Dado que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está a semanas de abandonar la silla presidencial, ha sacado sus ases de la manga, mismos que permitirán la continuidad de su gran proyecto transformador. El ahora famoso “Plan C” trae consigo modificaciones más que importantes a la transparencia nacional.
Este plan, entre otras cosas, busca que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados apruebe la desaparición de diversos órganos autónomos.
La eliminación de los órganos autónomos es una maniobra para deshacerse de los "posibles enemigos" del proyecto morenista, ya que han sido críticos de la corrupción y el abuso de poder del Gobierno actual.
Se trata de la discusión y votación del proyecto de dictamen en materia de simplificación administrativa, que contempla la desaparición de instancias como el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El mandatario mexicano justifica la desaparición de estos órganos constitucionales autónomos afirmando que “carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para ‘descentralizar’ a la Administración Pública Federal (APF) mexicana”.
¿Y qué pasaría con las tareas de estos organismos? Bueno, pues adelantan un posible reparto. En caso de ser aprobada por el Congreso, las atribuciones de la Cofece irían a la Secretaría de Economía.
Las labores de la CRE y las de la CNH estarían a cargo de la Secretaría de Energía (Sener). En el caso del IFT, sería la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Las atribuciones del Mejoredu irían a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y, finalmente, los trabajos del Inai estarían a cargo de diversos organismos públicos como la Función Pública.
Se prevé que la eliminación de estos organismos sería “muy buena reforma administrativa” con la que se ahorrarían unos 100 mil millones de pesos (5 mil 609 millones de dólares) al año.
¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, primero, se trata de la más descarada jugada política de eliminar “posibles enemigos” o baches del proyecto morenista, pues, al ser autónomos, estos mismos durante sus seis años de Gobierno han brindado a los mexicanos datos importantes sobre corrupción, negligencia, abuso de poder, faltas a la Constitución y más.
Aquí es donde se encuentran los verdaderos datos del país y, dado sus malos resultados, los datos son malos. Esto es lo que les estorba a los morenistas y ahora que han logrado la mayoría calificada no tendrán objeción alguna contra esta barbarie.
Y, por si fuera poco, el viejo gancho morenista de los programas sociales empieza a pesar más. Organismos financieros como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sentenciado a los economistas morenistas.
La deuda de sus megaobras y otros enredos económicos empieza a crecer desmesuradamente; el país se encuentra en déficit económico y necesitan urgentemente dar pagos significativos a los magnates del dinero. ¿Y de dónde saldrá ese recurso? Por supuesto, del pueblo mexicano.
Mientras el poder político que tienen les permita hacer maniobras que no impliquen la desaparición de su dádiva más popular (o sea, las tarjetas del bienestar y demás), recortarán y recortarán.
Es ahí donde salen los primeros degollados: nuestros organismos autónomos, que no tienen lealtad alguna hacia Morena y que han representado un estorbo más en su mal hecho plan político para el país.
John Locke, en su ensayo sobre el Gobierno Civil, dice: “(…) quien como autoridad se excede en el poder que la ley le confiere y emplea la fuerza que tiene a sus órdenes para imponerla a un súbdito en lo que la ley no permite, con ello cesa de ser gobernante y, obrando sin autoridad, se le puede resistir como a cualquier hombre que invade por la fuerza un derecho ajeno”.
Este fragmento explica perfectamente el peligro que representa el uso abusivo de la fuerza (política o militar) por parte del Estado representado en el Gobierno.
Para los mexicanos, este abuso irracional de poder, este desprecio a los organismos autónomos, se verá, indiscutiblemente, manifestado en la instauración de nuevas leyes improvisadas, sin estudio, discusión o razonamientos previos, con el fin de permitir el libre manejo de la transparencia nacional y muchas otras tareas que de estos órganos dependen.
Y, tristemente, la 4T sigue creyendo que “atacar la corrupción” con maniobras políticas como estas es la solución a todos los males del país.
En Antorcha no creemos eso. Hemos dicho contundentemente, desde hace muchos años, que el origen de todos los males de nuestra sociedad es la injusta distribución de la riqueza. Esa que permite que unos cuantos gocen de la riqueza que millones producen.
Las reformas superficiales son paliativos que solo seguirán deplorando la calidad de vida de México. Seguirán nublando el juicio político de los mexicanos y sumirán al país en una crisis que muy difícilmente podrá atravesar.
Antorcha una vez más los llama, y les decimos: los verdaderos cambios, los de raíz, los que necesita México y el mundo, los da el pueblo organizado y consciente.
Por eso, los antorchistas los llamamos a organizarse, a abrir los ojos, a convertirse en hombres y mujeres pensantes, organizados que sepan perfectamente qué es lo que quieren y hacia dónde se dirigen, para que juntos construyamos el verdadero cambio en el país.
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