* La empresa demolió 140 viviendas y obligó a cientos de familias a negociar su salida; ahora busca recuperar los últimos inmuebles ocupados por los afectados
La compañía Plata Panamericana, que explota minerales en la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, sigue con el plan de desalojo total de casas, tierras y habitantes originarios, por lo que los afectados acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas para denunciar las acciones de la empresa.
La Colorada es una mina subterránea de plata con más de 100 años de antigüedad, adquirida en 1998 por la empresa canadiense Pan American Silver (Plata Panamericana, S.A. de C.V.).
La historia de despojo fue resumida por Efraín Arteaga Domínguez, representante legal de los afectados, quien afirmó que en 2013 en La Colorada vivían 140 familias que fueron despojadas por la empresa canadiense de un polígono de 1 mil 150 hectáreas. En 2014, la minera realizó el desalojo de los habitantes por medio de una orden emitida por el delegado de la Secretaría de Economía.
En 2015, el consorcio canadiense demolió las 140 viviendas en un área de 3.5 hectáreas, inclusive con muebles y enseres domésticos en su interior.
Los afectados fueron obligados a la negociación y se logró que el 50 % de los habitantes, es decir, 70 familias, aceptaran una indemnización económica y emigraran a otros estados. Luego vino la indemnización de 20 familias más, y las 50 familias restantes se resistieron a abandonar su lugar de origen.
A las familias se les prestaron casas de la empresa con muchas restricciones, como la prohibición de criar animales de granja, actividad que representaba parte del sustento de las familias campesinas.
La Colorada prácticamente desapareció por acción de Plata Panamericana, y desde hace diez años la empresa entregó en comodato cuatro inmuebles bajo la condición de que podrían ser solicitados con previo aviso y notificación a los interesados.
En agosto de 2024, la minera alegó que la notificación no fue atendida, por lo que presentó una denuncia por abuso de confianza y solicitó la intervención judicial para la restitución de los inmuebles.
Ante el actual conflicto, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, informó que el 11 de febrero se llevará a cabo una mesa de diálogo con la empresa y las familias afectadas de La Colorada en Chalchihuites, con el objetivo de establecer alternativas de reubicación.
Reyes Mugüerza dijo que, en la ruta legal, las familias ya perdieron todos los recursos, por lo que exploran la ruta social para acompañar a las cuatro familias que aún permanecen en el lugar, en total once personas, para que lleguen a un acuerdo mutuo mediante la conciliación.
De acuerdo con lo anterior, sólo cuatro familias están pendientes de llegar a un acuerdo. Por ello, el próximo martes se llevará a cabo una nueva sesión de conciliación entre las partes, con la intención de resolver la presente controversia, que marcaría el final de otra historia de resistencia de las comunidades campesinas y de la destrucción y el despojo por parte de las mineras, como también ocurrió en Salaverna, municipio de Mazapil.
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