Camiones repletos, transbordos a Metro y esperas desde las cinco de la mañana marcan el día a día de obreros y estudiantes, encadenando trayectos y enfrentando retrasos
El pasado 3 de enero se concretó el aumento en las tarifas del transporte público de Nuevo León. En una sesión integrada en su mayoría por funcionarios, la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad aprobó el llamado “tarifazo” de diecisiete pesos a las rutas del transporte público de Nuevo León. Este incremento al costo del pasaje ha pegado directamente a los bolsillos de los neoleoneses.
La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, integrada por el gobernador, Samuel García; el secretario general de Gobierno, Javier Navarro; el secretario de Finanzas, Carlos Garza; el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal; el director de Metrorrey, Abraham Vargas; el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, y representantes de las cámaras, Congreso y alcaldes, no veló por los intereses de los ciudadanos, sino que priorizó a los concesionarios del transporte. Este organismo es el encargado de tomar la decisión final con respecto al aumento en las tarifas del transporte.
El aumento del costo del pasaje coloca a Nuevo León como una de las entidades con el transporte público más caro del país, sólo antecedido por Baja California, cuyo costo es cincuenta centavos más caro. Otro de los estados con una tarifa cara es el Estado de México.
A pesar de que el incremento de la tarifa del transporte público es gradual, con miras a culminar en agosto de 2026, a un costo por pasaje de diecisiete pesos, ya afecta la economía de las familias.
Tomás Pérez es un trabajador de una fábrica que habita en el municipio de Escobedo; para trasladarse a su trabajo requiere de dos rutas diarias, tanto para acudir a su trabajo como para regresar a su hogar.
“El pasaje aumenta cada mes y parece que es un aumento mínimo, pero sí pega ya a la larga, además se arma un ‘trafical’, pues para salir en la mañana es un lío, hay que estar en la parada del camión antes de las 5 am para poder llegar al trabajo y el regreso ahí viene uno todo amontonado y también para llegar es otro problema porque los camiones a veces ya ni te quieren levantar de los llenos que vienen”, dijo en entrevista con buzos.
Por si fuera poco, comentó que en el trabajo no reciben aumento del salario, al contrario, “si llegamos tarde nos descuentan o perdemos el bono de puntualidad, ellos no se preocupan si uno llega tarde porque el camión no pasaba o estaba atorado en el tráfico, si no llegas a tiempo se desquitan con tu salario, no me parece justo. El gobierno debería considerar a los trabajadores pues en el trabajo no nos aumentan”, añadió.
El costo de un pasaje actualizado al mes de septiembre de este año es de quince pesos con 90 centavos, y el aumento mensual es de diez centavos, el cual seguirá aplicándose hasta agosto de 2026. De tal forma que el costo llegará a los diecisiete pesos por pasaje.
Pero el incremento no sólo se dio en las unidades de transporte público. También en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey; en este caso, el costo actualmente es de 9.40 pesos, precio que varía cada mes, pues también aplica el aumento de diez centavos mensuales, el cual seguirá el deslizamiento por mes hasta llegar a los quince pesos en mayo de 2030.
Tarifas al alza
De acuerdo con varios testimonios consultados por este medio, coincidieron en que el aumento mensual de diez centavos al costo del pasaje en el estado sí afecta a los usuarios. Aunque los integrantes de la Junta de Gobierno de Movilidad aseguran que el incremento es gradual, en los hechos, las familias tienen que destinar mayores recursos para movilizarse.
A la fecha, según Ulises Estrada, presidente del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco, quien retomó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que “la problemática en general tiene que ver principalmente con el impacto de la tarifa en el bolsillo del usuario, ya que, de acuerdo con las encuestas del Inegi, el transporte representa una buena parte de los gastos de una familia, hablamos de entre 14 % y 20 % de sus ingresos, pues los integrantes de una familia deben estar activos y deben trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de recreación, esto representa un gran gasto.
Finalmente debemos destacar que el transporte es el motor de la economía, por lo tanto, un incremento a la tarifa afecta a la población, y tiene un costo político que muy pocos están dispuestos a pagar”, mencionó.
En el órgano informativo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Estrada expuso que “los gobiernos, además de regular el servicio, deben incentivar al rubro a través de un subsidio o subvención; la movilidad es ya un derecho contemplado en la Constitución y deben existir las condiciones generadas por los gobiernos para que se pueda cumplir”.
Esto en el contexto de la discusión sobre el incremento al costo del pasaje que se da en varias entidades del país, ya que los concesionarios y empresarios del transporte justifican que tanto los insumos como las herramientas y, sobre todo, el incremento al costo del litro de gasolina o diésel hace insostenible mantener los precios actuales.
“Las tarifas que se manejan en la gran mayoría de las ciudades del país que tienen un perfil social y sin subsidios, es difícil que se cubran los gastos, pues se estima que el 23 % de los gastos de las empresas de transporte es para combustible que no ha dejado de subir, 26 % de los ingresos se va al pago de la unidad y entre 15 % y 25 % se destina a pagos de salarios, comisiones por operar las unidades de transporte, el resto queda a la administración, parte de lo que se destina a mantenimiento de unidades y reposición de neumáticos”, argumentó la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad en un texto de octubre de 2022 titulado “La interminable lucha por la tarifa del transporte público”.
Dieron el golpe
Con dieciséis votos a favor y cinco en contra, se avaló el aumento que parte de los quince pesos, implementado días antes por el mismo gobierno estatal.
Con un incremento mensual de diez centavos, que se dará durante veinte meses hasta agosto de 2026, la propuesta fue aprobada, dejando fuera la intención de aplicar una tarifa de castigo de veinte pesos, que se había propuesto para quienes paguen en efectivo.
A pesar de las manifestaciones en contra de ciudadanos, cámaras empresariales, comerciales y organismos civiles, el encargado de despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), Abraham Vargas, justificó que con estos incrementos estarían logrando una eficiencia en la prestación del servicio y un soporte del estado.
Por lo que la alternativa viable sería establecer un tope máximo de diecisiete pesos, según alegó el funcionario.
“Esta Dirección General propone que se ponga a votación y apruebe una tarifa máxima de diecisiete pesos para los servicios, con la aplicación del deslizamiento mensual y las condiciones de instrumentación sugeridas por el Comité Técnico, con la participación de las Cámaras y Organismos Intermedios”, señaló.
En una reunión presidida por Abraham Vargas, encargado del despacho del IMA, y Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, e integrada por representantes de las cámaras empresariales, alcaldes, organizaciones civiles y prestadores del servicio, se avaló el aumento a la tarifa del transporte urbano con dieciséis votos a favor y cinco en contra.
Siendo estos, los votos de los municipios de Escobedo, Santa Catarina, Consejo Cívico, la diputada Aile Tamez, como representante del Congreso de Nuevo León, y la Cámara de Comercio (Canaco).
Tras darse el aumento en las tarifas del transporte público, los usuarios manifestaron su rechazo al considerar que no existen las condiciones y no hay garantía de que el servicio vaya a mejorar, por lo que ocasionó diversas protestas y amparos.
Por su parte, los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) indicaron que buscarán ampliar las solicitudes de amparo que interpusieron por el aumento previo de doce a quince pesos en las tarifas de los camiones.
Al darse a conocer este nuevo aumento, el coordinador de los diputados priistas, Heriberto Treviño Cantú, resaltó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación admitió a trámite dos amparos colectivos.
Sin embargo, están analizando opciones legales para que los juzgados contemplen también el nuevo aumento gradual, que eleva la tarifa a diecisiete pesos.
En un video compartido en sus redes sociales, Treviño Cantú calificó como positiva la admisión de los amparos, al considerarla un avance en la lucha para revertir el llamado “tarifazo”. “Un juez federal ya dio entrada a dos amparos colectivos que promovimos desde noviembre pasado, esto es una señal positiva de que las autoridades judiciales pueden intervenir ante una ilegalidad, como fue el incremento de doce a quince pesos sin previo aviso y fuera de la ley”, declaró.
Asimismo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Rocío Montalvo, expresó su malestar por el impacto negativo que esta medida ocasiona en los ciudadanos, especialmente en los sectores más vulnerables. “Desde que inicié como activista, luego como funcionaria de movilidad, y ahora como representante en el Congreso, lo he dicho fuerte y claro: no puede haber aumento sin garantías para el usuario. He rechazado todos los aumentos sin beneficios directos y visibles”, recalcó.
A estas declaraciones por parte de los legisladores locales, se sumaron las de cámaras empresariales como la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), que, en voz de su representante, Jesús López, pidió que las sesiones de la Junta de Gobierno no se realicen en días inhábiles para muchos y que haya una evaluación intermedia, en la que, si no se cumplen las condiciones impuestas por las cámaras empresariales, se eche para atrás el desliz de los diez centavos mensuales.
“Si no vemos la mejora del servicio, si la dinámica de implementación no está conforme al plan, no tendríamos que continuar con ese desliz”, subrayó.
Por su parte, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, se pronunció en contra del aumento, manifestando que esto es un golpe a la economía de las familias. “Finalmente, le vas a estar dando un zape cada mes, no son diez centavos ni son cinco pesos, son miles de pesos y cuentas a una familia que se mueve todos los días en transporte público. Van a tener que destinar tres o cuatro meses al año al transporte público, no es la mejor solución, creo. Yo creo que ustedes han mostrado una solución integral, porque yo la he visto, que no está aquí planteada en la Mesa y están trasladando el problema a la casa, porque esto va a llegar a la casa, porque la gente tiene necesidad el transporte, no es un lujo es una necesidad”, insistió.
En este sentido, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, pidió hacer énfasis en el deslizamiento para evitar confusiones con respecto al aumento que se está planteando en las tarifas del transporte público. “Si aprobamos la tarifa de diecisiete pesos, puede haber confusión con los chóferes. Que quede claro que lo que se está probando es un deslizamiento de diez centavos. Hay que manejarlo en esos términos para que no haya confusión con los usuarios ni con los chóferes”, planteó.
A partir de la aprobación del aumento en las tarifas del transporte, las manifestaciones de la Alianza de Usuarios del Transporte Público y el Colectivo Voz de los Usuarios han sido permanentes, realizando marchas y bloqueos en las principales avenidas de la ciudad. Esto, en oposición al incremento de la tarifa.
Rechazan el aumento
En entrevista con Buzos, el señor Fernando Hernández Hernández, habitante del municipio de El Carmen en la zona de la Alianza Real, dijo que el aumento al transporte público ha afectado a la economía de su familia, pues él tiene que tomar dos camiones y el metro para llegar a su trabajo, lo que le ocasiona un gasto considerable.
“El metro actualmente cuesta todo este mes la cantidad de 9.40 pesos un boleto y el camión cuesta 15.90 pesos, yo tomo dos camiones y el metro; sumando, el gasto tan sólo para llegar a mi trabajo es de 41 pesos y 20 centavos, es el costo para llegar y ya con el regreso serían 50 pesos aproximadamente diarios de pasaje, multiplicados por los siete días serían casi los 200 pesos por puro pasaje. Los salarios no son tan buenos y ahora el gasto por pasaje es más caro”, destacó.
En este mismo sentido, Gilberto Sandoval Torres, quien es estudiante de preparatoria, dijo en entrevista con este medio que “los pasajes han aumentado mucho, está medio escondido el aumento, pues cada mes se aumentan diez centavos y parece como si no aumentara, la realidad es que sí. Algunos camiones te cobran y no te hacen válido el cobro, te roban tu saldo. Yo tomo un camión y el Metro todos los días y genera un gasto más o menos elevado, a veces ya no completo para mi lonche, porque si me gasto el dinero ya no me puedo regresar a mi casa. Sí deberían considerar a los estudiantes, nosotros aún se nos complica conseguir un empleo por los horarios, la prepa me absorbe casi todo el tiempo con las clases y tareas”, argumentó.
Si bien los concesionarios han adquirido nuevas unidades, la crisis de movilidad continúa en las avenidas principales, generalmente del estado, ocasionada por el regreso a clases, con llegadas tarde y accidentes por el tema de movilidad.
“Los usuarios tienen que concientizar sobre las afectaciones que tiene para las familias estos aumentos y la necesidad de expresar su rechazo al gobierno del estado”, señaló Jaime Noyola, de la Alianza de Usuarios del Transporte Público. Instó a alzar la voz y rechazar la tarifa elevada.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario