A casi un mes del polémico proceso de la consulta ciudadana para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, programada para el próximo 10 de abril, surgen interrogantes y controversias que vale la pena analizar y reflexionar como ciudadanos mexicanos conscientes para tomar una postura responsable y libre.
Para abordar seriamente este asunto, primero hay que explicar a qué se refiere este proceso. El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas García, define la revocación de mandato como “el procedimiento institucional que permite la remoción de los representantes electos por parte de sus electores”, mientras que para el tratadista argentino, Mario Justo López, “es un procedimiento para destituir a los representantes o funcionarios elegidos antes de que se cumpla el plazo fijado para su actuación, y cuyo objeto radica en mantener constantemente responsables ante sus electores a los funcionarios públicos elegidos”.
Conforme a lo anterior, podemos comprender que la revocación de mandato otorga a la población la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular como resultado de un proceso de consulta también popular, es decir “se trata de un instrumento de defensa de los ciudadanos frente a los gobernantes devenidos impopulares” (Cárdenas García, 2019), lo que, en teoría, es un logro positivo en el andamiaje constitucional de México; no obstante, en la práctica, en las manos de López Obrador, la consulta para la revocación de mandato está desvirtuada, antes de nacer plenamente y de que se consolide en la vida pública nacional, lo que es una pena.
Para López Obrador, la revocación de mandato pareciera tener otro significado y también otra utilidad práctica, incluso podríamos decir que “maquiavélica” porque él mismo, previo a la legislación de este procedimiento de consulta pública, difundió una carta supuestamente al pueblo de México en la que establece que en 2021 se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe su mandato o que renuncie al cargo; lo que es incongruente en sí, ya que, si el resultado de la consulta es la revocación del mandato, sería innecesaria su renuncia, toda vez que la remoción del cargo sería de ejecución automática. Esto advierte un fin oculto de la intención protagonista, publicista, e incluso electoral, de la imagen del mandatario morenista y de su 4T para beneficiar a sus correligionarios que competirán electoralmente en las próximas elecciones.
Pese a que, en la carta, afirmó engañosamente que esta consulta se trata de un infundio y refrendó su condición maderista partidario del sufragio efectivo, no reelección, inspirado por ideales y convicciones, no por la ambición al poder, expuso que bastará con seis años de gobierno para desterrar la corrupción y la impunidad de México.
A todas luces es evidente que eso de desterrar la corrupción y la impunidad no lo ha cumplido, y que, por el contrario, el teatro se le cae a cuestas, y sus afirmaciones no solo son insostenibles en la realidad, también son incoherentes. Evidencia de eso es el conocido caso Baker Hughes que implica directamente al hijo de López Obrador, y las terribles afectaciones ambientales y pérdidas millonarias en Quintana Roo ocasionados por la mala planeación y costosa ejecución del proyecto el Tren Maya, entre otros.
Por otro lado, no hay que olvidar los conflictos y controversias legales que se han suscitado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuestas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), quién el pasado 16 de diciembre decidió posponer temporalmente la organización de la eventual revocación de mandato por una evidente insuficiencia de recursos, acción que, además de generar una cascada de críticas oficialistas en contra del organismo, provocó la judicialización del caso. Ente esto, la Barra Mexicana de Abogados emitió un posicionamiento a favor de los consejeros del INE al señalar que las denuncias “constituyen un acto de intimidación, una amenaza y un ataque injustificado a la autonomía de la institución y a la independencia de cada uno y cada una de ellas”, y llamó a cesar la persecución en contra de los integrantes del Consejo General del INE.
El origen de este conflicto se remonta al mes de noviembre, en la comparecencia de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, ante la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del proyecto de presupuesto del órgano electoral para el ejercicio fiscal 2022, el cual sufrió una reducción de 5 mil millones de pesos que afectó directamente los gastos ordinarios previstos insacular, capacitar y designar a las personas que fungirán como funcionarios en las más de 160 mil casillas con las que se contó en la última elección, según lo que establece la normatividad, para la consulta. Con los limitados recursos que le fueron aprobados, el INE consideró que no le fue posible cumplir con lo señalado por la ley en cuanto al proceso de revocación, aunado a que éste es innecesario, toda vez que nadie ha cuestionado formalmente la legitimidad de López Obrador, sino al contrario, es un presidente con un gran respaldo popular, aunque hay que reconocer que va en detrimento
López Obrador se consolidó en la presidencia de la República mexicana con una legitimidad solvente desde las urnas, lo que le dio una consistente gobernabilidad inicial en su mandato que ha exaltado como principal activo personal.
Sin embargo, la condición de legitimidad de origen no es suficiente para que se realice un buen gobierno, sino únicamente un elemento que le permite, como a cualquier otro presidente electo, iniciar con el pie derecho con sus acciones gubernamentales. Lo consecuente depende de las decisiones que se tomen y de la forma de asumir la responsabilidad de estas, situación que en la administración lopezobradorista ha sido decepcionante a tal grado que, León Krauze enfatiza en The Washington Post que “la respuesta de México a la pandemia sigue siendo deprimente. La vacunación y el acceso a pruebas adecuadas siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, la violencia no ha hecho sino crecer: México ha tenido uno de sus años más sangrientos alguna vez registrado y las horrendas imágenes no cesan. La economía ya estaba estancada desde antes de la pandemia y las perspectivas no han mejorado”.
Lo anterior se enlistaría como una agenda de prioridades urgentes para cualquier presidente, excepto para López Obrador. De hecho, “en los últimos meses, el presidente mexicano ha estado más preocupado por un despliegue casi surrealista de teatro político: la promoción de una revocación de mandato en su contra” según menciona Krauze; por tal motivo, queda claro que el presidente no tiene ninguna intención de abordar los problemas reales que afectan a las familias mexicanas; al contrario, se refugia en el empecinamiento de realizar una muy costosa consulta popular innecesaria, con la finalidad de recuperar su presencia mediática en decaimiento, así como fortalecer el posicionamiento de la 4T y de los candidatos que abanderan la alianza morenista en los procesos electorales que se avecinan.
En el pueblo trabajador no somos inconscientes y estamos a la expectativa de lo que ocurre, analizando y reflexionando sobre los acontecimientos de la vida cotidiana y actuaremos a su debido momento, decidida y organizadamente, mediante el Movimiento Antorchista que nos abandera.
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