Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, es la comunidad indígena más grande de México con una población superior a los 27 mil comuneros y una extensión territorial de casi medio millón de hectáreas; cuenta con 39 anexos que a su vez están integrados por pequeños poblados.
Información de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal señala que la comunidad tiene en posesión una superficie territorial que asciende a 341 mil 783 hectáreas, aunque su superficie dotada es de 421 mil 139 hectáreas de acuerdo a su resolución presidencial. Parte del territorio que ocupa Santa María de Ocotán le fue restituido en 1936, durante el régimen cardenista, que, por resolución presidencial, le asignó 300 mil 140 hectáreas de una superficie total de 421 mil 139 reclamadas por los indígenas. Desde entonces, la comunidad está en litigio con otros pueblos por recuperar sus tierras.
La comunidad es gobernada por un presidente del Comisariado, Secretario, Tesorero y Consejo de Vigilancia que se renueva cada tres años en elecciones. Durante muchos años, fue gobernada por dirigentes emanados del grupo en el poder del estado, que se dedicaron a saquear en contubernio con grupos empresariales fuertes económicamente y se olvidaron de los conflictos agrarios.
En el año 2000, la comunidad sufrió una veda que le impuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por un período de 10 años, por la sobreexplotación del bosque y junto con ello, el encarcelamiento de su entonces presidente del Comisariado, Abundio Ramírez, por presuntos malos manejos de los recursos.
Y como siempre, comunidad tuvo que pagar los platos rotos, pues después de la veda, Santa María sufrió una fuerte quiebra y tuvo que entregar muchas propiedades muebles e inmuebles a causa del embargo que se le impuso, por lo que después del levantamiento de la veda, la gente prefirió no explotar el bosque y rechazó la elaboración de un estatuto comunal por miedo a que iniciara el proceso para la explotación forestal.
En el año 2016 llegó a la presidencia del Comisariado un grupo distinto al que venía dirigiendo la comunidad. Este grupo es emanado del Movimiento Antorchista y llegó a trabajar en serio para cambiar las cosas y tan es así que en tan solo tres años ganó un juicio para recuperar más de 500 hectáreas y apenas el 22 de enero, el actuario del Tribunal Agrario Unitario número uno, Raúl Rivas, ejecutó la sentencia ante la presencia de actual Comisariado de Bienes Comunales que encabeza Pablino Cumplido Reyes y cerca de 900 comuneros.
De acuerdo con lo que dio a conocer el representante indígena, se trata de la primera sentencia directa a favor de la comunidad, pues todos los juicios anteriores, llevados en otras administraciones, los había perdido la comunidad, por lo que fue necesaria la intervención de la COSOMER (Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural) para recuperar las tierras.
¿Qué nos deja esta experiencia? Que Antorcha es la única organización que trabaja en favor del pueblo, que lo hace con toda transparencia, honestidad y dedicación, y que, si se quiere trabajar en serio, las cosas se pueden lograr.
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