Movimiento Antorchista Nacional
La organización de los pobres de México

Reportajes Especiales

ESPECIAL | Barbosa purga de pobres el transporte público en Puebla II/II
Por Minerva Flores, Edna Hernández, Donato Márquez, Fernanda González y Rocío Hernández • 15 Septiembre 2020
Estados / Distrito Federal


Los mandamases en el transporte conurbado

En los municipios conurbados de la capital poblana también opera la estructura pulpo en los servicios de transporte público.

En Tehuacán, la segunda ciudad más importante de Puebla, el transporte público está monopolizado por la Asociación del Transporte Organizado de Tehuacán que preside Santiago Mendoza Tierra con más de 700 unidades de transporte y, como él mismo ha reconocido, 500 no cumplen mecanismos de seguridad.

Mendoza Tierra es conocido como “compadre de Barbosa”. Ha sido denunciado por organizaciones y por concesionarios como Miguel Ángel Ponche de la Fuente por sus intenciones de controlar las concesiones. En 2009 fue denunciado en la prensa local y estatal por la pretensión de ampliar sus rutas de transporte en la región.

La ruta que circula la zona de Izúcar de Matamoros y Atlixco a Puebla sobre la autopista Atlixcáyotl –la avenida más importante de la ciudad de Puebla– y una de las principales vías de acceso a Cholula, atraviesa toda la parte este del municipio hasta conectar con Atlixco. Tiene una longitud de 30 kilómetros y posee un amplia densidad circulatoria, pues une con la autopista Siglo XXI y enlaza las ciudades de Atlixco y Cuernavaca. Es operada por Héctor Castillo Flores con cerca de mil unidades de transporte bajo su mando.

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Dagoberto Hernández Escorza es dueño de la empresa Puebla-Cholula y Anexas y maneja la ruta de camiones conocidos como Directos.

La familia Cordero Arroyo en Zacatlán y la familia González Becerra en Teziutlán controlan el transporte en esas regiones de la entidad poblana, cuya influencia y negocios en el transporte público poblano permanecen intactas con la reforma de Barbosa.

Mientras la RUTA atraviesa la ciudad de Puebla, los concesionarios unitarios que antes pululaban por la ciudad hoy sólo la abastecen; pocos aún circulan dentro de su territorio, pero sólo mediante su autorización.

Los “piratas” de Barbosa

Javier León Bustos, actual delegado de la Ruta 25-Nueva visión, posee la concesión de una camioneta Urban para transporte de pasajeros. De su trabajo dependen directamente su esposa y sus dos hijos. Por 22 años se ha dedicado a transportar a gente. Domina su giro e incursionar en uno nuevo sería la muerte para él y los suyos –asegura–.

La Ruta 25 es una de las más longevas en la ciudad de Puebla, cuenta con su documentación en regla y ha crecido al ritmo que demanda el populoso sur de la capital poblana. No obstante, desde hace dos años, 34 de sus 140 integrantes reunieron toda la documentación requerida y realizaron el obligado “pago de derecho” para que la Secretaría de Movilidad les abriera el trámite para obtener una concesión. Hasta el momento “la Secretaría no ha querido dar el siguiente paso. Nos tiene atorados ahí”.

Hoy, miles de choferes que dependen únicamente de esta actividad en centenas de rutas en la entidad, son catalogados por la autoridad como “piratas” por no tener tarjetón y placas que la SMTP se ha negado a expedirles.

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El golpe bajo del gobernador

No obstante, algunas rutas pequeñas sobreviven, sus dueños apenas poseen una o dos concesiones de las que viven y sobreviven sus familias. Otros más sin concesión, pero autorizados por la SMTP, ya prestaban el servicio y sólo esperaban que esta dependencia les liberara el tarjetón y las placas para hacerlo de forma legal. Hace unos meses, la decisión mayoritaria de los diputados locales del partido Morena cambió la vida y el destino de los nuevos “piratas”.

Los transportistas que tienen una concesión o desean obtener una, apenas subsisten de este giro económico.

La vida de León Bustos y sus compañeros corre peligro. Cuando el Gobierno empiece a aplicar la ley que recientemente modificó le “quitaría cabronamente la estabilidad económica y emocional. No somos ricos. Realmente una concesión no es como tal un negocio, vamos viviendo al día”, comparte el delegado. A sus necesidades diarias y a las de su familia se suman las necesidades de un vehículo que día con día se devalúa: las mensualidades de la unidad, su mantenimiento: afinaciones, cambio de asientos, llantas, aceites, verificaciones, entre otras; si no los cumplen, la hipoteca de sus casas ha sido dada en garantía. O pagan o les quitarán su único patrimonio.

Si las familias de la Ruta 25 se paralizan los usuarios habituales de este servicio también se verán afectados. Si las 34 unidades dejan de dar servicio en un día, ello equivaldría a que durante tres de las seis vueltas que suelen dar en promedio por unidad al día 680 personas se quedarían varadas o tendrían que demorar más en tomar una unidad para que las transporte a su destino. Asimismo, los checadores de la ruta perderían su trabajo y, a su vez, las familias de éstos. Pero esta situación no sólo es de la Ruta 25, sino de otros cientos más de permisionarios a lo largo y ancho del estado que dan servicios los 365 días del año. Miles de operadores afectarían la rutina de otros miles de poblanos pobres que necesitan del transporte público para ir a su trabajo y ganarse la vida.

La Ruta 25 es una de las pioneras del transporte público en Puebla. Es conocida porque sus integrantes tienen más de 30 años militando en la agrupación política Movimiento Antorchista y con el paso de los años cada día más transportistas se adhieren a la organización que expresó su deseo de constituirse en partido y una vez cumplidos todos los requisitos del Instituto Estatal Electoral les fue negado ante la intervención del gobernador de Puebla Miguel Barbosa, quien el 19 de febrero amenazó a los antorchistas: “no crean ustedes que las amenazas de Aquiles Córdova (dirigente nacional de Antorcha) o de alguien más me preocupan. No, no, no… Se equivocan; que revisen qué han hecho, cuántos taxis piratas tienen, cuántos corralones piratas hay, todo, todo…”.

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El 12 de marzo, la iniciativa barbosista con dedicatoria a los antorchistas entró en vigor. Mientras tanto los 34 transportistas de la Ruta 25 esperan a que la Secretaría les abra el trámite que esperan desde hace dos años, contrario a la atención que recibieron los concesionarios de la RUTA y de los grandes derroteros de la capital y municipios conurbados.

–¿Por qué aseguran que la ley del gobernador iba dirigida a ustedes?, se le pregunta a Javier Bustos.

–El ataque va dirigido al Movimiento Antorchista. Nos quiere amedrentar y decir quién tiene el poder. Nosotros no somos la única ruta con ese problema, pero él directamente señala que se tiene que acabar con eso en Antorcha (en las grúas, en el transporte y en todo lo que tenga que ver con la organización). Le pegan a la organización para que los demás vean que no es nada más a nosotros, sino que sirvamos de ejemplo. Pero, en realidad, le está pegando a la gente que tenemos menos recursos.

–¿Le tienen miedo a las acciones del gobernador?

–En cierta forma sí, nos preocupa porque ellos modifican la ley a su antojo. Es realmente preocupante.

León Bustos, en nombre de los transportistas antorchistas y no antorchistas que se han sumado a esa organización social en defensa de su fuente de trabajo, confiesa que lo único que les interesa es que el Gobierno libere sus trámites para que no sean “piratas”. El dilema es claro: “si el gobierno no nos regulariza, ¿cómo pretende que seamos regulares? Él tiene la respuesta”.

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La traición de Morena

Nibardo Hernández Sánchez, diputado de Acatlán de Osorio, Puebla opositor a esta ley del gobernador. En su intervención ante el Congreso local manifestó: “los diputados de Morena están legislando en contra de los pobres que les brindaron su voto y su confianza para llegar al poder. Con esta nueva ley, el gobernador Barbosa Huerta deja en evidencia que su gobierno no está defendiendo los intereses de los poblanos trabajadores; por el contrario, los ha hecho más pobres al convertirlos en “piratas” y dejarlos sin su única fuente de trabajo”.

Atrás quedaron las arengas de campaña del gobernador morenista donde prometía que en su administración los pobres serían los primeros en ser atendidos; hoy son los primeros en ser criminalizados.

Los transportistas unitarios no esperan el milagro de que la ley que hoy los condena sea derogada. Insisten en que el Gobierno haga su parte porque ellos ya hicieron la suya. Pero en Puebla, la cabeza del pulpo camionero manda, el congreso asienta y el dedo del gobernador señala.

Los transportistas adivinan el deseo de Barbosa: “pretende monopolizar completamente el transporte, erradicarnos. Es más fácil quitarle al que sólo tiene una concesión y que no le dejamos prácticamente ningún dinero, que al que tiene 20, 50 conseciones o el metrobús, que le van a dejar millones de pesos durante años”, sentencia Javier Bustos, quien junto con su grupo se ha visto fuertemente perjudicado durante la contingencia por el coronavirus y se resiste a dejar de trabajar: “si paramos qué vamos a comer”.

 


 

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