Desde hace más de una década, en Guanajuato, la percepción de inseguridad por parte de la población va en constante aumento. Tres de sus ciudades se encuentran entre las 50 más violentas en el territorio nacional, donde, además, existe una impunidad casi total en los asesinatos, lo que sin duda demuestra que las estrategias de seguridad implementadas por las últimas dos administraciones estatales han fracasado y hoy tienen al estado como uno de los más violentos del país.
A la fecha, son más de cinco millones de jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar; situación que se agrava sobre todo en el caso de las mujeres.
Datos oficiales proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que, del 1 al 24 de febrero de 2025, la entidad sigue a la cabeza en homicidios dolosos ocurridos en la nación, donde más de la mitad de ellos se concentran en siete entidades federativas y Guanajuato alcanza un 15.4 %.
Todo esto mientras los gobiernos federal y estatal se lanzan acusaciones y responsabilidades sobre la terrible situación que se vive en la entidad, mientras la ciudadanía les demanda coordinación y resultados claros y precisos.
Como consecuencia de que se ha recrudecido la violencia en Guanajuato, la juventud estudiantil es de las más vulnerables, sobre todo en ciudades como Celaya, León e Irapuato.
La principal causa de muerte entre la población más joven son las agresiones, ya sea por arma de fuego a manos de grupos del crimen organizado o por armas blancas y hasta golpes. Sólo a manera de ejemplo, enlistaré algunos casos de violencia que han conmocionado a la población:
1. El 6 de junio de 2020, los jóvenes Diego Becerra, estudiante del Tecnológico de Celaya, y Arturo Lara, alumno de preparatoria, fallecieron en un ataque a un taller automotriz de Celaya, junto con otros dos jóvenes.
2. La madrugada del domingo 17 de diciembre de 2023, doce jóvenes fueron asesinados por un comando armado cuando celebraban una posada en una exhacienda en el municipio de Salvatierra.
3. El 3 de diciembre de 2023, seis jóvenes universitarios fueron torturados y asesinados por un grupo delincuencial y sus cuerpos sin vida fueron encontrados a espaldas de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato en el municipio de Celaya.
4. El estudiante de Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Celaya, Diego Landín Rivera, y su hermano fueron privados de la libertad para posteriormente ser encontrados sin vida.
5. El pasado 18 de febrero del año en curso, fue asesinado el joven Josué Ismael Yáñez, alumno del Tecnológico de Celaya. Trabajaba como Uber para poder pagar los gastos de su carrera.
Hace unos días, miles de estudiantes de distintas universidades en Celaya marcharon para exigir paz y justicia en la entidad, así como seguridad y justicia en el municipio.
La protesta recorrió las principales calles de la ciudad y culminó con un mitin frente a la Presidencia Municipal, donde entregaron al alcalde, Juan Miguel Ramírez Sánchez, un pliego petitorio con las demandas más sentidas de la comunidad estudiantil.
No hay duda, este es uno de los principales asuntos que requieren urgente atención por parte del gobierno que encabeza Libia Denise García Muñoz Ledo y el recién nombrado fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, quienes tienen la obligación de mostrar a la brevedad resultados claros y palpables que le devuelvan la tranquilidad y la seguridad a la población y en particular a la juventud guanajuatense.
Pero no debemos perder de vista que también a nivel nacional se tiene pendiente que se respeten y cuiden los derechos de los jóvenes, quienes en su mayoría viven en condiciones paupérrimas que impiden que tengan una vida digna y decorosa en pleno goce de sus derechos.
Actualmente, en el país casi la tercera parte de la población es joven y cuando menos el 40 % de ellos vive en situación de pobreza, y más del 50 % no tiene acceso a la seguridad social. A la fecha, son más de cinco millones de jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar; situación que se agrava sobre todo en el caso de las mujeres.
De tal manera que la discriminación es preocupante y se agrava por la violencia que se registra en todo el territorio nacional.
Las tareas del momento deben ser, en primer lugar, exigir a los gobiernos que garanticen la seguridad de nuestra juventud y, en segundo lugar, trabajar arduamente en su educación académica y política para proporcionarles las herramientas que les permitan sumarse activamente a la tarea de construir una sociedad más justa para todos.
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