La actual pandemia dejó al descubierto los graves rezagos que en materia de educación han existido y se han agravado, como siempre, en detrimento de los sectores más vulnerables del estado de Guerrero, es el caso de maestros indígenas aglutinados en la Unión de Colegios de Bachilleres Incorporados, que exigen ante el Congreso del Estado la autorización de un techo financiero para el funcionamiento de 14 planteles ubicados en comunidades marginadas de los municipios de Tlapa de Comonfort, San Miguel Totolapan, Metlatónoc, Copanatoyac, Tlapehuala y José Azueta, que atienden a mil 300 estudiantes.
Los planteles, ubicados en su mayoría en zonas indígenas de alta marginación y pobreza, y construidos en muchos casos por los propios padres de familia, no reciben ningún presupuesto desde hace 15 años y venían funcionando con la cooperación de padres de familia que quieren la superación académica de sus hijos, sin embargo, con la pandemia del coronavirus, muchos padres de familia se quedaron sin empleo y por tanto, dejaron de cooperar en los planteles atendidos por más de 150 maestros, que tienen 15 años trabajando sin derecho a aguinaldo, a prima vacacional, a la salud, ya que no han sido contratados como docentes.
Las Preparatorias populares ya cuentan con una partida autorizada por el Congreso del Estado por un monto de 60 millones de pesos, se trata de un subsistema distinto de educación media superior, por lo que, consideran los docentes indígenas y mestizos, también existen elementos favorables para que el Congreso del Estado y la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, propongan un techo financiero para los 14 planteles.
Son más de 150 maestros de 14 planteles de bachillerato por cooperación, que están ganando entre 1200 y 4000 mil pesos mensuales, pero tienen un gasto diario aproximado de 110 pesos, insuficiente salario que se traduce en una deficiente educación y altos índices de deserción escolar, en los bachilleratos ubicados en San Lucas Tocuitlapa, municipio de Atlixtac, con habitantes me´phaá; San Miguel Totolapan, nahua; Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, mixtecos; Tlaquilzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort, nahua; Tonalá, afromexicanos; Pochahuizco, municipio de Zitlala, con habitantes nahuas y planteles mestizos del municipio de Zihuatanejo.
Recientemente, los docentes respaldados por padres de familia, protestaron en la capital del estado, Chilpancingo, para exigir al Congreso del Estado la aprobación de un techo financiero. Además, durante la visita que realizó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador por municipios de La Montaña, en el mes de octubre pasado, maestros y padres de familia lo abordaron y entregaron un documento en el que relatan la problemática. De manera concreta, la propuesta que hicieron es que las 14 escuelas por cooperación sean reconocidas por la Secretaría de Educación, con el fin de que se les asigne una clave y por consecuencia un techo financiero, salarios a los docentes y construcción de planteles, que están en muy malas condiciones.
Posteriormente se reunieron con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña y ante la falta de respuestas concretas a sus exigencias, decidieron trasladarse a Chilpancingo para solicitar el respaldo de los diputados y que las 14 escuelas puedan seguir funcionando, ya que son la única opción educativa de jóvenes que con muchos esfuerzos concluyen su secundaria.
El apoyo oficial ayudaría también a frenar los altos índices de deserción escolar y evitar que los jóvenes prefieran irse a trabajar a Estados Unidos o a los campos agrícolas de estados del norte de México.
En días pasados, el tema de matrimonios forzados o venta de niñas indígenas en La Montaña se difundió a nivel nacional e internacional, después de que una jovencita de 15 años, Angélica, fuera encarcelada durante 11 días junto con sus tres hermanas menores de edad, por negarse a tener relaciones sexuales con su suegro, quien la compró para casarse con su hijo, también de 15 años, que tuvo que irse a Estados Unidos para pagar la deuda. La gobernadora Evelyn Cecia Salgado aseguró que su gobierno erradicará esta práctica “y si en verdad quiere erradicar la venta de niñas o los matrimonios forzados en zonas marginadas del estado, debe invertir en educación, salud y carreteras”, dijeron de manera tajante los maestros.
Esta práctica no terminará con la firma de decretos sino con acciones concretas de desarrollo de los pueblos marginados y la educación es un tema prioritario para lograr erradicar los matrimonios forzados y la venta de niñas indígenas, ya que, sin opciones de estudio, los adolescentes que terminen su primaria y/o secundaria, continuarán enfrascados en estos usos y costumbres: Matrimonios infantiles y venta de niñas, que terminarán realizando labores del hogar y del campo mientras los jovencitos, se verán en la necesidad de emigrar en busca de trabajo al vecino país, Estados Unidos, o a los campos agrícolas del norte de México.
En su búsqueda por oficializar este sistema educativo, maestros, padres de familia y estudiantes de los Colegios de Bachilleres por cooperación se reunieron nuevamente con los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Masedonio Mendoza Basurto, con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Guerrero y con el director de Planeación y Evaluación del Subsistema, en la Dirección General de Colegios de Bachilleres, para elaborar la propuesta de un techo financiero que les permita seguir llevando educación a jóvenes de los pueblos más marginados de Guerrero, donde los planteles del Colegio de Bachilleres por cooperación, se convierten en las únicas opciones educativas.
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