En el primer informe de gobierno que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado 1 de septiembre, expone avances en materia económica que merecen un análisis riguroso. Más allá de las narrativas oficiales, si bien se reconocen esfuerzos en ciertas áreas, persisten contradicciones fundamentales que no pueden ignorarse y que se deben analizar.
La afirmación de que México es el segundo país con menor desigualdad en América Latina carece de sustento verificable, pues no existen datos oficiales que confirmen que la brecha entre ricos y pobres se redujo.
De acuerdo con el Inegi, la economía creció 1.2 % anual en el segundo trimestre de 2025, superando expectativas, pero manteniéndose en un nivel insuficiente para transformar las condiciones de vida de las mayorías. Por su parte, en el rubro de los empleos formales hay un récord con 23.59 millones de trabajadores registrados, pero enmascara una realidad preocupante, porque gran parte de estos “nuevos empleos” corresponde a la formalización de trabajadores de plataformas digitales, no a la generación de empleos dignos con seguridad social plena.
Ahora bien, el aumento del salario mínimo es innegable, con un incremento del 12 % en 2025 que continúa una tendencia alcista iniciada en 2018; pero debemos ser más realistas: este avance no compensa décadas de abandono salarial y no es suficiente para cubrir los gastos básicos. Hay familias enteras que la tienen difícil y que cuentan con dos o más empleos porque no les alcanza.
La afirmación de que México es el segundo país con menor desigualdad en América Latina carece de sustento verificable, pues no existen datos oficiales que confirmen que la brecha entre ricos y pobres se redujo.
En materia de reformas sociales, las promesas distan de la realidad: el Fondo de Pensiones para el Bienestar no garantiza jubilaciones al 100 % para todos los trabajadores, sino que se limita a mejorar tasas de reemplazo para sectores de bajos ingresos.
La reducción de la jornada laboral a 40 horas aún no se implementa y, si lo analizamos bien, reducir las horas no significa que el ingreso alcance; además, la reforma sigue estancada en discusiones legislativas, sin implementación concreta.
El Paquete contra la Inflación y la Carestía presenta discrepancias significativas en sus reportes de resultados. El gobierno asegura una reducción del 29.7 % en el precio de la canasta básica desde 2022, pero la Profeco reporta una disminución real de apenas 3.8 % desde finales de 2024.
Si seguimos analizando otros rubros como la inseguridad, los servicios sociales y la disminución de la pobreza, etcétera, podemos darnos cuenta de que México no está bien. Estas contradicciones revelan una tendencia preocupante: el envanecimiento de logros que distorsiona la percepción real del progreso económico, y esto no es nuevo; sólo se está replicando lo de sexenios pasados y no son autocríticos de lo que pasa en el país.
La verdadera transformación requiere más que programas asistenciales y discursos optimistas; exige un cambio estructural que priorice la justicia económica, la transparencia en el manejo de datos y la inversión real en proyectos productivos que beneficien a las comunidades históricamente marginadas.
La lucha contra la pobreza no se gana con cifras manipuladas o promesas incumplidas, sino con hechos concretos que modifiquen las condiciones estructurales de desigualdad; sólo mediante un auténtico compromiso con la justicia social podremos construir un país donde el crecimiento económico sea verdaderamente compartido por todos.
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