La impunidad existe cuando las víctimas y la sociedad no alcanzan a conocer la verdad sobre la extensión y las razones de los abusos que han sufrido.
Para que las violaciones de los derechos humanos no queden impunes, las víctimas de estas deben recibir reparación. Esto supone que los afectados deben poder hacerse acreedores a una compensación económica por los daños sufridos y a beneficiarse de medidas de rehabilitación que les permitan sobrellevar las secuelas tanto físicas como sicológicas por los abusos padecidos.
Para acabar con la impunidad deben tomarse todas las medidas de prevención para que no se repitan las violaciones de los derechos humanos. Esto significa, entre otras cosas, que se ha de construir y hacer respetar el andamiaje legal y de garantías que amparan a los individuos cuando se encuentran, por ejemplo, en condiciones de detención y que los gobiernos deben anunciar públicamente su más completa oposición a las violaciones de los derechos humanos, así como su disposición a castigarlas.
Nuestro país atraviesa una crisis de seguridad en la que la violencia además de lastimar y poner en la pendiente de un hilo a la población pone a prueba a todas las instituciones del Estado mexicano. Y es que, aunque la corrupción y la inseguridad son problemas que nos afectan y nos duelen a todos como sociedad, la realidad es que en la base de ambos está la impunidad.
De acuerdo con el estudio “Hallazgos 2020” proporcionado por el centro de análisis México Evalúa (mismo que da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP) en México): el 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”. Según los resultados, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
Es decir, México no cuenta ni siquiera (o si los tiene no los proporciona) con los recursos necesarios, para costear instituciones de seguridad dignas, que erradiquen o siquiera combatan de manera significativa a la inseguridad. Por el contrario, estas se encuentran contagiadas y absorbidas por la impunidad.
Tal es el caso de Gabriel Mendoza Jiménez, ex director de Seguridad Nacional de la Presidencia, a quien le fue comprobado su participación y firma de un contrato con Odebrecht en una obra manchada por supuestos sobornos en su calidad de director de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente del gobierno de Michoacán.
Cabe resaltar que, pese a que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a investigar el asunto, no duró mucho el cuento.
Si bien en un principio sí fue cesado de la comisión, el pasado 6 de septiembre (cinco meses después de su salida) fue recontratado, pero ahora como director en la Coordinación de Certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, con un sueldo bruto de 88 mil pesos. Su labor será la de evaluar a los policías del país.
Este ejemplo refleja el real manejo que tiene la actual administración con la impunidad del país.
Si nuestros “líderes” políticos (quienes tienen el poder de combatir la impunidad) no hacen nada por hacerlo, nuestras instituciones menos tendrán las condiciones para hacer contrapeso a la arbitrariedad y a las fiscalías.
Esto, indudablemente tiene como consecuencia que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.
Por ende, y como otra de las consecuencias, encontramos también que los delitos no se desentrañan. Pues en la práctica ningún delito se esclarece realmente y únicamente se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país. Ni siquiera el 1% de los delitos en México son esclarecidos.
Y es que ahí no paramos, el índice de homicidios en el sexenio de AMLO se ha duplicado en comparación con administraciones pasadas. En tan solo 30 meses, acumuló 72, 892 expedientes; en ese mismo lapso con Calderón, fueron 30, 572. Todo esto de acuerdo con cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Es decir, existe un promedio mensual de 2 mil 429 expedientes (81 al día) y 2 mil 879 víctimas (96 al día).
Los números de la presente administración son 138% mayores a los que registró el gobierno de Felipe Calderón en sus primeros 30 meses (cuando ya había iniciado la llamada ‘guerra contra el narco’).
Mientras que, con relación con la administración de Enrique Peña Nieto, la cifra de la actual administración es 74 por ciento mayor, ya que con el priista hubo 41 mil 979 expedientes por homicidio doloso durante sus primeros 30 meses de gobierno.
Desde su campaña, hasta el momento, López Obrador se ha jactado de criticar a las administraciones pasadas por sus respectivos planes de combate y erradicación de la violencia en el país; alardeando que la estrategia de “violencia contra violencia” no servía de nada. Y el llegó a “revolucionar” este modus operandi, pues su lema es “abrazos y no balazos”.
La pregunta aquí es: ¿realmente está sirviendo abrazar a la delincuencia para aniquilarla?, la respuesta es no. De lo contrario, las cifras le darían la razón.
El asesinato en México es más complejo que la guerra contra el narcotráfico, el eje central de sus antecesores. Y, aunque la corrupción y sobre todo la impunidad sean incentivos para el asesinato, tampoco lo explican todo. No existen soluciones mágicas, ni siquiera rápidas, porque la violencia en México ya forma parte de su ser.
La violenta realidad mexicana requiere el reconocimiento legal y la protección de las personas desplazadas, un poder judicial independiente para investigar el vínculo entre el crimen organizado y la política, una policía bien entrenada y pagada en la que la comunidad pueda confiar y un paquete de medidas sociales a largo plazo para restaurar al país. Es lógico pensar que resolver un problema estructural de este tipo lleva más tiempo que el sexenio del gobierno de López Obrador, pero su objetivo debe ser sentar las bases para que un día cuando el alardee que “la situación está bajo control”, tenga algo de verdad.
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