El 10 de marzo pasado, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron de manera exprés un decreto que permite legalmente a los funcionarios públicos hacer campaña política o promover la consulta de revocación de mandato, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el medio digital Expansión Política, “este decreto establece que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables; es decir, la única restricción será que no se usen recursos públicos”. De esta manera, según la misma fuente, “a las expresiones que emitan los servidores públicos –en declaraciones o redes sociales– no aplicará la veda electoral impuesta a la propaganda gubernamental durante procesos electorales o proceso de revocación de mandato”.
Con la aprobación fast track de este decreto se vuelve a poner en evidencia el servilismo de todos los diputados adheridos a la Cuarta Transformación, pues no hay duda de que el primer beneficiado con esta medida es el propio presidente de la República, quien, pese a los llamados del INE, se la ha pasado haciendo difusión de la revocación de mandato desde el púlpito de la mañanera y, en su momento, inmiscuyéndose en las campañas políticas de los estados, siempre tratando de favorecer a sus correligionarios. Los diputados morenistas razonaron que era mejor acomodar la ley al gusto del mandatario en lugar de hacer que la respetara, lo que constituye la primera obligación de los servidores públicos.
Pero además del servilismo de la bancada oficialista, el hecho también revela que los legisladores de la 4T siguen jugando un papel activo en el ataque sistemático en contra del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que, pese a saber que la celebración de la revocación de mandato demandaba más recursos económicos, Morena y sus partidos satélites aprobaron recortarle el presupuesto al INE en este 2022, porque la indicación desde Palacio Nacional era aprobar el PEF “sin moverle una coma”, lo que no impidió que López Obrador y sus fieles se lanzaran posteriormente en contra del árbitro electoral al que han acusado de negarse a realizar la consulta. El decreto de la semana pasada también es un dardo en contra del organismo autónomo.
Así pues, la Cuarta Transformación sigue metódicamente su estrategia de llevar adelante exitosamente la consulta de revocación de mandato al precio que sea, incluso el de quebrar las reglas de nuestra precaria democracia, pues es parte de su plan para retener el poder en 2024.
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