El ser humano no debe perder la capacidad de asombro ante situaciones terroríficas que son consecuencia de la descomposición y putrefacción del tejido social en las sociedades de libre mercado.
Nos referimos al gran número de asesinatos y desaparecidos de las últimas dos décadas en nuestro país, donde los actos delincuenciales son manifestaciones macabras e inaceptables que evidencian el declive de una sociedad enferma, vacía e inhumana.
El Estado está completamente rebasado en su capacidad de prevenir y resolver la inseguridad, y su ineficacia solo perpetúa la crisis de violencia y descomposición social en México.
El Estado burgués, como aparato al servicio de la clase dominante, es un ente fallido, con una inseguridad atroz, un ascenso en las desapariciones, fosas clandestinas y cadáveres sin identificar. La corrupción en las instituciones judiciales, la burocracia y la incapacidad reinante permiten que la delincuencia controle el sistema.
Ante tan horripilantes actos, no se debe perder la capacidad de asombro ni la exigencia de justicia. Mientras no se ataquen de raíz los factores que influyen directamente en la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad, la marginación, el desempleo, la degradación de valores humanos, el consumismo, la drogadicción, la corrupción y la falta de acceso al arte y el deporte, estos problemas seguirán avanzando.
A esto se suma el fracaso de las estrategias de seguridad del gobierno de la 4T, que han demostrado ser ineficaces. Tal vez haya algún cambio por la presión del gobierno estadounidense, pero no se espera nada significativo.
Es necesario analizar de manera objetiva y profunda las causas de la violencia y sus posibles soluciones.
El número de desaparecidos en el sexenio de AMLO fue de 120 mil 628 personas, un promedio de 55 por día, resultado de la fracasada política de “abrazos, no balazos”. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cada día 25 menores de edad fueron reportados como desaparecidos o no localizados, lo que demuestra el alto índice de inseguridad que sufrimos las mayorías.
Además, los gobiernos locales padecen un deterioro grave en sus policías, fiscalías, ministerios públicos, sistema penitenciario y agencias de investigación. Todo el sistema de seguridad e impartición de justicia es una inmundicia que lastima y ofende a la ciudadanía, y nadie podría afirmar lo contrario.
Cuando la sociedad civil encuentra en las instituciones de justicia sólo corrupción e ineficacia, surgen grupos, organizaciones y fundaciones que intentan hacer el trabajo que el gobierno no hace.
Un claro ejemplo son las madres buscadoras, mujeres que han asumido la tarea de encontrar a sus seres queridos desaparecidos, recorriendo pueblos, montañas, ríos y ciudades.
Es una vergüenza gubernamental que, por incapacidad y complicidad, las autoridades no hagan su trabajo, obligando a estas valientes mujeres a realizarlo.
Los crímenes de la delincuencia organizada van en aumento: homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transporte, robo a casa habitación, robo a transeúnte y narcomenudeo.
La expansión de los grupos de narcotráfico y la producción y venta de drogas tienen en jaque a todos los niveles de gobierno. A esto se suma el consumo desmedido de alcohol: el 39.8 % de la población ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida (41.7 % hombres y 37.9 % mujeres), lo que demuestra el poder de una industria que genera miles de millones en utilidades mientras provoca muertes a diario.
Es urgente analizar todas las causas de esta crisis social que ha llevado a la proliferación de desapariciones y fosas clandestinas. El Estado está completamente rebasado en su capacidad de prevención y resolución de la inseguridad.
La falta de preparación de los policías, la deficiente coordinación interinstitucional, la carencia de inteligencia en investigación, la corrupción en la impartición de justicia, el mal uso de la tecnología y las fallidas estrategias de inclusión social han demostrado ser ineficaces.
Al final, queda claro que estos problemas son inherentes al sistema económico de libre mercado.
Urge un cambio profundo en la estructura social y económica que permita abordar y resolver estos problemas que están destruyendo a nuestra sociedad. Pero para ello se necesita una gran fuerza social educada y organizada que imponga una nueva forma de gobernar. Vaya que lo necesitamos.
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