Hay palabras o frases que pueden ser sagradas en el terreno político. El deber, el derecho, constitución, libertad, soberanía, seguridad nacional, y no basta que uno se llene la boca con esas palabras, que las repita incesantemente para que sean ciertas y que realmente se honre dicha palabra. Hay quienes llevan en su boca los derechos humanos, pero en su nombre se han cometido los más horrendos crímenes.
Vivimos en el gobierno de la palabra y busca su continuidad. La campaña por el relevo presidencial inició hace mucho. Las corcholatas han andado en todos los rincones del país y Nuevo León no es la excepción; la reciente visita presidencial va en ese mismo sentido; ya vino el secretario de Gobernación y ahora nos visita Ramírez Cuellar. Todo lo que aprendieron del viejo PRI, ahora lo aplican, pero con un descaro que raya en lo cínico. Y, precisamente, lo que llama la atención, no es que anden en campaña, sino que el acueducto II de la presa el Cuchillo sea declarada de Seguridad Nacional.
¿Qué significa que un proyecto sea declarado seguridad nacional? Que mucha de la información relacionada con dichos proyectos está reservada o guardada y que el publico mexicano, los interesados en saber en que se gastan nuestros impuestos no sepan en que se gastan dichos recursos y el monto de los mismos.
El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren maya, han sido declarados también seguridad nacional. El argumento es que las obras estaban constantemente detenidas por amparos y litigios por violar muchas de las leyes vigentes en nuestro país.
En la lucha por la democracia en nuestro país, hubo avances importantes para la sociedad, al menos la democracia burguesa; el INE (antes IFE), que anteriormente se controlaba desde la Secretaría de Gobernación, y la lucha que inició en el 68 o un poco antes, culminó con la creación de ese organismo autónomo que recibe financiación del estado y que organiza desde entonces las elecciones en todo el país. Es cierto, tiene fallas, y los consejeros los elijen los diputados federales, en fin, siguen siendo controlados desde arriba, pero es un sistema mejorado que puede superarse.
Otro de los avances, es la creación de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) encargado de garantizar los derechos de acceso a la información pública, a la cual la suprema corte de la nación le dio la razón en el sentido de que las obras del presidente no son de seguridad nacional y están obligados a entregar la información relacionada con las mismas, además de mencionar que el presidente violó las leyes al publicar información privada del periodista Carlos Loret de Mola.
Según el INAI, el campeón en requerimientos de información es el Tren Maya. La gente quiere saber sobre los equipos de supervisión de la obra, por los estudios de impacto ambiental, por los avisos de privacidad de lenguas originarias, específicamente las mayas; la gente pregunta quiénes son los contratistas. Por ley, las resoluciones del INAI no se pueden objetar, se tienen que cumplir. Por supuesto, que los encargados de brindar la información, se excusan diciendo que no existe o que es imposible localizar. Una de sus resoluciones sobre el Tren Maya dice que no es posible que una obra de esa magnitud no cuente con un estudio de impacto ambiental
Es cierto, que la inmensa mayoría de la población está más interesada en ganarse el pan. Los intereses públicos sólo le llaman la atención cuando se le ataca directamente y muchas veces ni se da cuenta de donde viene o como se explica que su salario no le alcance. También hay ciudadanos comprometidos, interesados en el bien del país, les interesa a dónde van los recursos que aportamos, y que no se esté hipotecando nuestro futuro. Que no están en contra de la contratación de médicos cubanos, cuyo profesionalismo esta fuera de toda duda. Pero ¿Cuánto se invierte en su contratación? ¿Con ello resolvemos el grave problema de salud enfrenta México? ¿Cuántos médicos mexicanos no tienen trabajo? El patrón siempre solicita un informe de los gerentes, y en eso, el presidente debería cumplir con ese deber.
No debemos olvidar que hace algunos días, también se cayó el sistema de COMPRANET, “es una plataforma que registra y almacena información de las compras públicas que más de 260 instituciones federales realizan día con día. Tan solo en 2021, las instituciones adjudicaron 173 mil 505 contratos por 473 mil 391 millones de pesos, un estimado de 470 compras diarias y un importe promedio por contrato de poco más de dos millones de pesos (imco.org.mx, 22 de julio)
Muy poco se sabe sobre la vacuna PATRIA. Se compraron 671 pipas, sin licitación y nadie sabe, y nadie supo que pasó con ellas. Se supo de 69 que estaban funcionando y el huachicol sigue viento en popa.
El presidente quiere que todos los demás enseñen sus cartas, mientras él las oculta, para manejarlas a discreción, por eso no quiere que la gente sepa, a quién le da los contratos de forma directa, no usando la competencia para obtener mejor precio, sino aquellos que tal vez le den un parte de ese dinero para poder seguir comprando votos; intuye que el dinero se le está agotando, como lo podemos ver, cuando disminuye los subsidios a las gasolinas y predicar la pobreza franciscana. Mientras ellos se roban todo el dinero.
¿Por qué debería preocuparnos las obras del presidente?, simple y sencillamente porque se construyen con el sudor y la sangre de muchos mexicanos, y en este sentido debemos aplaudir la resolución de la suprema corte de justicia de la Nación, al darle la razón al INAI; si el presidente usara sus propios recursos, no importa si quiebra o no, si sus obras son inútiles o caprichos; los recursos de toda una nación están en juego y el futuro será incierto, y a ese México Bronco, al que tanto le temen rugirá con fuerza…y nada podrá detenerlo.
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