El estado de Zacatecas es una de las entidades del centro norte de México castigadas severamente por la sequía, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Actualmente, el 96.2 % del territorio estatal presenta algún grado de afectación por la falta de lluvias.
A finales de abril, el número de municipios zacatecanos en condiciones de sequía moderada creció de 26 a 34. El resumen es: tres demarcaciones están clasificadas en sequía severa, 31 en sequía moderada y 24 en condiciones anormalmente secas.
El gobierno protege a las grandes empresas a costa del agotamiento del agua y la salud de la población, mientras carga la responsabilidad a los ciudadanos comunes.
De acuerdo con la clasificación que maneja Conagua, los territorios con sequía severa se caracterizan por probable pérdida en cultivos, alto riesgo de incendios, escasez de agua y la necesidad de imponer restricciones en el uso del líquido. Esto es un problema muy serio que afecta directa o indirectamente a todos los zacatecanos.
Cada año, en la temporada más calurosa y seca, crece la preocupación ciudadana que se manifiesta principalmente en redes sociales, donde se hace el llamado a cuidar el agua, no tirar basura y sembrar árboles como medidas urgentes para remediar el problema.
Lo malo es que estas acciones son de alcance doméstico, que no son despreciables, pero resultan insuficientes. Estas buenas intenciones evidencian que se requiere una visión global que recae como responsabilidad del gobierno mundial, mayormente capitalista, cuyo único interés es la ganancia y riqueza de particulares, sin importar la destrucción del planeta.
Si los gobernantes del mundo, México y Zacatecas se ocuparan prioritariamente de las afectaciones climáticas sobre la raza humana y el daño permanente a la naturaleza, podrían remediarse muchas cosas, pero eso significa enfrentarse a los hombres del dinero, como los de Grupo Modelo y otras empresas que consumen el agua de los zacatecanos.
A ellos no se les toca; al contrario, se les protege con el argumento de que sus industrias crean empleos y generan prosperidad. Sin embargo, ya urge poner en una balanza el costo-beneficio de la producción de cerveza cuando se está acabando el recurso para el consumo humano.
La propaganda oficial, a cargo del gobierno y los empresarios, hace responsables a todos los ciudadanos por igual, pero esto es un engaño. Es una forma de repartir entre todos la responsabilidad de quienes han sobreexplotado los recursos naturales a cambio de riqueza material que en muchas ocasiones va a parar a cuentas de extranjeros.
Mientras tanto, el resto de la población —salvo los trabajadores de estas empresas— se conforma con disfrutar la cerveza que genera un gran número de alcohólicos, accidentes de tránsito por el consumo de sus bebidas y enfermos de cirrosis hepática como consecuencia de estas empresas exitosas.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 30 de abril que se revisarán todas las concesiones de agua existentes en el país y se atenderán especialmente los casos de uso irregular y acaparamiento por políticos y empresarios; sin embargo, es con ellos precisamente donde los gobiernos se han topado con pared, pues nunca se ha sabido que se hayan cerrado plantas cerveceras, refresqueras u hoteleras, a pesar de la evidente sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación de ríos o lagunas.
No hay duda de que la actividad humana ha contribuido a la modificación del entorno por la necesidad de sobrevivencia, pero en los últimos tiempos se ha abusado de los mares para navegación y tránsito de mercancías, se han desviado ríos para canalizar agua a tierras de cultivo; se ha modificado la genética de especies vegetales y animales para obtener mayores beneficios; el hombre ha cavado grandes túneles en busca de oro y otros metales para convertirlos en mercancías y obtener dinero.
Los ricos de México están de acuerdo en que la 4T entregue dinero en efectivo a los mexicanos empobrecidos, recursos recaudados mediante impuestos de todos los contribuyentes al SAT, pero no permiten que se toque su ganancia. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra y amigo personal del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a pagar millones a Hacienda y no hay poder humano ni divino que lo someta.
Ante la crisis, el gobierno federal ha estado aplazando la construcción de la presa Milpillas. El exmandatario prometió esta obra desde que inició su gobierno en 2018, y con la actual mandataria se considera un proyecto prioritario que empezará en agosto, pero con una condición: que todos estén de acuerdo, porque no se hará a la fuerza.
Con una inversión de 8 mil 900 millones de pesos, la obra beneficiaría a más de medio millón de habitantes del corredor industrial que abarca desde Fresnillo hasta Guadalupe. Ahora hay que esperar que los operadores del gobierno convenzan a los ejidatarios de los beneficios particulares y sociales de esta magna obra. Mientras tanto, los ciudadanos responsables debemos seguir aplicando y aprendiendo la cultura del agua hasta que los poderosos terminen con los recursos de todos.
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