Suena muy bien eso de que “el pueblo manda y el Gobierno obedece”, frase muy socorrida por esta administración que ya en unos días fenece. Pero como reza la sabiduría popular, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Esto viene a cuento por la discusión que en estos momentos se ventila en los medios sobre el tema de la reforma judicial que viene impulsando el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido, con la idea de hacer las modificaciones a la ley que obliguen a los representantes del poder judicial a ser sometidos a elección popular en vez de ser asignados por el Consejo de la Judicatura Federal como sucede ahora.
Dicha propuesta de reforma viene a sumarse a una serie de modificaciones a la Constitución que el Ejecutivo Federal ha venido proponiendo durante su administración y que, aprovechándose de la mayoría en el Congreso, todas ellas han sido aprobadas sin que se les haya cambiado ni una coma.
Aceptando sin conceder —como se dice en el argot de los abogados— que en todas las adiciones a la ley prevalece el interés del Gobierno de beneficiar a los más pobres, en ningún momento se han preocupado por explicar cómo y de qué manera beneficiaría a la gente la elección por voto popular de los jueces.
Se han reducido a argumentar que son corruptos y tienen muchos privilegios, sin aportar ninguna prueba de la tan mentada corrupción, además de que, si la idea es que ganen menos de lo que gana el presidente, eso, en vez de alejarlos de la corrupción, los colocaría como a un cordero en medio de los lobos.
Es decir, a expensas de quien tiene el dinero para ofrecerles una jugosa recompensa a cambio de una sentencia favorable.
En resumen, si antes se podía disimular la corrupción, ahora se practicará de manera abierta y descarada, porque los juzgadores, ya no por falta de ética profesional, sino por falta de un ingreso digno, se verán en la necesidad de prostituir la ley a cambio de unos cuantos pesos.
¿Y quién podrá pagar el soborno? Como siempre, el que tiene con qué. ¿Dónde está pues el trillado combate a la corrupción? Ni siquiera en la mente del presidente, porque él tiene claro por qué hace las cosas.
Diferentes articulistas han hecho análisis certeros que desnudan la política engañosa de la 4T, dejando al descubierto que el traje de mendigo que enarbolan como bandera para conquistar a las masas trabajadoras no es más que una artimaña cuidadosamente planeada para confundirlas.
Ante el agotamiento de los recursos públicos que están gastando para las obras faraónicas que se ejercieron con sobrecostos y que aún no concluyen como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, más los apoyos que se repartieron mediante los programas de entrega monetaria directa.
Ambas cosas que llevaron al Gobierno a endeudar al país (lo que dijo que nunca haría), sin haber hecho ninguna inversión saludable del dinero, todo parece indicar que la reforma tiene una doble motivación.
Por un lado se apropia de los recursos y fideicomisos que maneja el Poder Judicial y, por el otro, se hace del control del último de los tres poderes de la Unión que aún no había podido someter.
Pero volvamos a la cuestión que se plantea en el título de la presente colaboración. Ante el problema que ha generado las intenciones de la 4T de someter a votación a jueces y magistrados y el revuelo que ha causado más allá de nuestras fronteras por el hecho de que los afectados se declararon en paro de labores desde el 21 de agosto interponiendo su queja a instancias internacionales, ¿a quién acude AMLO para que dirima la controversia?
Como ya todos sabemos, acudió nada más y nada menos que a los 5 hombres más ricos de México para que ellos sean quienes digan la última palabra. ¿No que el pueblo manda?
Ya otros articulistas han abordado el asunto y han evidenciado la falsedad de la frase de “primero los pobres” y con cifras al canto, han demostrado que son los ricos los que más han sido favorecidos por esta administración.
Hoy, ante las dificultades que surgen para llevar adelante la reforma judicial, el presidente no acude al pueblo que supuestamente es el beneficiario de su política. Más bien, acude a los que, sin mencionarlo, han sido sus verdaderos patrones.
AMLO acude a los cinco hombres más ricos de México porque “mandan los pobres” pero sólo en ese cuento de hadas que le vendieron a los mexicanos; porque en el mundo real para quienes trabaja y a quienes obedece el presidente es a los multimillonarios.
Todo aquel que está medianamente informado de la forma de conducirse de este Gobierno sabe que la actitud de AMLO no es ninguna sorpresa.
Ya en otro trabajo publicado días atrás señalé los porcentajes del incremento de las fortunas de los más acaudalados: Carlos Slim 78.1 %; Germán Larrea 944.2 %; Ricardo Salinas Pliego 28.7 %; Alejandro Bailléres alcanzó los 6 mil 900 millones de dólares, mientras que Juan Vidal aumentó 82.2 % (La Jornada, 23 de julio de 2024).
Por lo tanto, no hay cabida para la confusión, no hay espacio para la duda: los mexicanos debemos entender de una vez por todas que es nuestro número y nuestra unidad lo que nos puede llevar a reunir la fuerza necesaria para tomar las riendas de este país y convertirnos en los artífices de nuestro propio destino. Ya basta de creer que un “iluminado” nos vendrá a salvar.
Como dijo AMLO cuando andaba en busca del voto popular: “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.
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