En Tlaxcala, el 76.4 por ciento de la población se siente insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; el 70.2 por ciento, en el transporte público; un 61.7 por ciento siente inseguridad en el banco y el 58.6 por ciento en las calles por las que habitualmente transita. Las calles son de los lugares más inseguros para la ciudadanía por el robo de automóviles.
En lo que va de la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la incidencia del delito de robo de automóvil incrementó; pasó de 336 robos, durante los tres primeros meses de 2021 (todavía durante la gestión del priista Marco Antonio Mena Rodríguez), a 412 robos en lo que transcurrido de 2022.
El incremento durante la administración de Cuéllar Cisneros fue del 23 por ciento. Casi al iniciar la administración de la morenista, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), notificó al Gobierno de Tlaxcala la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los 60 municipios que existen en la entidad.
En los tres primeros meses de este año, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, los incidentes aumentaron mil 300 por ciento respecto a enero, febrero y marzo de 2021, y la entidad se posicionó un 989 por ciento por encima de la media de los últimos cinco años.
Los casos de violación también aumentaron en Tlaxcala un 114 por ciento en el primer trimestre de 2022. A pesar de este escenario, Lorena Cuéllar presumió en la presentación del Informe de Incidencia Delictiva del Primer Trimestre de 2022, que Tlaxcala muestra una tendencia significativa a la baja y se posiciona como la segunda entidad más segura del país.
“Nos esforzamos diariamente para brindar paz y acciones sociales que nos permitan cada día dar mejores resultados, entre todos debemos consolidar un frente común a favor del Estado de derecho y el respeto por nuestras instituciones que favorezca la confianza e infunda tranquilidad entre nuestras y nuestros ciudadanos”, dijo.
Las declaraciones de la gobernadora fueron duramente criticadas por el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariano González Aguirre, quien cuestionó que de los 238 días que lleva su gobierno, 157 pasaron sin un secretario de Seguridad, y en ese tiempo se han cometido mil 615 delitos.
Al frente de la dependencia se encontraba, en calidad de encargado, Maximino Hernández Pulido, quien asumió el cargo el 21 de noviembre pasado. Esta decisión se tomó luego de que el extitular, Alfredo Álvarez Valenzuela, fuera dado de baja por enfrentar un proceso legal ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por su probable participación en el delito de desaparición forzada y para evadir la justicia se dio a la fuga.
Actualmente, el exfuncionario se encuentra prófugo, después de que la tarde del sábado 20 de noviembre de 2021 arribaran elementos de la SEIDO a las instalaciones de la dependencia estatal, a fin de cumplimentar la orden de aprehensión número 148/2014, de fecha 19 de septiembre de 2014. La orden de aprehensión fue girada por el juez octavo del distrito de Chihuahua, como parte de los autos de la causa penal 88/2014, por la probable responsabilidad de Alfredo Álvarez Valenzuela en la participación del delito de desaparición forzada.
Al respecto, en conferencia de prensa, el titular de la Segob, Sergio González afirmó que la administración de Lorena Cuéllar desconocía que el extitular de la SSC enfrentará un proceso judicial, pues en la Plataforma México no aparecía esta información. Además, aclaró, su designación se realizó con base en su experiencia como policía federal en Tlaxcala y otras entidades por lo que pidió respetar la presunción de su inocencia.
La inseguridad, es el resultado de un sistema decadente de la 4T; el progreso de pueblos y colonias marginados, urbanos y rurales está totalmente paralizado, el desamparo y la indefensión total del estado.
Los antorchistas siempre hemos sostenido que, contra esos abusos, indiferencia y peligros, el arma más eficaz es la organización popular, Antorcha buscaba y busca la organización del pueblo, estrictamente pacífica y defensiva. Los bloqueos y ataques infundados de López Obrador en contra de organizaciones populares como Antorcha Campesina desarman al pueblo de lo último que le queda y lo dejan inerme ante sus enemigos: la delincuencia, la marginación y la pobreza.
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