De acuerdo con el Artículo 4º de nuestra Constitución, todo mexicano tiene derecho a tener una vivienda digna para él y su familia, y según reza el artículo se considera como un derecho humano elemental, sin embargo, eso no es suficiente para que se haga realidad. Y el problema de la vivienda es cada día más grave, pues debido al flujo migratorio rural-urbano, más del 75 por ciento de los habitantes de nuestro país vive ya en las ciudades. Claro que no todos sus habitantes lo sufren. Quienes tienen dinero disponen de viviendas lujosas y cómodas, pero los pobres están condenados a vivir en zonas irregulares y de alto riesgo, hacinados, en casas de construcción precaria y sin los servicios públicos básicos. Esta situación se agrava cada año pues según datos del Inegi cada año se suman a esta lista 700 mil parejas más.
Pero ¿Cómo enfrenta el gobierno esta falta de vivienda? Hasta hace algunos años el gobierno presumía en su publicidad la construcción de un millón y medio de casas anuales y dibuja un país de gente feliz, llena de orgullo porque "ahora ya tengo un pie de casa". Pareciera que se estaba resolviendo el problema y que a este ritmo no pasaría mucho tiempo antes de que todos tuviéramos casa.
Pero la realidad es que, fue que eran puras apariencias, más propaganda de lo que en realidad se resolvía, sin embargo, ahora la situación es aún peor pues al actual gobierno (AMLO) no tiene dentro de sus proyectos prioritarios resolver el problema de la falta de vivienda, ni tampoco ayudar a mejorar las condiciones de las ya existentes, en resumen, no hay una política de promoción de vivienda popular digna. Y las pocas que se construyen por parte de las inmobiliarias con subsidio del gobierno no es más que un remedo de solución, pues se trata de casas minúsculas, verdaderas "pichoneras", como las llama la gente, en lotes de 60 metros cuadrados, con espacios construidos desde 30, 40 y 55 metros y cuyos precios oscilan alrededor de los 400 mil pesos. ¡Imagine usted una familia de cinco personas viviendo en este estrecho espacio! Y esto en el doceavo país con la economía más grande del mundo, con un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados.
En estas viviendas, la privacidad es un sueño, pues ahora en lugar de estar hacinadas en casas de renta o cuartos prestados, las familias lo están en "su casa propia" y no es difícil entender que la falta de espacio mínimo que todo ser humano necesita para vivir crea condiciones que propician tensiones, estrés y altos niveles de ruido, que hacen virtualmente imposible el descanso. No sorprende, entonces, que muchas familias que adquirieron esas viviendas de miniatura estén ahora arrendándolas para irse a rentar en otra parte.
Tampoco es de extrañar que muchas personas de escasos recursos hayan venido organizándose de manera independiente para enfrentar el problema, con resultados más exitosos, comprando terrenos para crear asentamientos legales; de esta forma, obtienen lotes de 120 metros cuadrados (el doble de los que ofrecen los programas que promueve el gobierno), y en los municipios que no son de la capital de los estados, los terrenos llegan medir entre 150 y 200 metros cuadrados.
Tal es el caso de la Colonia Buenos Aires en el Municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí, desde hace cuatro años un grupo de 450 familias se acercaron al Movimiento Antorchista para que les ayudara a resolver la regularización de sus predios, ellos compraron un terreno para su familia, lo pagaron con muchos sacrificios, tienen ya más de 25 años en posesión de los predios pero, por azares del destino en esa misma superficie la Secretaría de la Reforma Agraria entregó tierras a 33 supuestos ejidatarios (60 hectáreas) tierras que nunca sembraron, tierras que tampoco las habitaban y que gracias a papá gobierno de la noche a la mañana estos ejidatarios se convirtieron en vendedores de lotes para vivienda (nada que ver con el uso que les asignó la Reforma Agraria) y ahora se han vuelto ricos gracias a estas ventas, atropellando los derechos de nuestros compañeros y de otras familias.
Con el afán de resolver esta situación se buscó el apoyo del Gobernador del Estado a inicios de su gestión, el licenciado Juan Manuel Carreras López, él personalmente se comprometió a darle solución a este conflicto que lleva ya muchos años y en los que se han dado enfrentamientos muy graves, donde han resultado compañeros heridos, casas quemadas, desalojos violentos, detenidos, etc.
Se ha buscado el diálogo con los ejidatarios, se ha llegado a algunos acuerdos, pero a la hora de firmar se desdicen del compromiso. Ellos están empeñados, aferrados en sacar a los compañeros de sus terrenos. Ante esta situación el gobierno del estado propuso como alternativa un terreno alterno para resolver el conflicto, pero hay preocupación de los vallenses de la Buenos Aires de que todo este tiempo que ha pasado el licenciado Juan José Ortiz director actual de la PROMOTORA DEL ESTADO (institución encargada de dar certeza jurídica de los lotes) solo les ha estado dando manejo, y ahora que va a lanzarse como candidato a la presidencia municipal de Cd. Valles por el PRI, simplemente deje votado el asunto, tampoco queremos pensar que es directamente el licenciado Juan Manuel Carreras López quien no tiene palabra y simplemente dejó correr el tiempo. ¡Señor Gobernador le pedimos cumplimiento a su palabra empeñada! Los antorchistas de la Buenos Aires solicitamos su intervención.
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