El problema de la violencia y la inseguridad generalizadas en el país, sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos, pero es notoria la ausencia de estrategias tendientes a reducir este flagelo social. A más de tres años en el poder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene un plan claro para mejorar la seguridad, sigue cobijado en su absurdo eslogan de “abrazos, no balazos”, continúa repitiendo que sus programas de empleo, la entrega de recursos directos, becas y programas para becarios “están ayudando a reducir los problemas con el crimen y la delincuencia”; como sucede en todos los demás ámbitos, su dicho contrasta con la realidad, porque él siempre tiene otros datos.
Hoy más que antes, los ciudadanos se sienten más indefensos e inseguros. Sólo en el último trimestre de 2021, la percepción de inseguridad aumentó en 1.3 puntos porcentuales; al término del año, el 65.8% de la población de 18 años y más, percibe que vivir en su ciudad es inseguro, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. No podía ser de otro modo cuando uno de cada cuatro hogares ha sufrido robo y/o extorsión durante el último semestre. En el 9.8 por ciento de los hogares, al menos un integrante del hogar fue víctima de robo parcial de vehículo; 9.5 por ciento, sufrió robo o asalto en la calle o transporte público y 8.6 por ciento fue víctima de extorsión.
La ausencia de una política integral que ataque cada aspecto del fenómeno, ha provocado que algunas ciudades consideradas como seguras, dejen de serlo. Aunque la imagen de tranquilidad sea en muchos casos, producto del marketing que los gobernantes en turno utilizan para venderle a la gente la idea de vivir en un lugar privilegiado.
En Yucatán, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal ha fortalecido, más que sus predecesores, la idea de un “Estado seguro”, un eslogan que lleva a creer que se vive en la mejor parte del país porque la incidencia delictiva es menor comparada con otras ciudades como la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (EdoMex), donde la población percibe mayor inseguridad porque la criminalidad desbordante son el pan de cada día. En efecto, en tierra de ciegos, el tuerto es rey, reza el viejo refrán.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Yucatán, no respaldan el optimismo con que se mira el problema. Se dice que ya bajo la administración de Vila Dosal, la incidencia delictiva “pasó de menos 46.2 por ciento en 2018 a más de 25.1 por ciento en 2019, una variación de 71.3 puntos porcentuales, diametralmente opuesta a la media nacional, que en ese mismo año aumentó de 2.6 a 4 por ciento, una variación de 1.4 puntos porcentuales”.
La idea del “Estado seguro” se va difuminando una vez que se leen las estadísticas. En comparación al 2018, los delitos contra la libertad personal subieron 133.3 por ciento, el homicidio aumentó a 51.1 por ciento. “El robo a transeúnte aumentó 86.7 por ciento y el robo a casa habitación lo hizo en 16.9 por ciento, en sólo un año”. A esto hay que agregar que se calculan 333 mil 62 delitos sin denunciar, unas de las razones son atribuibles a las autoridades, ya que los ciudadanos consideran la denuncia como una pérdida de tiempo porque dudan de la capacidad de respuesta de los encargados de impartir justicia.
Aquí también las estrategias para frenar el fenómeno delincuencial son unilaterales. Se ha puesto especial énfasis en el fortalecimiento de los encargados de mantener el orden a cualquier costo porque lo prioritario es preservar el estatus de Estado limpio del crimen. “Yucatán ha sido catalogado como una de las entidades federativas más seguras del país en los últimos años. Sin embargo, detrás de esta aparente situación de seguridad, se encuentra oculta una práctica sistemática por parte de los cuerpos policiacos, sean ministeriales o preventivos, estatales o municipales: la comisión de actos brutales, crueles, inhumanos y degradantes, abusos policiacos de toda índole y casos que constituyen tortura”, sostiene el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.
Se da carta de naturalización a la prepotencia y la sevicia. Tal abuso de poder es el que sufren los moradores del Albergue Estudiantil “Ermilo Abreu Gómez”, un centro que brinda las facilidades para que jóvenes de escasos recursos continúen estudiando. Constantemente realizan su campaña económica bailando en distintos semáforos de Mérida, lo hacen porque el Gobernador le niega el auxilio a este novedoso proyecto educativo.
¿Qué delito puede haber en bailar la jarana yucateca, al son de “La Peregrina” y buscar así la solidaridad económica? Es claro que las razones no son de índole jurídico, simplemente la fuerza policíaca les prohíbe realizar sus campañas económicas y los amenaza debido a que dan una mala imagen, porque de lo que se trata es de proyectar la apariencia de una ciudad segura, libre de pobreza y necesidad.
Ni AMLO, ni Vila Dosal atacan de raíz el problema: la pobreza y la desigualdad social. Combatir la violencia e inseguridad sólo con cárceles y policías no basta, se debe trabajar en la creación de los satisfactores básicos. Declarar una guerra sin cuartel no a los pobres sino a la pobreza, con acciones como la creación de empleo para todos, pago de salarios bien remunerados, cambio de política fiscal y reorientación del gasto social hacia el pueblo.
Ese gasto social traducido en vivienda, escuelas, apoyos al campo, regularización de lotes, obras y servicios para sus comunidades, entre otras cosas, es lo que piden miles de antorchistas yucatecos desde hace tres años, sin que les resuelvan nada. La desaprensión del Gobernador no hace más que avivar la inconformidad y crispación existentes por el desolador panorama.
Ignorar sus demandas no los hará desistir porque los antorchistas se han fraguado en la lucha y han comprendido que con su unidad organizativa son capaces de reclamar sus derechos, capaces de exigir una mejor distribución de la riqueza para avanzar en sentido opuesto a los malos resultados de la 4T y de los gobiernos locales.
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