueños trabajan en el sector informal. Como se podrá ver, Ramírez Puga, sólo ve los efectos de un problema que afecta a la inmensa mayoría de la población en el estado, sirviendo de corifeo para que el poderoso en turno, se lance sobre quienes a falta de empleo bien remunerado, se ven en la necesidad de dedicarse al comercio informal. Tampoco se puede negar que afectan de alguna forma al comercio establecido en los espacios a que se alude, pero es en todo caso una consecuencia y no un objetivo.
Por lo tanto, si de verdad se quiere contribuir a liberar los espacios públicos y hacer valer los derechos de quienes laboran en el comercio establecido, se debe pedir a las autoridades, no que repriman al comercio ambulante en el centro histórico de Oaxaca, sino que elaboren un análisis serio del problema y que destinen recursos públicos para establecer espacios en zonas que permitan a los comerciantes mantener un nivel de ventas por lo menos parecido al que hoy tienen y no les represente pérdidas dejar los lugares que hoy ocupan.
La cuestión está ahí en realidad y no en criminalizar a quienes necesitan trabajo. Seguramente que si el estado mexicano ofreciera a sus ciudadanos un empleo digno, estos no tendrían por qué colocarse en el empleo ambulante que no da seguridad a quienes lo practican. Se necesitan soluciones de fondo y no ocurrencias de quienes buscan comerciar con su pluma.
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