El progreso social es un concepto que ha sido utilizado en innumerables discursos políticos en México, especialmente durante periodos electorales, donde se promete la mejora de las condiciones de vida de los mexicanos.
Sin embargo, cuando el fervor de la campaña se desvanece, las promesas parecen quedar en el olvido, y la cruda realidad de las prioridades del gobierno se hace patente. El reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025, presentado el pasado 15 de noviembre, es una muestra elocuente de ello.
La redistribución del gasto social debe reorientarse hacia los sectores más desprotegidos, garantizando condiciones para un desarrollo sostenible y equitativo.
Durante la campaña electoral, los discursos de los candidatos giraron en torno a la solución de los problemas estructurales que aquejan a México: la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad, la educación deficiente, entre otros.
La respuesta a estos males, según los políticos, pasaba por una inyección de recursos a los sectores más vulnerables y la implementación de políticas públicas que transformaran la realidad social del país.
Sin embargo, al ver el presupuesto propuesto, es difícil no preguntarse si realmente existe una intención genuina de abordar estas problemáticas o si, en cambio, lo que se busca es mantener la maquinaria política en funcionamiento a costa de la necesidad de los ciudadanos.
Uno de los recortes más notables en el PEF 2025 es el 34 % destinado a la Secretaría de Salud, un área crítica dada la situación de salud pública en el país. La educación, que en teoría es la clave para el progreso social, también recibe una reducción del 1.5 %.
A lo anterior, se suman los recortes a los rubros de infraestructura y energía, esenciales para el desarrollo de un país que necesita urgentemente modernizar su red de servicios y su infraestructura básica.
Por otro lado, mientras que las transferencias monetarias a programas sociales incrementan en un 4 %, la pregunta es: ¿es esta la respuesta adecuada para erradicar la pobreza en México? ¿O simplemente estamos frente a un alivio temporal para una crisis que sigue sin resolverse?
Los programas sociales que se implementan a través de transferencias monetarias tienen la intención de mitigar la pobreza, pero no la erradican. Es un paliativo, no una solución estructural. El hecho de que se destinen 580 mil millones de pesos a estos programas, lo cual representa el 6.2 % del presupuesto total, refleja una estrategia asistencialista que, si bien ayuda a muchos, no resuelve de fondo las carencias que enfrenta la población.
México necesita una transformación de sus condiciones materiales de vida, no sólo una distribución de recursos que, a menudo, se convierte en una herramienta para la compra de votos en épocas electorales.
La situación del país es alarmante. Doce millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable, catorce millones no tienen vivienda, y más de 50 millones carecen de servicios de salud. El 60 % de la población considera insuficiente el alumbrado público, y más del 25 % de las calles en las zonas urbanas no están pavimentadas.
Estas cifras no son simplemente estadísticas; son realidades que afectan la vida cotidiana de millones de mexicanos. ¿Es esta la vida que el gobierno busca mejorar? Si realmente se quisiera luchar contra la pobreza y el rezago social, el presupuesto tendría que estar orientado a garantizar servicios básicos, como agua, electricidad, drenaje y pavimentación, que hoy día siguen siendo un lujo para una parte significativa de la población.
Lo que está en juego no es solo un presupuesto, sino la dignidad de millones de mexicanos. La redistribución del gasto social debe ser una prioridad, reorientando recursos hacia los sectores más desprotegidos y generando políticas que no solo distribuyan dinero, sino que busquen crear las condiciones necesarias para un desarrollo sostenible y equitativo.
El modelo asistencialista que prevalece actualmente es insuficiente y no resuelve el problema estructural de la pobreza en el país. En cambio, se perpetúa una situación de dependencia económica que no fomenta el verdadero progreso social.
Si de verdad queremos transformar a México, no basta con esperar que el gobierno cumpla con sus promesas de campaña. La sociedad civil debe tomar las riendas, organizarse y exigir que el presupuesto se destine a lo urgente.
Sólo a través de una movilización colectiva será posible lograr un cambio real en las condiciones de vida de los mexicanos. El ejemplo de países como China, que han logrado importantes avances en la reducción de la pobreza y el desarrollo social, debería servirnos como inspiración.
La solución no está en seguir con la misma dinámica de promesas incumplidas y recortes que profundizan las desigualdades, sino en poner en marcha un plan estratégico y audaz que apueste por el bienestar de todos los mexicanos.
Es hora de cambiar las prioridades y dejar de ser simples espectadores de la repartición del dinero público. La lucha por un México más justo y equitativo debe comenzar ahora.
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