Durante décadas, el poder político y económico en México se ha disputado entre dos aparentes alternativas: la derecha tradicional, que defiende el libre mercado y la acumulación privada como motores del progreso, y una izquierda domesticada, que enarbola discursos de justicia social pero en los hechos acepta las reglas del sistema.
Lo que vive México no es producto del azar ni de la flojera de los pobres, como repite la derecha, sino de un sistema económico que privilegia la acumulación privada sobre el bienestar colectivo.
Ambas opciones comparten una misma raíz: la sumisión al poder del dinero. Ni una ni otra buscan alterar la estructura económica que concentra la riqueza en pocas manos, reproduce la pobreza y mantiene a la mayoría en la incertidumbre.
La derecha insiste en que el crecimiento económico “gotea” hacia los de abajo. No obstante, los datos demuestran lo contrario.
Según Statista (2023), el 1 % más rico de México concentra el 37 % de la riqueza nacional, mientras que el 50 % más pobre apenas posee el 2.3 %.
La política de “menos Estado, más mercado” no ha generado bienestar, sino precariedad: desmantela los servicios públicos, mantiene bajos los salarios y deja a millones fuera de la seguridad social. El resultado es claro: más riqueza para unos cuantos, más desigualdad para la mayoría.
Por su parte, la llamada “izquierda progresista” se ha limitado a administrar la pobreza. Multiplica programas sociales y subsidios, pero evita tocar los intereses del gran capital. Habla de justicia, pero pacta con los mismos grupos empresariales y financieros que dominan desde hace décadas.
Sus políticas alivian el hambre, pero no cambian las causas. Mientras tanto, el sistema sigue intacto: los monopolios controlan sectores estratégicos, los bancos obtienen ganancias récord y los trabajadores continúan pagando el precio de un modelo que los margina.
México es hoy uno de los países más desiguales de América Latina. El 10 % más rico controla más del 70 % de la riqueza nacional (Statista, 2023). El coeficiente de Gini se mantiene en 43.5 puntos, indicador de una desigualdad alta (World Scorecard, 2022).
El 57 % de los mexicanos carece de seguridad social (BBVA Research, 2023). Los hogares del decil más alto ganan catorce veces más que los del decil más bajo (ENIGH, 2024). Estos números no son producto del azar ni de la flojera de los pobres, como repite la derecha, sino de un sistema económico que privilegia la acumulación privada sobre el bienestar colectivo.
Ni la derecha ni la falsa izquierda ofrecen salidas reales. La única alternativa está en la organización popular y la lucha consciente por la redistribución de la riqueza.
Organizarse no es una consigna romántica; es una necesidad política. Significa construir poder desde abajo, en los barrios, las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades. Significa exigir un sistema fiscal progresivo, donde quienes más tienen paguen más; la democratización de la propiedad mediante cooperativas y empresas sociales; servicios públicos fuertes, no privatizados; un salario digno y seguridad social universal; y la participación real del pueblo en las decisiones económicas.
Mientras la mayoría permanezca desorganizada, el poder económico seguirá dictando las reglas del juego. Sólo la movilización colectiva puede romper ese círculo. El pueblo mexicano no necesita salvadores, sino conciencia, organización y lucha. Ni la derecha con su culto al mercado ni la falsa izquierda con sus discursos tibios representan una opción real para los trabajadores, los campesinos y los jóvenes.
El desafío está en nuestras manos: transformar la indignación en acción y la acción en poder popular. Sólo así será posible construir un país donde la riqueza se distribuya con justicia y el bienestar no sea privilegio de unos pocos, sino derecho de todos.
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