En los últimos años, el sistema de medios públicos en México ha experimentado un proceso alarmante de retroceso hacia formas de control autoritario, un fenómeno que se acentuó bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Lo que originalmente se diseñó como un espacio para la pluralidad, la difusión cultural y la información imparcial, ha sido transformado en una herramienta de propaganda gubernamental.
AMLO, al igual que los presidentes del PRI en el pasado, ha entendido que para mantener su poder necesita controlar no sólo la economía, sino también los medios de comunicación.
Este proceso, lejos de democratizar el acceso a la información, ha servido para consolidar el poder del Ejecutivo, manipulando los medios para imponer una visión única de la realidad que favorece al proyecto de la Cuarta Transformación (4T).
Entendemos que los medios de comunicación no son neutrales ni autónomos, sino que son instrumentos que reflejan las relaciones de poder en la sociedad. En un sistema capitalista, los medios sirven a los intereses de la clase dominante, utilizando su control sobre la información para mantener el orden social y político.
El secuestro de los medios públicos bajo la 4T no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia de centralización del poder en el Ejecutivo, que busca consolidar su dominio sobre todos los aspectos de la vida pública, desde la política hasta la cultura.
La reforma electoral de 1996 había logrado abrir los medios públicos a una mayor pluralidad y autonomía, permitiendo que diversas voces pudieran ser escuchadas. Sin embargo, con la llegada de AMLO al poder en 2018, esta apertura se revirtió.
En lugar de fortalecer la independencia de los medios, el presidente utilizó los medios públicos para difundir su propaganda, atacando a sus opositores y construyendo una narrativa oficial que presentara a su gobierno como la única alternativa viable para el país.
Este uso de los medios no solo favorece al gobierno actual, sino que también erosiona las bases de la democracia, al reducir la capacidad del pueblo para acceder a una información veraz y diversa.
El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que agrupa canales y estaciones como Canal 11, Canal 22 y Canal 14, se ha convertido en una maquinaria al servicio del morenismo.
Bajo la dirección de Jenaro Villamil, estos medios han dejado de ser una plataforma para la cultura y la información plural, para convertirse en un vehículo de propaganda que difunde la ideología oficial y la imagen del presidente.
Este uso ideológico de los medios públicos no es fortuito; es una estrategia deliberada para mantener el control sobre la narrativa y evitar cualquier crítica al gobierno.
Desde un enfoque marxista-leninista, es evidente que este fenómeno forma parte de un proceso de consolidación de un régimen autoritario que pretende controlar todos los medios de producción ideológica en el país.
AMLO, al igual que los presidentes del PRI en el pasado, ha entendido que para mantener su poder necesita controlar no sólo la economía, sino también los medios de comunicación, que son esenciales para la formación de la conciencia popular.
La manipulación mediática es una herramienta de dominación, porque la ideología es una de las principales formas de opresión en una sociedad de clases.
Además, la masiva movilización de recursos públicos para fines partidistas, como ocurrió en la marcha del 27 de noviembre de 2022, es una muestra palpable de cómo el gobierno ha utilizado los medios públicos para legitimar su proyecto político.
Este tipo de acciones no sólo son un abuso del aparato estatal, sino que también muestran un claro desprecio por la pluralidad y la democracia. El presidente y su partido no están interesados en crear un espacio para el debate democrático, sino en imponer un pensamiento único que les permita consolidar un poder absoluto.
Este uso autoritario de los medios públicos refleja un modelo político que, a pesar de su discurso de cambio, sigue anclado en las prácticas más oscuras del viejo PRI. La concentración del poder en el Ejecutivo, la manipulación de los medios de comunicación y la eliminación de cualquier forma de oposición no son rasgos de un proyecto transformador, sino de un proyecto que busca restablecer las estructuras de control que caracterizaron al sistema político mexicano durante décadas.
En este sentido, el secuestro de los medios públicos es un síntoma de un mal mayor: la centralización del poder en el Estado, que busca subordinar todas las instituciones y recursos del país a una única agenda política.
Este es un peligro para la democracia y para las libertades del pueblo mexicano, que necesita un espacio donde pueda expresar sus diferencias y cuestionar las decisiones del gobierno.
La lucha por una comunicación democrática y plural debe ser una prioridad para quienes luchamos por una transformación profunda de la sociedad mexicana, una transformación que no esté subordinada a los intereses de una élite política, sino que sea impulsada por los intereses de las clases trabajadoras.
En conclusión, el uso de los medios públicos como herramienta de propaganda por parte de AMLO y la 4T no es una casualidad, sino una estrategia que busca perpetuar el control del poder en manos del Ejecutivo.
Desde una perspectiva marxista-leninista, este fenómeno es parte de un proceso de concentración del poder y de control ideológico, que busca evitar la crítica y consolidar un sistema autoritario en el país.
La lucha por una comunicación libre y plural es, por lo tanto, una lucha por la verdadera democracia, por la emancipación de las clases populares y por el derecho del pueblo a decidir su propio destino.
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