El domingo 30 de marzo del presente año iniciaron campañas más de 3 mil candidatas y candidatos aspirantes a algún cargo del Poder Judicial, cuya elección se realizó el pasado 1º de junio de 2025.
Fueron mil 570 personas candidatas a juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, como resultado de la imposición “democrática” del poder legislativo en manos de la 4T.
Nadie se traga el cuento de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando repiten que México es el país más democrático del mundo
Entre la enorme lista figuraron mil 640 personas candidatas a las magistraturas de Circuito del Poder Judicial de la Federación; veinte personas candidatas a magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial; 38 personas candidatas para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial; quince personas candidatas a magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y 64 candidatas a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Mi convicción de que el Estado capitalista en que vivimos es, por naturaleza, un Estado injusto, y el hecho de convivir con el pueblo, del que soy parte, me lleva a la conclusión de que la gran mayoría de los ciudadanos no ignora que el verdadero motivo de la reforma y la elección del Poder Judicial propuesta por la 4T tiene un fondo político y, detrás de él, económico. ¿Para qué habrían de querer más poder si no para seguirse enriqueciendo a costillas del pueblo?
Todos, o casi todos quienes acudieron a votar en esta elección lo hicieron porque se sienten comprometidos por recibir dinero en efectivo a través de los programas sociales, como las tarjetas Bienestar, o porque recibieron un pago extra por acudir y, en una gran cantidad de casos, por llevar a otros. Me consta.
Nadie se traga el cuento de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando repiten que México es el país más democrático del mundo, que por primera vez en la historia de nuestro país el pueblo, cansado de la corrupción y privilegios, ha decidido quiénes deben gobernarlo y quiénes deben ser los ministros, jueces y magistrados.
Se trata, en realidad, de aprovechar que tienen los poderes Ejecutivo y Legislativo para violar la Constitución Política de México y eliminar de facto la independencia de poderes, para hacerse del Poder Judicial y tener el control absoluto de nuestra patria.
Y sabedores de que el pueblo no se traga sus discursos, tuvieron que echar mano de tramposas y descaradas maniobras, como los famosos acordeones, para lograr que sus candidatos —muchos de ellos miembros de Morena y familiares y amigos vinculados con la delincuencia organizada— destacaran entre muchos otros: Estela Ríos, consejera jurídica de López Obrador; Bernardo Bátiz, colaborador cercano del expresidente; Celia Maya, militante de Morena y excandidata a la gubernatura de Querétaro; Susana Bátiz Zavala, hija de Bernardo Bátiz; Paula Villegas Sánchez Cordero y Jorge Emilio Sánchez Cordero, hija y sobrino de Olga Sánchez Cordero y legisladora de Morena; Guillermo Valls, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Rafael Guerra, cabeza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y Plácido Morales, procurador en la Secretaría del Trabajo de Claudia Sheinbaum.
Jaime Cárdenas, exconsejero del INE y exdiputado, esposo de Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR; Fabiana Estrada Tena, coordinadora de asesores de Arturo Zaldívar; Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra, ambos secretarios de Zaldívar; y personajes de mala reputación como Ulises Lara, jefe de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin estudios de licenciatura en Derecho, quien al ser descubierto presentó una cédula de 2024.
Y para concluir con la elección de Estado, personajes con antecedentes penales, como César Gutiérrez, hijo del militar Gutiérrez Rebollo, y Marcela Morales, investigada por desvío de recursos. Con esta farsa y estos personajes, el resultado no podía ser peor.
A pesar de que el INE reporta una falsa votación de entre el 12 % y el 13 % del padrón electoral, el gobierno de Morena, a pesar del enorme derroche de dinero en la compra de conciencias, ha recibido el peor descalabro de su gobierno: un rotundo rechazo a su deseo de apoderarse también del Poder Judicial.
Felicidades, mexicanos, por su excelente lección ciudadana al negarse a ser parte de este gran atropello.
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