El pasado miércoles 10 de abril algunos medios informativos anunciaron que Puebla encaja entre los 9 estados más pacíficos del país de acuerdo con el último índice de Paz México 2019 (IPM) publicado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), sin embargo, la mayoría de análisis estadísticos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos públicos y privados dan cuenta del incremento de la violencia e inseguridad en México, misma que ha ido en aumento alarmante desde el 2017.
Luego de que Puebla fuera considerado uno de los estados más seguros, hoy pasa a formar parte de aquellos con más problemas de violencia y delincuencia en el país: en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), perteneciente al INEGI, 9 de cada 10 ciudadanos dijeron sentirse poco seguros en la capital del estado.
Y hay que recordar que tan solo en las pasadas elecciones fueron registrados nueve asesinatos de quienes contendían para algún cargo público, con lo que Puebla se sumó al conteo de 133 asesinatos de este tipo a nivel nacional. Sumado a este problema, en el estado se ha desatado un clima de terror, pues homicidios, feminicidios, asaltos, la existencia de grupos dedicados al robo de combustible (huachicoleros), trenes y vehículos ha rebasado a las fuerzas públicas.
Aún así, parece ser que al gobierno interino no le interesa resolver esta problemática sino reemplazar a la gobernadora, víctima de un fallo aéreo que la hizo perder la vida en vísperas de navidad el año pasado, por lo que despliega sus fuerzas en las campañas extraordinarias y en el servicio de particulares.
Y así es como el pasado martes 8 de abril nos abrió la mañana la noticia en redes sociales sobre el desalojo de unos supuestos "paracaidistas" que, con un centenar de granaderos y elementos de la policía municipal apersonados en la 4 Oriente entre 2 y 4 Norte, de la junta auxiliar La Libertad, sacaron con lujo de violencia a dos familias, echando sus pertenencias a dos camiones de mudanzas y poniendo en marcha la maquinaria que derrumbó las viviendas.
Así, familiares y vecinos acudieron al encuentro y auxilio de los despojados, también se presentaron al lugar integrantes del Movimiento Antorchista, a quienes, desde hace varios meses, habían acudido las familias para solicitar apoyo y orientación legal, pues ni eran paracaidistas ni había órdenes previas de desalojo, pero sí múltiples amenazas.
Durante el altercado, alrededor de cinco personas fueron golpeadas de manera brutal, entre ellos un menor de edad y un periodista, además Julio César Medrano, vecino de las familias, fue detenido de manera injusta al tratar de evitar que las pertenencias fueran llevadas por las mudanzas, una de las cuales no se sabe el paradero.
Ahora bien, es importante precisar ¿quiénes eran estas dos familias?, ¿a qué se debió la exorbitante cantidad policiaca?, las respuestas son sencillas, eran dos familias humildes que han vivido allí durante tres décadas pagando su respectiva renta, las señoras, mayores de edad, notificaron que en varias ocasiones habían acudido supuestos dueños a amenazarlas para que abandonaran el lugar, probablemente con fines de revender los terrenos, pero sin presentar documentos u órdenes de desalojo, esto después de que el legítimo dueño falleciera.
Las fuerzas policiacas, por otra parte, responden a un acuerdo económico, al servicio de alguien que tiene los recursos suficientes para deshacerse de familias humildes con un chasquido de dedos, siempre para un beneficio personal. Pues nada justifica la enorme masa para echar a la calle a dos familias pequeñas.
¡Es increíble que cien granaderos desalojaran a 2 familias mientras en las calles corren libres asaltantes y asesinos!
Iniciaba yo mi escrito explicando los incrementos de violencia y delincuencia en el estado y las falsas notas de un mejoramiento social en esta área, está claro que el gobierno no vela por los intereses de sus ciudadanos y tampoco busca soluciones para ellos.
Diariamente vemos y oímos cientos de denuncias en redes sociales y medios que abren espacio a las víctimas, para que sus demandas no mueran en el archivo muerto de las autoridades. Hemos visto también a centenares de personas manifestarse ante las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, echadas a la calle bajo el argumento de "no hay presupuesto", o el nuevo de: "estamos en periodo de elecciones".
En febrero de este año, se realizó una reunión nacional con los secretarios ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública 2019, su finalidad, repartir 11 mil millones de pesos para tareas de seguridad en la nación. ¿No hay dinero?, más bien no hay un plan real para combatir este problema de manera contundente.
Ahora bien, ¿qué va a pasar con estas familias echadas a la calle, sin pertenencias, sin vivienda y con la delincuencia en números rojos? En México, el artículo 4 constitucional prevé el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pero a éstas de La Libertad solo les queda buscar y trabajar en la reconstrucción de un nuevo patrimonio, pedir uno que otro préstamo y rentar un departamentillo, porque ni al gobierno del estado, mucho menos la Secretaría de Seguridad, les interesa el bienestar de la ciudadanía.
¿Los pobres primero? Aquí en donde la pobreza azota a las grandes mayorías que se ven en la incapacidad de comprar un terreno y construir una casa, que la pierden cuando no la pueden pagar, de la que son despojados por gente con intereses económicos y con el poder para echarlos, aquí donde se lucra con las necesidades del pueblo, aquí donde el rezago en la vivienda popular aumenta a pasos de gigante, aquí esa premisa no se cumple, los pobres no van primero, van debajo de los que pueden pagar su seguridad y servirse de la fuerza de trabajo de esos pobres.
Este es un llamado más a las autoridades elegidas por el pueblo bajo la promesa de un verdadero bienestar, aquí es donde se marca la diferencia, haciendo lo prometido, entonces solución a las demandas. Nada más.
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