A las cuatro y media de la mañana, cuando Ciudad Guzmán aún está a oscuras, Roberto Romero Abrego ya camina hacia el libramiento para llegar a su centro de trabajo. La colonia Antorcha Popular 1 queda atrás, silenciosa, con apenas algunas luces encendidas. El trayecto que tiene por delante es el mismo de todos los días: un camino lleno de baches, desniveles y tramos peligrosos que han provocado accidentes y daños vehiculares. Esa es la razón por la cual las empresas transportistas se niegan, desde hace años, a ingresar a la colonia.
Roberto, trabajador de la construcción, calcula bien sus tiempos. Si no sale antes del amanecer no llega a las siete al trabajo. Caminar es su única opción. Afuera, el frío cala más que el sueño; la oscuridad, como siempre, le recuerda que su jornada empieza mucho antes de que alumbre el sol.
Desde la puerta de su casa puede ver, a lo lejos, el tramo que conecta con el libramiento: un camino marcado por parches viejos y hundimientos que ya no engañan a nadie. Para Roberto, ese acceso es la frontera entre su hogar y el salario del día.
Mientras avanza, el silencio apenas se quiebra con el ruido de sus pasos o el ladrido de algún perro madrugador. Los conductores del transporte público han dejado claro que no vale la pena entrar: demasiados baches, demasiado riesgo y muy poca ganancia. Aunque hay transportadores de Uber que se animan a ir a la colonia, los vecinos no cuentan con ingresos para alquilar el servicio. A veces consigue un aventón; otras, como hoy, sólo cuenta con sus pies.
Y no es el único. Aunque la penumbra los esconda, decenas de trabajadores agrícolas, albañiles, empleadas domésticas y estudiantes repiten el mismo ritual. Lo hacen todos los días porque no hay de otra.
La historia de Roberto se replica en muchas ciudades del país. Desde Tijuana hasta Mérida, miles de familias viven en colonias donde no hay accesos y el transporte público es un lujo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha insistido que la pobreza no es sólo falta de dinero; también es no poder llegar a tiempo al trabajo, no tener caminos seguros, no contar con servicios básicos.
En Jalisco, esta problemática se observa con claridad en diversas ciudades medias y grandes. Un caso emblemático es la colonia Antorcha Popular 1 de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, donde el deterioro del acceso principal ha derivado en la inexistencia de transporte público y afectaciones directas a cientos de familias, especialmente trabajadores agrícolas, de la construcción, estudiantes y amas de casa.
El diagnóstico del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco revela que Zapotlán el Grande presenta rezago social y carencias en servicios básicos, los indicadores son especialmente alarmantes: 78.3 por ciento de las viviendas no tienen agua entubada, 25.6 por ciento tienen piso de tierra y 22.7 por ciento no cuentan con refrigerador. Datos que podrían pertenecer a regiones remotas, pero están aquí, en una ciudad considerada motor económico del sur del estado.
Ante esta realidad, el Movimiento Antorchista en Jalisco entregó a finales de 2024 un pliego petitorio al gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus Navarro, en el que solicita, entre otras demandas prioritarias, la reconstrucción completa del acceso a la colonia, y no sólo acciones de bacheo.
Mientras la solicitud permanece estancada en los archivos del Palacio de Gobierno, los habitantes de la colonia, incluidos trabajadores como Roberto, señalan que recurrirán a los medios a su alcance para exigir la atención de sus demandas, las cuales consideran justas como urgentes, pues la desigualdad no solo está en el bolsillo, sino en el suelo que pisan cada día.
La situación que vive esta colonia en Ciudad Guzmán debería llamar la atención de las autoridades estatales: la precariedad en la infraestructura y la movilidad no es un problema aislado, sino una cuestión estructural que persiste en Jalisco, afectando principalmente a los hogares más vulnerables y exacerbando la desigualdad.
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