La situación laboral en el país se evidenció más durante la pandemia por covid-19 y los antorchistas lo hemos subrayado en varias ocasiones, tras advertir la nula atención por parte de las autoridades federales que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
La decadencia laboral durante los últimos tres años, desde que entró el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ha sido su preocupación ni mucho menos lo ha combatido, al contrario, sólo escuchamos la politiquería y sermones falsos de la actual administración.
Ante ello, el trabajo formal se ha integrado en la fila de la desaparición, lo que conlleva que la calidad de vida y el poder adquisitivo de los mexicanos, cada vez se asoma al ras del suelo. En México y el mundo entero, el ámbito laboral se divide en dos categorías, mismas que se definen en el nivel de búsqueda de un sustento familiar.
La primera, el trabajo informal, que es la manera de conseguir el alimento a través del ambulantaje o de empleos no en regla; es decir, buscar el mecanismo de llevar comida sin importar la forma laboral para conseguirlo. Es también de mencionarse, que los que integran este sector, no tienen un sueldo que los respalde, lo que agrava la situación integral de las familias. Si bien, la falta de servicios en sus hogares les afecta, el no tener recursos para el pan de cada día surge en mayor desgracia.
Mientras que el trabajo formal está colocado en las cifras menos desarrolladas, puesto que la integración cuantitativa se reduce sólo a una minoría de la población económicamente activa. Además, el fruto de la labor dentro de este sector, después de las jornadas laborales, que se convierte en poder adquisitivo, no cubre en totalidad, así como el recurso monetario para adquirir los bienes materiales, espirituales y servicios más elementales que los integrantes de una familia necesitan.
El empleo formal es el sector (en supuesto) que garantiza la protección del trabajador, por cualquier suceso inesperado (más concreto, su amparo de seguridad e integridad social), además, la que “permite adquirir un abasto suficiente en la canasta básica, que cierta realidad no se refleja en un gran número de la población trabajadora.
El estado de Yucatán, por ejemplo, es la entidad con más índice de precariedad laboral en la península, lo que significa, que es donde existe mayor número de habitantes que carecen de seguridad social, así como un ingreso para la canasta básica.
La Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza declara que la cifra del estado de ciudadanos sin prestaciones laborales de ley es de 788 mil yucatecos, lo que confirma que, en la entidad, el empleo también es una fábrica de pobreza, y que las condiciones de trabajo en el sureste mexicano son las más precarias.
Entre los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, concentran 11 millones de mexicanos con trabajos precarios, y 7.1 millones de personas están excluidas de las actividades laborales, ya sea por desempleo o por trabajo no remunerado.
La realidad a nivel nacional refleja que un 35.3 millones de personas tienen trabajos precarios, 24.6 millones están excluidas en las actividades laborales y sólo nueve millones cuentan con trabajo formal.
El estado de Quintana Roo lidera el listado de la población económicamente activa que está excluida de las actividades laborales, con 371 mil personas, sobre la cifra de 344 mil de Yucatán y 149 mil de Campeche.
Es por ello que reiteramos a toda la población que la recuperación económica y social no es una realidad en nuestro país como se nos ha pintado y que, además, no se plantea su solución. Las administraciones actuales se reducen a la planeación de las “inversiones”, y no en la integridad del pueblo que trabaja. Si seguimos en el rumbo en el que vamos, Yucatán y México se convertirán en un socavón donde por más que busquemos, no hallaremos nada.
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