Como todos sabemos, nuestro país atraviesa por una situación preocupante en cuanto a pobreza se refiere. Los “esfuerzos” que cada gobierno realiza dan el mismo resultado, y no es de extrañarse, pues manejan los mismos mecanismos para combatirla, por lo menos desde que aparecieron los programas sociales para combatir este mal. Lo único que le han cambiado es el término, el nombre y unos cuantos datos.
El fracaso de los programas sociales radica en su uso como herramientas políticas y no como verdaderas soluciones estructurales para combatir la pobreza y la desigualdad.
Recordemos que las políticas sociales en nuestro país tienen formalmente su origen y sustento en la constitución de 1917. En ese documento se establecieron por vez primera los derechos sociales a la educación (artículo 3), la protección laboral (artículo 123) y el acceso a la tierra (artículo 27). En 1983 se decretaron otros derechos, como el de la salud y el acceso a la vivienda.
En materia educativa, fueron los gobiernos posrevolucionarios los que establecieron no sólo la gratuidad sino la obligatoriedad. Destacan los esfuerzos de José Vasconcelos (1921), primer secretario de Educación Pública; de Narciso Bassols (1931) y de Jaime Torres Bodet (1958).
En nuestra carta magna se encuentran establecidos derechos y garantías fundamentales que todo gobierno debe obedecer y por cuyo cumplimiento debe trabajar, pero el problema es ese precisamente: que no se cumplen y el pueblo, después de más de 107 años de promulgada la Constitución, tiene que recurrir a la manifestación pública para exigir su cumplimiento.
Por otro lado, la aparición de los programas sociales en México se inició en el año de 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en 1952 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y en 1964 el Instituto Nacional Indigenista (INI), de los que hasta la fecha, los dos primeros siguen subsistiendo, incluso con la misma denominación, no así el tercero, el cual se ha modificado con el tiempo, siendo actualmente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Así como los anteriores, también tuvimos en 1982 el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y en 1995 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).
Un programa social se debe entender como aquellas acciones realizadas por el Estado, encaminadas a un sector de la población cuyas necesidades requieren ser satisfechas, en virtud de su situación de vulnerabilidad, protegiéndolo y garantizándole derechos humanos, tales como salud, educación, vivienda digna, empleo, entre otros.
Pero, si todo lo anterior lo saben nuestros gobernantes, ¿por qué los programas sociales no han dado resultados? Seguimos con educación deficiente para miles de niños y jóvenes, sin infraestructura, sin baños; contamos con un sistema de salud sin medicinas y especialistas suficientes; millones de mexicanos viven en casas rentadas; nuestros hermanos indígenas siguen en el olvido; el deporte y la cultura casi están extintos.
Revisando un poco la historia, nos encontramos que dichos programas han sido utilizados para otros intereses de carácter político. Los partidos suelen distribuir bienes, promesas o beneficios para ganar votos.
En el caso del clientelismo electoral, se trata del intercambio de favores a cambio de votos por un determinado candidato o partido político. Aquí se explica un poco del fracaso de los miles de millones de pesos destinados al combate a la pobreza a través de los programas sociales.
Andrés Manuel López Obrador, como candidato, criticó las transferencias monetarias realizadas por los gobiernos priistas y panistas, pero esa práctica él la llevó a un nivel superior, pues creó un ejército al que llamó “siervos de la nación” (operadores políticos en realidad) para la distribución de los apoyos. Además, creó nuevos programas sociales con el claro objetivo de ganar las elecciones del año pasado.
Al analizar el desarrollo de la política social mexicana en el contexto del modelo económico adoptado por las diferentes administraciones, se observa que la estrategia económica ha generado mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos. Esta situación ha empeorado con el tiempo porque cada administración impone una estrategia no sólo diferente sino equivocada para atacar la pobreza.
Según datos oficiales del actual gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Proyecto de Presupuesto 2025 se prevé que los Programas para el Bienestar reciban 835 mil 700 millones de pesos (mdp), una cantidad muy importante, pero la duda es si se aplicará como es o de nuevo estaremos ante un plan electorero rumbo a las próximas elecciones.
México necesita con urgencia un cambio en la implementación de la política social, necesita políticos de nuevo tipo, necesita un partido auténtico y con una visión de progreso, de bienestar para todos. Esa es la tarea de millones y estoy seguro de que la vamos a lograr.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario