En México, todos lo sabemos, hay corrupción. El informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 publicado por Transparencia Internacional (TI) pone en evidencia el gran desafío que tenemos como país en materia de integridad.
México obtuvo la peor calificación en corrupción en los últimos 30 años, alcanzando un puntaje de 26 sobre 100 puntos posibles, lo que coloca al país en el puesto 140 de 180.
México obtuvo la peor calificación en corrupción en los últimos 30 años: 26 de los 100 puntos posibles. Somos el país 140 de los 180 que califica TI. Estamos en el último lugar dentro de los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el penúltimo dentro de las economías más grandes (G-20) sólo por arriba de Rusia.
En el año 2023 la calificación fue de 31 puntos, colocándose en el lugar 126, lo cual significa que en 2024 hubo un retroceso de 5 puntos y una pérdida de 14 posiciones entre los países evaluados. Estos resultados colocan a nuestro país en el mismo nivel de percepción de corrupción que Camerún, Irak, Madagascar, Nigeria y Uganda.
Es de observarse que el puntaje de 2024 es el más bajo de estos últimos doce años, tiempo en el que se han presentado casos emblemáticos de corrupción como Odebrecht, la Estafa Maestra y Segalmex.
Recordemos que en el caso Odebrecht, entre 2010 y 2024, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la empresa brasileña estuvo vinculada a pagos por valor de 10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas que generaron beneficios por más de 39 mdd.
En 2020 fue aprehendido Emilio Lozoya por cargos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado. A raíz de su arresto ha señalado como coautores de los crímenes que se le imputan a diversas figuras políticas, recibiendo así el apoyo de estatus de testigo protegido del gobierno federal mexicano.
Se le dio el nombre de Estafa Maestra a una investigación periodística hecha por Animal Político en asociación con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Publicada el 5 de septiembre de 2017, la investigación desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos de dinero que involucró a once dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
En el caso Segalmex, el 18 de enero de 2019 Andrés Manuel López Obrador designó a Ignacio Ovalle como director de esta dependencia. Ovalle fue titular de la Conasupo, en donde ya existían algunas irregularidades.
Si tomamos en cuenta que en La Estafa Maestra se desviaron 7 mil millones de pesos, resulta indignante que el caso de Segalmex siga siendo uno de los temas principales de investigación, pues estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos de los cuales no se sabe nada.
Si nos comparamos con los países latinoamericanos también quedamos mal parados en cuestión de transparencia. Somos el país más corrupto entre las economías más relevantes, entre ellas Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Solo le ganamos a Venezuela y a los países centroamericanos Guatemala y Honduras.
Aunque López Obrador hizo campaña durante dieciocho años para acabar con la corrupción, no pudo en lo más mínimo y ésta aumentó, pues fue complaciente por el resto de su sexenio, ya que usó dinero del gobierno federal “para fondear campañas políticas de forma ilegal. López Obrador vivió al amparo del dinero en efectivo buena parte de su vida política y justificaba que el dinero para su movimiento era dinero legítimo, aunque su origen fuera ilegal” (Reforma, 12 de febrero de 2025).
Durante los años de Peña Nieto, el gobierno emprendió, forzado por la presión política, procesos por peculado o enriquecimiento ilícito en contra de doce personas gobernadoras (diez del PRI y dos del PAN) entre ellos César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz o Roberto Borge en Quintana Roo.
En contraste, Ignacio Ovalle, titular de Segalmex cuando ocurrió el mayor caso de corrupción del sexenio anterior, mantuvo un cargo en el gobierno hasta el último día.
Concluyendo, la mal llamada 4T y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no acabaron con la corrupción. Para ello es necesario que el pueblo trabajador se organice, forme un partido nuevo y de una vez por todas tome el poder político y cambie el modelo económico actual explotador por uno más humanista.
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