Aproximadamente a una hora de la capital jalisciense, Guadalajara, la tercera ciudad más importante del país, un escenario digno de las guerras más sangrientas de nuestra historia se estaba desatando.
Como si de Auschwitz se tratara, el pasado 8 de marzo un grupo de búsqueda ciudadana se dispuso a inspeccionar el “Rancho Izaguirre”, en el municipio de Teuchitlán. Alertados por fuentes no gubernamentales y con los instrumentos que tenían a la mano encontraron lo que todos han comparado con un campo de concentración nazi.
En los cerca de 5 mil metros cuadrados, se pudieron encontrar cientos de cartas, mochilas, ropa de todos los colores y tamaños, cobijas y hasta juguetes, todo rodeado de fosas con restos de cuerpos calcinados.
En los cerca de 5 mil metros cuadrados del predio, se pudieron encontrar cientos de cartas, mochilas, ropa de todos los colores y tamaños, cobijas y hasta juguetes, todo rodeado de fosas con restos de cuerpos humanos calcinados.
Este rancho, según lo que cuentan las investigaciones preliminares, funcionaba como campo de exterminio y adiestramiento para grupos criminales, donde se engañaba a las personas con falsas promesas de trabajo, se les recluía, clasificaba y torturaba. Este lugar de los horrores, fue encontrado por las autoridades desde septiembre del año pasado, pero no hubo ninguna acción para investigar o acordonar el área correctamente.
Mientras, el grupo civil que tomó el asunto en sus manos, se encuentra cuestionado por las autoridades, quienes, para desestimar la barbarie, quieren pasar como un “montaje” la situación. Todo esto no ocurre en el gobierno de la “guerra contra el narco”, de Felipe Calderon, o del corrupto y omiso Enrique Peña Nieto, sino en el segundo piso de la Cuarta Transformación, el gobierno “más humano”, de la historia de nuestro país.
A ya casi dos semanas de acontecido, las averiguaciones aún no son claras, el principal grupo criminal se ha deslindado, mientras que los grupos de madres buscadoras tratan de encontrar algún indicio de su ser querido entre las más de mil 300 prendas halladas y los 500 restos humanos que se han hecho públicos.
Sin embargo, ha destacado, sobre todo, la ineficiencia y descaro de las autoridades, tanto estatales —a cargo de Movimiento Ciudadano (MC)—, como federales, a cargo de Morena y la 4T, quienes sólo se han dedicado a buscar descargar la parte de responsabilidad que les corresponde.
Incluso, el morenista y presidente del Senado de la república, Gerardo Fernández Noroña desestimó los hechos, diciendo que “hay 200 zapatos ahí, sí. Pero, ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas; que lo que se viene contando es cierto?”.
Es decir, toda la investigación se basará en la defensa de la 4T y no en buscar a los verdaderos responsables de los hechos.
Sin embargo, contrario a lo que se quiere aparentar ahora, esto solo es un síntoma de algo más grave que lleva años ocurriendo en nuestro país —que no inició en los últimos años—, pero que se ha agravado con el pasar de los gobiernos morenistas y su estrategia de “abrazos, no balazos”, que han sumido aún más al país en la inseguridad, la violencia y el terror.
La organización Causa en Común recopila mensualmente actos violentos registrados en medios en un informe, donde se muestra que en 2024, no sólo no bajó la incidencia delictiva, sino que el grado de violencia con el que se cometen sigue en aumento constante.
“El pasado 16 de enero, Causa en Común presentó el informe en el cual se documentan las atrocidades cometidas entre enero y diciembre de 2024. Durante este periodo se contabilizaron 4 mil 1 notas periodísticas que reportan al menos 4 mil 708 atrocidades y un total de 8 mil 960 víctimas. Entre las atrocidades con mayor impacto destacan los asesinatos con tortura, con al menos mil 186 casos; la mutilación, descuartizamiento y destrucción de al menos 652 cadáveres; el asesinato de al menos 505 mujeres con crueldad extrema, y la comisión de 442 masacres” (Animal Político, 25 de enero de 2025).
A esto se agrega el factor electoral, que ocasionó más de 200 ataques contra funcionarios y 66 asesinatos a actores políticos.
México se encuentra en uno de los momentos más violentos de su historia. Según el organismo “Datos de ubicación y eventos de conflictos armados” (ACLED, por sus cifras en inglés), nuestra nación es la cuarta más violenta del mundo ahora mismo, sólo por detrás de países en guerra como Palestina, Birmania y Siria, siendo también el segundo país más peligroso para civiles.
Los mexicanos de a pie lo sabemos: el control total de Sinaloa, Guerrero por el crimen organizado, los ataques cada vez más elaborados y los más de 100 mil desaparecidos —reconocidos por cifras oficiales—, dan un claro indicio de la terrible situación en la que nos encontramos. No es por nada que más del 60 % de los mexicanos se sienta inseguro en el mismo lugar en que vive
Por eso es difícil creer que el caso Teuchitlán sea aislado, o algo hecho sin que la presidenta y su partido lo supieran. Es un síntoma crudo y duro de la situación de brutalidad que se tiene y del que actualmente no se le ve una salida clara.
Vivimos bajo un terror guinda, resultado de años de abandono institucional, de una pobreza estructural que afecta a gran parte de la población mexicana y de un vecino que se beneficia económicamente de los negocios de la guerra.
Sin embargo, aunque estas causas no son recientes, es clara la incapacidad del gobierno para enfrentarlas de manera efectiva. Es necesario un proyecto de nación popular que no ignore las vidas perdidas y que deje los abrazos por un combate real contra la violencia y sus causantes, además de atacar sus raíces estructurales. Sólo así evitaremos el camino cada vez más violento por el que nos lleva la 4T.
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