La presentación del Paquete Económico 2026 ante el Congreso de la Unión suele verse como un trámite técnico, una serie de documentos complejos que sólo interesan a economistas y funcionarios. Sin embargo, detrás de las frías cifras y las proyecciones macroeconómicas, se esconde el rumbo que tomará el país y el costo que deberán asumir los ciudadanos.
El primer paquete totalmente elaborado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo confirma una tendencia, sino que consolida una peligrosa deriva: la de un México encadenado a una deuda pública creciente y un federalismo financieramente asfixiado.
Mientras el gobierno central asume esta monumental deuda, ejecuta un silencioso pero eficaz estrangulamiento financiero de los estados.
Comencemos por la deuda, porque sus números son tan abultados que se vuelven abstractos. Para 2026, se prevé que el endeudamiento del gobierno federal alcance la astronómica cifra de 20.3 billones de pesos, equivalente al 52.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Es la mitad de la economía mexicana y un máximo histórico en 35 años.
Para dimensionarlo en términos concretos y humanamente comprensibles, este endeudamiento se traduce en una carga de 151 mil pesos por cada mexicano. Y lo que es más grave: esta carga no deja de crecer. Entre 2024 y 2026, la deuda por persona habrá aumentado un 5.1 % en términos reales, es decir, 7 mil pesos adicionales por habitante en sólo dos años.
El ritmo es tan acelerado que el gobierno contratará deuda a un ritmo de 4 mil 349 millones de pesos… por día. Una cifra que, para ponerla en perspectiva, equivale a comprar diariamente más de 2 mil casas de 2 millones de pesos cada una. Este compromiso financiero, heredado y ampliado, se ha convertido en una losa que frena cualquier posibilidad de desarrollo.
De 2019 a 2026, el crecimiento económico promedio será de un raquítico 1 %, a pesar de un gasto acumulado de 67 billones de pesos en ocho años. Un crecimiento muy por debajo del mínimo requerido del 4 % para generar el bienestar que la población demanda.
El costo de oportunidad de esta deuda es, quizás, su aspecto más cruel. El pago de intereses, un gasto ineludible, representará el 4.1 % del PIB en 2026. Esta magnitud supera, individualmente, lo que se destinará a salud (2.6 %), educación (3.3 %) e inversión física (2.5 %). Cada peso que se destina a pagar los intereses de una deuda que no para de crecer es un peso que se le niega a un hospital, a una escuela, a medicamentos o a un proyecto de infraestructura que mejore la calidad de vida.
En un país con 71 millones de personas sin seguridad social, un déficit de 8.5 millones de viviendas y 35 millones de ciudadanos con escasez extrema de agua, esta elección presupuestal es, sencillamente, dramática.
Mientras el gobierno central asume esta monumental deuda, ejecuta un silencioso pero eficaz estrangulamiento financiero de los estados. El gasto federalizado, los recursos que la Federación transfiere a las entidades, permanece estancado desde hace una década.
El monto proyectado para 2026 es, en términos reales, 1 % inferior al máximo histórico de 2015. Al considerar el crecimiento poblacional, la situación es aún más grave: el gasto por habitante para 2026 será de 20 mil 912 pesos, casi 2 mil 300 pesos menos que en 2015, una caída del 9.9 % por ciudadano.
Este no es un problema de austeridad, sino de centralización del poder. El gasto federalizado ha ido perdiendo peso relativo dentro del presupuesto total, pasando de representar el 33.8 % en 2015 a sólo el 27.8 % en 2026, su nivel más bajo registrado. Se priorizan así otros rubros, como los programas centralizados o el propio pago de intereses de la deuda, en detrimento de la capacidad de los estados para funcionar.
Para la mayoría de las entidades federativas, las consecuencias son tangibles. Se limita la capacidad de coordinación con los municipios y se reduce el margen para invertir en seguridad, infraestructura social, educación y salud. Los municipios se ven forzados a hacer más con menos, comprometiendo servicios básicos como el alumbrado, el drenaje o la protección civil.
Esta centralización contradice el principio fundamental del federalismo: que los gobiernos locales, por su cercanía con la ciudadanía, son los que mejor pueden gestionar el gasto para atender las demandas específicas de su población.
El Paquete Económico 2026 pinta un panorama sombrío, por un lado, hipoteca el futuro de varias generaciones con una deuda que crece a un ritmo insostenible y que consume recursos vitales para el desarrollo. Por el otro, debilita la estructura federal del país, concentrando el poder y los recursos en el gobierno central, lo que ahoga a los estados y profundiza las desigualdades regionales.
No se trata sólo de números en un balance; se trata de un modelo de gobierno que privilegia la centralización y el endeudamiento sobre la inversión productiva y el fortalecimiento de la democracia local.
Exigir un cambio de rumbo no es una simple demanda presupuestal; es una condición indispensable para evitar que el lastre de la deuda y el federalismo ahogado definan el futuro de México.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario