Las políticas sociales de los gobiernos mexicanos debieran estar enfocadas a promover el progreso social de sus habitantes, en todos los terrenos, pero en un primer momento, garantizar las condiciones materiales para poder vivir de manera digna y decorosa, garantizando el acceso a los servicios básicos indispensables.
Durante el pasado periodo electoral, escuchamos un sinfín de discursos que analizaban las causas de los problemas del país y las acciones para erradicarlos, fundamentalmente, se comprometían a destinar recursos económicos para ir aminorando dichos problemas.
Las transferencias monetarias se han convertido en un alivio de la pobreza, pero no la erradican; lo único que logran es comprar votos para el momento necesario.
Pasada la efervescencia electoral y colocando a los ganadores en sus respectivos puestos públicos, la verdad se empezó a mostrar. El 15 de noviembre del año que corre se entregó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 al Congreso de la Unión; a partir de dicha entrega, en algunos casos, los gobiernos estatales y municipales hicieron lo propio para proyectar sus ingresos y distribuirlos según sus prioridades.
Ya en los hechos, donde tienen su juez inflexible los funcionarios públicos, vemos que una cosa era su discurso de campaña y otra sus acciones para destinar recursos públicos a las múltiples carencias nacionales.
Veamos la distribución del PEF 2025, primero en los escandalosos recortes al presupuesto respecto al PEF 2024: reducción del 34 % a la Secretaría de Salud; el 1.5 % menos a la educación; de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la inversión en infraestructura también presenta un recorte del 12.7 % respecto a 2024; por su parte, Energía tendrá un recorte del 20.9 % y, para poner la cereza del pastel, se ha dicho mucho del programa campañero de la “República Rural Justa y Soberana” para lograr la soberanía alimentaria, pero a la hora de asignarle presupuesto, nos encontramos con la sorpresa de que su monto continúa a la baja en los gobiernos morenistas; los pequeños y medianos productores seguirán en la incertidumbre.
¿Cuáles son sus prioridades? Los programas sociales de transferencias monetarias tienen un incremento del 4 %, teniendo un total de 580 mil millones de pesos; esto es el 6.2 % del presupuesto total. Vale la pena recordar, aunque duela e incomode, que se continúa con el modelo asistencialista en México.
Las transferencias monetarias se han convertido en un “alivio de la pobreza”, pero no la erradican; lo único que logran es comprar votos para el momento necesario. Veamos.
Millones de mexicanos, día con día, carecen de lo indispensable para poder desarrollarse; no cuentan con las condiciones materiales básicas para poder vivir dignamente. Doce millones carecen de agua potable y el 48 % de la población no la recibe de manera constante.
Catorce millones de familias no cuentan con una vivienda; 50.4 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud; seis punto cuatro millones de niños, niñas y jóvenes, entre tres y dieciocho años, no asisten a la escuela. Cuarenta y seis millones de habitantes padecen pobreza energética.
En una evaluación del transporte público en treinta y una de treinta y dos capitales mexicanas, reprueba el servicio; el 74 % de la población nacional se siente insegura; el 88 % de localidades no tienen drenaje ni alcantarillado; el 60 % de la población considera que es insuficiente el alumbrado público; en las zonas urbanas del país, más del 25 % de calles y avenidas están sin pavimentar.
Por último, el 40 % de localidades del país tienen un grado muy bajo de acceso a carreteras pavimentadas. Así son las condiciones en las que viven millones de mexicanos.
Con el conocimiento de la situación de los mexicanos y si los gobernantes actuaran de manera racional, el presupuesto tendría que estar dirigido a combatir seriamente todas las carencias que se mencionaron, no hay más; solo creando una base sólida para lograr el desarrollo del país podemos lograr un crecimiento sostenido de nuestra situación paupérrima, pero como vemos, las prioridades, para el gobierno en turno, son aquellas a las que les destinen recursos; todo lo demás será demagogia de la más vil.
Vemos que la dinámica que opera a nivel nacional se reproduce, salvo honrosas excepciones, a nivel estatal y en los municipios de todo el país.
Si queremos acabar con la pobreza en nuestro país, debemos transformar las condiciones materiales en las que viven millones de mexicanos; se debe dar un golpe de timón y redistribuir el gasto social para cubrir lo indispensable para garantizar una vida digna, que la gente tenga acceso a los servicios básicos: agua, luz, drenaje, electricidad, salud y pavimento.
Pero eso sólo lo podemos lograr si los afectados por la injusta distribución del presupuesto nos ponemos manos a la obra, nos reconocemos, nos organizamos y luchamos al unísono por lograr el verdadero desarrollo social que tanto anhelamos.
Necesitamos dejar de ser espectadores ante la repartición, a modo, del dinero de los mexicanos; necesitamos alzar la voz y exigir que se destine a lo urgente en este país.
Hay países, como China, que han logrado tal hazaña; nos deben impulsar sus logros, pero, sobre todo, la comprobación real de que lo que planteamos se puede lograr en la patria de Hidalgo.
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