La pobreza avanza: cada vez es más difícil comprar lo necesario porque mientras todo sube, el salario sigue prácticamente igual.
Muchas veces hemos escuchado que, si queremos abatir la pobreza, es necesario impulsar la educación porque esta es un motor del desarrollo de los pueblos. No obstante, como si se tratara de un círculo vicioso los pobres no podemos dejar de ser pobres porque no estamos preparados, pero tampoco podemos prepararnos porque somos pobres.
El abandono escolar es un fenómeno complejo y ha aumentado escandalosamente en el periodo de la pandemia, no obstante, es un problema anterior a la covid-19 y suele correlacionarse con el bajo nivel económico. El nivel medio superior es donde más se presenta esta problemática: según la Encuesta Nacional de la Deserción Escolar del Nivel Medio Superior en 2018 el 49.7 por ciento de los estudiantes dejaron la escuela por falta de recursos económicos para comprar útiles escolares, pagar pasajes e inscripciones. En las zonas rurales se agudiza aún más, pues, ante la difícil situación económica y la amplitud de las familias, la prioridad no es el estudio, sino conseguir recursos suficientes para subsistir. Este problema no sólo preocupa a los jóvenes sino también a los más pequeños. Según el Consejo Estatal de Población (COESPO) en Yucatán el 10 por ciento de los niños son económicamente activos, es decir, 50 mil niños se ven en la necesidad de trabajar para apoyar en los gastos del hogar.
Ante este escenario, el albergue cultural y estudiantil “Ermilo Abreu Gómez” se propone combatir esta problemática y crear condiciones para que jóvenes de escasos recursos, especialmente de comunidades alejadas de la capital, puedan terminar sus estudios. Sin embargo, en los cuatro años que tiene de existencia, su proyecto se ha visto desamparado: los gastos en servicios y alimentación son grandes pues no cuenta con ningún tipo de patrocinio.
Además, se ha encontrado con una indiferencia silenciosa en todos los niveles de gobierno, donde gestión tras gestión se encuentra con la misma respuesta: no hay recursos. Es por ello que los jóvenes estudiantes y maestros nos hemos dado a la tarea de impulsar las actividades económicas para el sostenimiento del albergue: rifas, vendimias y la colecta pública. Especialmente la última actividad ha sido motivo de difusión y orgullo en algunos medios de comunicación, pues los jóvenes realizan pequeñas presentaciones de jarana yucateca en los principales cruceros de Mérida.
Esto es muestra del trabajo cultural de nuestro albergue y resultado del trabajo colectivo de muchos años. Pero en días recientes los moradores del albergue se han visto insistentemente acosados por la policía estatal con el argumento de que hubo un cambio en el código de tránsito que prohíbe cualquier tipo de mendicidad, espectáculos, malabarismos e, incluso, vendedores en los semáforos.
¿Qué alternativa les dejan a estos jóvenes para completar sus gastos escolares y de alimentación? ¿Acaso el gobierno del estado piensa en dar algún tipo de apoyo para compensar el impacto de esta prohibición?
Porque esta medida no sólo afecta a los moradores del albergue. Si bien Yucatán puede presumir de ser una de las entidades con menor tasa de desocupación, es necesario recalcar que del 98 por ciento de población con empleo, el 61 por ciento se encuentra en el sector informal. Es cierto que la tasa de desocupación bajó respecto al año pasado, pero esto se debe a la apertura en el sector de los servicios y turismo que se había pausado por la pandemia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el primer trimestre de este año en Yucatán aumentó en 18 mil el empleo formal; mientras que en el sector informal fue en 70 mil.
Según el INEGI la población informal es “la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y/o cuyo vínculo o dependencia laboral no le da acceso a la seguridad social o no es reconocido por su fuente de trabajo”.
En otras palabras, son aquellas que viven al día, pues si no trabajan no comen; que carecen de acceso a los derechos laborales como el seguro social y las prestaciones. En estas estadísticas se encuentran los vendedores de los semáforos, los malabaristas, los mal llamados mendigos.
Los moradores del albergue estudiantil hemos convivido con ellos durante estos años y sabemos que, como nosotros, sólo buscan una forma de sobrevivir en esta sociedad donde las oportunidades para obtener un empleo bien remunerado son restringidas; y donde el empleo informal se cuenta como empleo para las estadísticas del gobierno, pero no cuando se trata de derechos laborales.
Con esta prohibición el Gobierno del estado demuestra que no piensa en solucionar los problemas de los yucatecos humildes, sino que busca seguir ocultando la pobreza de los ojos de los turistas. Esta situación cada vez es más insostenible: se siguen cerrando las puertas al pueblo pobre, aumenta la pobreza y, con ella, la injusticia; pero no hay mal que dure cien años y el combativo pueblo mexicano no aguantará mucho tiempo antes de alzar su voz. Es por eso que nos unimos al llamado del movimiento antorchista nacional y llamamos a la unidad y la organización, porque un México mejor es posible.
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