Aunque el origen, la magnitud y la forma en que se distribuye el presupuesto público es un tema que involucra los intereses inmediatos y futuros de todos los mexicanos, esto se ha decidido exclusivamente entre algunos integrantes encumbrados de la clase política y los grandes poderes económicos nacionales e internacionales que están atentos a no ser dañados en sus ganancias.
Este año no es la excepción, los mexicanos no hemos sido convocados a ninguna discusión, ni siquiera a una votación “a mano alzada”, para decidir el tema presupuestario. Esto se les facilita a quienes ejercen el poder porque muy poca gente presta atención a cómo el gobierno en turno capta y distribuye el dinero obtenido de los impuestos, de las ventas de productos de las empresas públicas y de préstamos del extranjero. Esa apatía ante el origen y destino del dinero público es una de las aristas de la desinformación y falta de politización que padece nuestro pueblo desde hace mucho y que no ha hecho sino aumentar durante la llamada 4T.
El asunto es delicado y anuncia más sinsabores para millones de mexicanos. El gobierno federal presentó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, que contiene la propuesta para gastar 9.2 billones de pesos durante el próximo año. El documento contiene una larga lista de conceptos en los que habrá recortes presupuestales, lo que afectará el desarrollo del país y el bienestar de decenas de millones de mexicanos, principalmente de los más pobres, de esos a los que Morena juró falsamente defender. No hay duda que los diputados morenistas y neomorenistas lo aprobarán, sin moverle ni una coma, en los próximos días.
Menciono sólo algunos ejemplos de los recortes al gasto que se ejecutarán durante el próximo año, tomados de un análisis elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria: El gasto en inversión será un 14% menor que este año; el destinado a salud tendrá un recorte del 11%; la CONAGUA sufrirá un recorte del 43.2%, “lo que podría comprometer el acceso al agua de las comunidades más vulnerables”; la educación, que de por sí padece graves carencias, sufrirá un recorte del 1.2% (el presupuesto más bajo en proporción al PIB desde 2013). Igualmente se recorta el gasto a la cultura (un 30% menos), a los refugios para mujeres; a Agricultura y Desarrollo Rural, al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, etcétera. Todo eso anuncia más pobreza y marginación, menos obras públicas, aumento de enfermedades y desatención médica, deterioro aún mayor del sistema educativo, mucha más pobreza cultural, menos ingresos para los productores y más violencia asociada a la delincuencia sin control, entre otros problemas que ya existían, pero se agravarán.
¿Por qué el gobierno de Morena se pone a reducir el gasto público, como lo haría cualquier gobierno neoliberal? Simplemente porque su política sigue siendo neoliberal, protectora de las grandes fortunas (que se han incrementado como nunca durante el morenismo en el poder), promotora de hacer que el Estado se adelgace y la población se apriete el cinturón y renuncie al bienestar, en vez de promover una política que haga que la riqueza privada de unos cuantos, que crece escandalosamente gracias a salarios muy bajos y pagos de impuestos muy por debajo de los estándares internacionales, sirva, mediante mecanismos fiscales, a que las mayorías tengan trabajo bien pagado, vivienda digna, educación y salud de primer mundo, carreteras y calles en buen estado, seguridad, servicios públicos para todos.
Durante el sexenio de AMLO, se renunció definitivamente a iniciar una reforma fiscal progresiva, que inyectara más recursos a las arcas federales. Nunca se hizo caso de recomendaciones de economistas concienzudos, ni de análisis de intelectuales competentes miembros de organizaciones sociales (principalmente del Movimiento Antorchista), ni de organismos internacionales que han sostenido, todos con datos en la mano, que México no puede lograr su desarrollo y el bienestar de los habitantes, sin cobrar más impuestos a los que más tienen, lo cual no significa expropiarles sus bienes ni dejarlos pidiendo limosna, sino sólo lograr que retribuyan en mayor medida al gasto público, debido a que se quedan con una porción mayor de la riqueza producida con el trabajo de millones de personas y los recursos naturales de México.
En vez de proceder de esa manera, durante el sexenio de AMLO se recurrió a pedir prestado en el extranjero, para financiar el aumento del gasto público, que básicamente se concentró en algunas obras sumamente caras y en entregar tarjetas que le generaran simpatías electorales. El resultado: el país está ahora más endeudado que nunca, los acreedores han empezado a patear la puerta para que México les pague y los que se anuncian como constructores del “segundo piso” de la 4T se han presentado en escena para anunciar que México debe pagar de inmediato la deuda contraída en el sexenio anterior, lo cual requiere hacer recortes al gasto, como los que aquí he mencionado.
Al mismo tiempo, desde la actual Presidencia de la República han desechado cualquier planteamiento, y hasta las insinuaciones provenientes de sus propias filas, como la que tibiamente hizo Ricardo Monreal, de dar pasos para una reforma fiscal que evite recortes que dañen a la población y lance hacia adelante la economía del país. Aunque tienen en sus manos todos los resortes gubernamentales necesarios para aprobar una reforma fiscal, puesto que tienen la Presidencia de la República, las Cámaras de senadores y diputados y próximamente muchos jueces, no propondrán que paguen más impuestos los que más tienen, prefieren sacar las tijeras, tasajear con ellas el presupuesto y condenar al pueblo a seguir su vida de carencias de todo tipo. El neoliberalismo sigue más vivo que nunca en México, aunque quieran ocultarlo con cuentos guindas.
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