Para entrar en contexto, a petición del mandatario estatal, los diputados del Congreso de Quintana Roo le aprobaron créditos millonarios, recursos que serán pagados por la ciudadanía. Los argumentos sobran, pero para acceder al empréstito, se dijo que “urge ayudar a los pobres con infraestructura social, es decir, la construcción de obras en las colonias y comunidades de los 11 municipios de la entidad y otras obras de caridad”. 

Recordaré que, a finales de 2020, el Senado de la República realizó un estudio de los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, y reveló la alarmante situación de cinco Estados del país que sobresalieron por su alto nivel de deuda y en la que Quintana Roo ocupó, en ese entonces, el deshonroso segundo lugar. Aquí resaltaré que sólo en 2020, el gobierno estatal solicitó siete créditos por la exuberante cantidad de cuatro mil millones 945 mil pesos, ¿a dónde fue a parar toda esa cantidad de dinero? Sólo resta decir que esos recursos no se reflejaron en obras, servicios básicos y menos en ayuda para contrarrestar la miseria que ocasionó la pandemia. 

En Quintana Roo, poco más de 811 mil ciudadanos cuentan con un trabajo, sin embargo, las condiciones en las que se desempeñan no son las más adecuadas. Por otro lado, únicamente 181 mil lo hacen en condiciones de formalidad y, además, ganan lo suficiente para cubrir sus gastos, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

Mientras el estudio “Semáforo de Trabajo Digno”, realizado por Frente a la Pobreza, la región sureste del país, registró un porcentaje elevado de personas que no pueden comprar con su salario la canasta básica, es decir, no les alcanza para adquirir los productos indispensables para que los integrantes de la familia tengan seguros sus tres alimentos del día. Sin embargo, el Ejecutivo estatal y federal tampoco implementó programas emergentes que ayude a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores quintanarroenses.

La iniciativa ciudadana del Semáforo de Trabajo Digno “es un llamado de atención sobre la exclusión y la precariedad laboral que predomina y afecta el conjunto de la economía y la sociedad. Mientras las personas con trabajo precario sean más que las que tienen condiciones mínimas decentes y las personas excluidas sean más del 20 por ciento del total de la población productiva potencial, el semáforo estará en rojo”, situación en la que se encuentra Quintana Roo, donde unas 607 mil personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, además que los ingresos que tienen no alcanzan ni para garantizar la alimentación de una familia.

Si bien es cierto que una de las condiciones mínimas para que un trabajador pueda tener una vida digna es que cuente con seguro social y con un ingreso suficiente para que por lo menos pueda adquirir los productos de la canasta básica, en Quintana Roo las políticas implementadas para la atención a los trabajadores no son eficientes, toda vez que están lejos de tener las condiciones de vida digna y de calidad.

El mismo organismo menciona que esta situación podría empeorar en la entidad y alcanzar tasas de desempleo de hasta 15.7 por ciento, aunado a que actualmente 103 mil personas están sub ocupadas. Por lo cual se considera necesario mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para protegerlos de despidos y de salarios injustos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ya que al menos 64 por ciento están sin contrato estable.

En 2019, alrededor de un tercio de la población quintanarroense, recibió un ingreso que no le alcanzó para adquirir los productos de la canasta básica, agudizando la pobreza para 2020, porque el 43 por ciento de los trabajadores percibieron un ingreso que era inferior e insuficiente para comprar lo esencial para sostener la alimentación de la familia y este 2022 no fue la excepción, la situación se agravó más día a día. 

Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca de 314 mil familias de Quintana Roo ganan apenas lo suficiente para costear sus necesidades básicas de alimento, casa, transporte y servicios, por lo que los priva de un fondo de ahorro para enfrentar eventualidades, y así permite acelerar la recuperación económica del Estado. En síntesis, el Inegi manifiesta que esta situación afecta a siete de cada 10 hogares de la entidad, aunado a lo anterior, la pandemia de la Covid-19 agravó aún más la situación, pues derivado de la crisis económica generada, al menos 48 mil familias se sumaron a los 266 mil que vivían al día. 

Por todo lo anterior, urge en Quintana Roo la consolidación de empleos y que estos sean bien remunerados, además de frenar el desplome salarial de los ciudadanos que ven con alarma la grave situación económica que enfrenta el país y el Estado, así como la incapacidad de los tres órdenes de gobierno, quienes no han podido frenar el desempleo y crear opciones de ayuda a las familias que más lo requieren; y lo peor es que el poder adquisitivo es insuficiente para obtener los productos esenciales de la canasta básica, a fin de que las familias quintanarroenses no se mueran de hambre.

Por si eso fuera poco, ahora el estado de Quintana Roo es considerado el segundo en el país con los peores ingresos para vivir, pues según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2020 el 27 por ciento de los quintanarroenses percibieron un salario que les impidió acceder a la totalidad de los productos de la canasta básica, principalmente carnes rojas, precios que hoy están por los cielos. 

Sin duda alguna es una triste realidad que las autoridades no revelen y traten de ocultar, cómo esta situación cada vez se agrava, pues así lo revelan datos del propio Coneval, lo que dificulta adquirir productos de primera necesidad, pues sólo al 30.1 por ciento de la población le alcanza para ello.

La falta de trabajo, la lenta reactivación económica, el cierre de empresas grandes, medianas y pequeñas, así como de múltiples prestadores de servicios, ocasionó el despido de miles de personas, otras más padecieron el recorte de sus ingresos al grado que hoy se declaran en quiebra.

Todo esto sorprende y preocupa mucho, porque la economía está paralizada y mientras las autoridades gubernamentales contraen deudas y más deudas a nombre de los pobres, sabemos bien que sólo es para beneficio de los amigos del gobierno y no es verdad que tomen las medidas adecuadas para ayudar a los trabajadores en general, ni que hagan obra social como pretenden hacernos creer. 

Pero endeudar al Estado no solucionará la crisis de la que aún no hemos podido salir. De ahí la importancia que se exija claridad en los recursos autorizados por el Congreso estatal, porque se dijo que es para obra y servicios públicos y así debe de ser. Por otro lado, ya no se puede comprar la canasta básica o inclusos alimentarse adecuadamente; esta situación debe ser un motivo más para que los trabajadores y el pueblo en general se organicen y luchen por lo justo y el Movimiento Antorchista, como siempre, tiene las manos tendidas para que juntos logremos esa justicia social.