En el corazón de los problemas que aquejan a México se encuentra una verdad incómoda: la injusta distribución de la riqueza.
Este fenómeno, que genera desigualdad, exclusión y precariedad, se manifiesta de forma alarmante en todos los estados de la república, y Querétaro no está exento. El crecimiento económico coexiste con profundas disparidades sociales.
El 10 % más rico del país posee el 58 % de los recursos, mientras que el 50 % más pobre apenas accede al 10 %.
México es uno de los países más desiguales de América Latina. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022, el 43.5 % de la población vivía en situación de pobreza. A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido a lo largo de las décadas, este crecimiento no se traduce en beneficios para todos.
El problema es evidente al analizar la concentración de la riqueza: el 10 % más rico del país posee el 58 % de los recursos, mientras que el 50 % más pobre apenas accede al 10 %.
Esto significa que la riqueza generada por millones de trabajadores termina acumulándose en manos de unos cuantos, perpetuando un ciclo de desigualdad que afecta la educación, la salud y la seguridad de las familias mexicanas.
Querétaro es un estado que ha experimentado un crecimiento económico impresionante en los últimos años. Sin embargo, este desarrollo no se refleja en la calidad de vida de toda su población.
De acuerdo con el Inegi, en 2023, Querétaro fue una de las entidades con mayor ingreso promedio mensual por hogar, alcanzando los 21 mil pesos.
Sin embargo, esta cifra oculta una dura realidad: zonas como La Negreta, Charco Blanco y Cerrito Colorado enfrentan altos índices de pobreza y marginación.
El 24 % de la población de Querétaro vive en pobreza moderada, mientras que el 7 % enfrenta pobreza extrema, según datos del propio gobierno del estado. Estas cifras, aunque inferiores al promedio nacional, muestran que el desarrollo económico está concentrado en ciertos sectores, mientras que las comunidades marginadas quedan relegadas a condiciones de vida precarias.
La distribución inequitativa de la riqueza no sólo genera pobreza, sino que alimenta problemas como la inseguridad, el rezago educativo y la falta de acceso a servicios de salud. En Querétaro, el crecimiento desordenado ha provocado que colonias marginadas enfrenten carencias de infraestructura básica, lo que a su vez perpetúa la exclusión social.
Además, la desigualdad tiene un impacto directo en la cohesión social. En una sociedad donde unos pocos acumulan recursos mientras muchos carecen de lo básico, se genera resentimiento y desconfianza. Esto no sólo fractura el tejido social, sino que debilita la democracia, pues las personas marginadas suelen quedar fuera de las decisiones que afectan sus vidas.
Combatir la injusta distribución de la riqueza requiere un cambio estructural en las políticas públicas. Es necesario priorizar la inversión en educación, salud y vivienda para las comunidades más vulnerables.
Asimismo, es fundamental implementar una política fiscal progresiva que reduzca la brecha entre ricos y pobres. En México, los impuestos a las grandes fortunas y empresas deben ser justos y efectivos para redistribuir los recursos y financiar programas sociales de impacto.
La injusta distribución de la riqueza no es sólo un problema económico, sino una cuestión ética y social que define el rumbo de una nación.
En México y Querétaro, esta desigualdad es el motor de los males que aquejan a la sociedad. Cambiar este panorama exige voluntad política y un compromiso colectivo para construir un país donde la prosperidad sea un derecho y no un privilegio de unos pocos, y Antorcha está lista para enfrentar estos retos.
Sólo así será posible sanar las heridas que la desigualdad ha dejado en nuestra sociedad y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo.
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