Recientemente el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, con conocimiento del Gobernador Del Mazo, envió a la fuerza pública para enfrentar, retirar y decomisar mercancía a comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad. En La Paz, desde el inicio de la Fase 2 de contingencia, la alcaldesa Olga Medina aprovechó la presencia de la Guardia Nacional para ordenar el retiro de puestos ambulantes (ajenos a sus grupos políticos) en la Cabecera Municipal y la suspensión de actividades en establecimientos comerciales, tianguis y mercados, aunque realizaban actividad esencial.
Estos casos son rencores que ambos alcaldes morenistas, Medina y Sánchez, tenían en sus respectivos municipios, y las medidas de contingencia por covid-19 les quedaron "como anillo al dedo"; además, son reflejos de las acciones contra el comercio informal que no dimensionan las fatales consecuencias.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, más del 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) esta empelada en la informalidad. El vínculo laboral del empleo informal no da acceso a la seguridad social, no compromete ingresos fijos y no brinda estabilidad. En el Estado de México más del 58 por ciento de los trabajadores mexiquenses se encuentran en la informalidad.
Sumado a este adverso panorama, en tan solo tres semanas de la pandemia por covid-19 se perdieron 346 mil 878 empleos, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 50 mil de esos empleos se perdieron en el Estado de México; se sumaron a los más de 310 mil desempleados que ya tenía la entidad.
El municipio de Los Reyes La Paz no tiene un panorama distinto, de cada 10 pacenses que trabajan, 6 lo hacen en sector informal, sobre todo en el comercio que es de las principales actividades económicas en la localidad. Las medidas implantadas por el gobierno municipal y sus ajustes de cuentas con comerciantes engordarán las cifras de desempleo y hambruna.
Claro que es muy importante respetar las medidas de la sana distancia para aplanar la curva de contagiados por covid-19, sin embargo, quitarle de tajo su única fuente de ingresos a más de la mitad de la PEA es condenarlos a la inminente hambruna. Entonces, en lugar de ocupar la fuerza pública, de ajustar cuentas pendientes con los comerciantes; el gobierno federal, estatal y municipal, deben aplicar un amplio programa para garantizar la alimentación de los mexicanos que viven al día, en su mayoría del sector informal.
Los comerciantes y trabajadores del sector informal no tienen ingresos fijos, nos podemos imaginar la crisis que están pasando en estos momentos; salen a trabajar por necesidad no por irresponsabilidad. Para que se queden en casa necesitan que el gobierno garantice su alimentación y la de sus familias.
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