El vocero antorchista destaca que las condiciones clandestinas ponen en riesgo la vida de miles de mujeres, especialmente de sectores populares
Tras la reciente decisión del Congreso del Estado de Querétaro de rechazar nuevamente la iniciativa para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el vocero estatal del Movimiento Antorchista, Antonio Morales, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad a no politizar el tema y a colocar el bienestar de las mujeres en el centro de la discusión pública.
“El bienestar de las mujeres debe ser el eje de cualquier decisión legislativa. No se trata de ideologías ni de cálculos partidistas, sino de salud, dignidad y justicia social. El aborto debe verse como una alternativa dentro del marco de los derechos humanos y la salud pública, no como una herramienta de confrontación política”, afirmó Morales.
El vocero antorchista destacó que la criminalización del aborto no impide su práctica, sino que la traslada a condiciones clandestinas que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres, especialmente las de sectores populares.
“Negar el derecho a decidir no evita el aborto; sólo empuja a las mujeres a procedimientos inseguros y desprotegidos”, sostuvo.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Querétaro las denuncias por aborto aumentaron un 28 % en 2024, con 32 casos registrados en al menos nueve municipios, en comparación con el año anterior.
Además, entre 2019 y 2022, el estado acumuló 108 interrupciones legales del embarazo, lo que lo colocó como la tercera entidad con mayor tasa por millón de habitantes a nivel nacional.
El fenómeno no es reciente: entre 2015 y agosto de 2023, las carpetas de investigación por el delito de aborto crecieron 420 %, pasando de cinco a 26, lo que refleja un endurecimiento en la persecución penal.
En el contexto nacional, entre enero y septiembre de 2024 se abrieron 592 carpetas de investigación por aborto en México, de las cuales 36 corresponden a Querétaro, lo que ubica al estado entre los cinco con más investigaciones por este motivo.
Morales señaló que estas cifras son muestra de una realidad que no puede resolverse con prohibiciones, sino con políticas públicas que garanticen educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos, atención médica segura y acompañamiento psicológico.
“Es urgente que el Congreso y las instituciones de salud actúen con sensibilidad, apoyándose en la evidencia y no en prejuicios. Las mujeres deben tener la posibilidad de decidir sobre su cuerpo sin miedo ni estigma. El Estado tiene la obligación de garantizar esa libertad en condiciones seguras y humanas”, subrayó.
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