El derecho a la salud se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero es evidente que no puede alcanzarse con plenitud si no existe una alimentación en cantidad y calidad suficiente (también otro derecho humano fundamental). Más allá de la representación gráfica en la Constitución, en México no se ha garantizado este derecho a la mayoría de la población. Dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar en enfermedades como la diabetes mellitus y el segundo en obesidad y sobrepeso en adultos y séptimo en niños. Un escenario paradisiaco para el coronavirus.
Sin embargo, ese no es el único riesgo. La situación se agrava por la incapacidad material y espacial del sistema de salud mexicano y la burlesca respuesta del gobierno de la 4T para fortalecerlo. El gobierno ha exhibido una actitud desdeñosa con el ejército mexicano que combate en primera línea a la pandemia, es decir, con los médicos, enfermeras, camilleros, choferes, intendentes y personal administrativo de hospitales y centros de salud. Muchos de los cuales han denunciado por distintas vías el desabasto de material indispensable para asistir a los pacientes. En los días recientes, el gobierno federal distribuyó material a los centros de salud de calidad pésima; trajes que, a decir de los mismos médicos, ni siquiera impiden el paso del virus. Si el gobierno de la 4T no está equipando correctamente al batallón médico, que además merece todo nuestro agradecimiento y reconocimiento, ¿cómo espera que resultemos vencedores frente a la pandemia?
La medida de "quédate en casa" para evitar contagios y el colapso del sistema de salud tan deficiente en México, no ha sido acompañada de recursos y apoyos económicos suficientes para contrarrestar la disminución o desaparición de ingresos monetarios de los mexicanos. Cuarenta y cuatro millones de mexicanos están expuestos a morir o adquirir vulnerabilidad al coronavirus (y otras enfermedades) porque padecen de hambre, la otra pandemia que azota a México. No hay dinero para sobrevivir en los hogares; pues mucha gente no tiene ingresos fijos y otros han sido despedidos de sus empleos.
En el estado de Veracruz, las cosas están más graves. El estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en enfermedades cardiovasculares, segundo en diabetes mellitus, quinto en obesidad de adultos y segundo en obesidad infantil (SS). El gobernador Cuitláhuac García empezó su mandato cuando la entidad aumentó en 1.2 millones de pobres (2008-18 Coneval). El 61.8 por ciento de los veracruzanos eran pobres, (5 millones 88 mil 600) llegando al punto más alto de un millón 457.9 personas en pobreza extrema. En los 16 meses que lleva este gobierno estatal, no ha instrumentado políticas que disminuyan la pobreza y mejore la salud de los habitantes; hay 2.7 millones de veracruzanos que padecen pobreza alimentaria, (32.2 por ciento del total de la población), no tienen el ingreso económico necesario para adquirir alimentos. Además 2 de cada 3 veracruzanos (5.6 millones) el 67.5 por ciento del total carece de seguridad social.
Según el Inegi, a inicio de año la tasa de informalidad laboral en el estado era de 67.8 por ciento; con esta crisis es de esperar un repunte. La Población Económicamente Activa (mayores de 15 años) ronda los 3.3 millones de personas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) planteó que el 52.4% de los veracruzanos tienen un salario inferior al costo de la canasta alimentaria (que a inicio de año era de 1,637 pesos mensuales por persona), lo que ha obligado a muchas familias a sustituir varios productos por otros de menor calidad nutritiva, aumentando su consumo de comida rápida, alimentos chatarra, bebidas azucaradas, grasas, pan dulce, tortillas, etc., provocando así un detrimento de su salud. Esta situación ya de por sí ha generado una crisis alimentaria en los veracruzanos, que ha llevado, a decir del investigador de la Universidad Veracruzana Rafael Vela Martínez, "a que los papás están dejando de comer para darles a sus hijos", lo que conlleva a disminuir la calidad de vida de la población.
El gobierno de Cuitláhuac García debe proponerse como objetivo principal y urgente eliminar la pobreza extrema, pues ocupamos el quinto lugar en aportación al PIB nacional, pero el 29 en el ingreso laboral per cápita. Ante la contingencia por el Covid-19, las medidas económicas que el gobierno estatal y el federal han planteado para el estado de Veracruz son más que insuficientes e insultantes; 80,000 créditos federales por 25,000 pesos cada uno y 10,000 estatales de 10,000 pesos cada uno. para las personas que ellos ya tienen censados, llegando sólo a 90,000 familias. Claramente, esto en nada atenuará la gravísima situación en que se encuentra la mayoría de la población.
El Movimiento Antorchista Nacional y Veracruzano, alza la voz para que se instrumente un programa nacional de distribución de alimentos a toda la población que carece de un ingreso fijo y que tampoco recibe ninguna ayuda del gobierno con las transferencias monetarias, que hacen con algunos programas. Sólo aplicando el dinero del pueblo en lo que éste necesita para sobrevivir en momentos de crisis, se evitarán pérdidas humanas por la pandemia del hambre y del Covid-19. De lo contrario, se abonará a la ya inminente descomposición de la producción capitalista. Pues este sistema "no conduce solamente al empobrecimiento de la fuerza humana de trabajo. [...] Produce, además, la extenuación y la muerte prematura de la misma fuerza de trabajo", como dijo Karl Marx. El gobierno morenista de Cuitláhuac García no tiene el derecho a ignorar lo que reclaman los veracruzanos, muy por el contrario, es su única obligación, escucharlos y atenderlos.
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