Hoy en día, el campo mexicano enfrenta una severa crisis. En el marco de los cambios políticos y económicos relacionados con la inserción de México en la globalización neoliberal, particularmente con la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el campo ha aumento de manera constante la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales.
Asimismo, se observa un severo decaimiento en la producción de alimentos y paralelamente una disminución sostenida de la cantidad de empleos. En este contexto, en el transcurso de los últimos lustros se ha consolidado una erosión generalizada del campo, y es en el sector agrícola en el que más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social a nivel nacional.
Tenemos como riqueza natural 26 millones de hectáreas de tierra cultivable; alrededor de 22 millones cultivadas: 26 por ciento de riego y 74 por ciento de temporal; apenas 18 millones; pero el éxito de la agricultura exportadora ha beneficiado sólo al gran capital, a una élite de grandes empresarios, muchos de ellos extranjeros, pero para los campesinos y pequeños propietarios los dejan en el abandono.
Este adverso escenario remite fuertemente a cuatro complejos procesos de deterioro socioeconómico y político del sector rural que se han agudizado en los últimos años. Por un lado, la acelerada y creciente falta de apoyos, subsidios y políticas oficiales de desarrollo e incentivación de la actividad productiva de los diversos sectores y grupos agropecuarios, principalmente al subsector agrícola de las comunidades indígenas, los campesinos y pequeños productores. Por otra parte, las recurrentes caídas de los precios de los productos agrícolas clave como el maíz, fríjol y café, en los mercados nacionales e internacionales, situaciones que acentúan la inestabilidad de la producción agrícola relacionada a la precariedad y pauperización de las poblaciones rurales.
En condiciones de pobreza, los escasos subsidios a la producción y subsidios al consumo; y las cosas se agravan, pues esta administración dedica en lo fundamental al asistencialismo y reduce programas de impacto productivo. Quitó los escasos programas del gobierno que existían, con el simple pretexto de que había mucha corrupción.
En el caso de Durango, nos encontramos en esta misma situación, que a nivel nacional no hay apoyos para el campesino, la gran mayoría son parcelas de temporal.
Entonces qué necesitamos para garantizar las cosechas de los campesinos; organizarnos todos y así tomar el control político, para de esa manera poder mejorar el campo mexicano. Promover un programa nacional de producción de semillas, actividad dominada por las transnacionales. Reforzar los servicios de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Promover la producción nacional de maquinaria agrícola: las empresas productoras son extranjeras, así como las de pesticidas y fertilizantes, importamos 77 por ciento del consumo nacional.
Y, además, garantizar un salario bien remunerado y condiciones humanas a los jornaleros agrícolas. Aplicar una política de auténtica reciprocidad en los tratados comerciales. Eso es lo que tenemos que hacer
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