En el corazón del norte mexicano, Durango enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente: la escasez extrema de agua. Los datos oficiales son alarmantes: según el último reporte del Monitor de Sequía en México (MSM), el 87 % del territorio estatal presenta algún grado de estrés hídrico, con quince municipios en condición de sequía extrema.
Los registros de la Comisión Nacional del Agua no dejan lugar a dudas: Durango acumula cuatro años consecutivos con precipitaciones por debajo del promedio histórico, y los efectos son visibles en todos los sectores.
A pesar del discurso oficial que prometía soluciones a través del Plan Hídrico Nacional, implementado por el gobierno federal, la realidad en Durango dista mucho de mostrar mejoras. La magnitud de un problema que está rebasando la capacidad de respuesta institucional ha dejado a miles de duranguenses en situación de vulnerabilidad.
Los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no dejan lugar a dudas: Durango acumula cuatro años consecutivos con precipitaciones por debajo del promedio histórico, y los efectos son visibles en todos los sectores.
En el agrícola, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reportó en 2023 una caída del 30 % en la producción de cultivos básicos en el semidesierto duranguense; municipios como Cuencamé, Peñón Blanco y Simón Bolívar, tradicionalmente productores de frijol y maíz, han visto desaparecer sus cosechas.
Pero el problema va más allá de lo económico: en comunidades rurales de San Juan del Río, Nazas y Rodeo, el acceso al agua potable se ha convertido en un desafío diario. Los habitantes tienen que recorrer hasta diez kilómetros para conseguir agua, que muchas veces ni siquiera es apta para consumo. Los sistemas de pipas, implementados como medida emergente, resultan insuficientes y llegan con irregularidad.
El sector ganadero, pilar de la economía duranguense, también sufre las consecuencias: según datos de la Unión Ganadera Regional de Durango, se reportó en 2024 la muerte de más de 5 mil cabezas de ganado por falta de agua y pastos.
Cuando en 2023 el gobierno federal anunció con bombo y platillo el lanzamiento del Plan Hídrico Nacional, muchos campesinos duranguenses albergaron esperanzas; sin embargo, dos años después, los resultados son decepcionantes. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicado en enero de 2025 revela que de los 32 proyectos hídricos comprometidos para Durango, solo cinco han sido completados.
La organización civil Agua para Todos ha documentado múltiples fallas en la implementación. “En 2024 se perforaron quince pozos en zonas rurales sin estudios hidrológicos previos. Hoy, ocho de ellos ya están secos”, afirmó Luis Hernández, coordinador de esta organización.
Además, el presupuesto asignado a Durango para proyectos hídricos sufrió un recorte del 20 % en 2025, pasando de 350 a 280 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda.
La infraestructura existente tampoco recibe mantenimiento adecuado: tan solo el Sistema de Presas de la entidad, que incluye las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, opera a apenas el 35 % de su capacidad, según reportes de Conagua. Es un círculo vicioso: no hay agua porque no llueve, pero tampoco hay infraestructura para almacenarla cuando llegan las pocas lluvias.
La crisis hídrica en la entidad ha evidenciado graves fallas en la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Mientras el gobierno federal argumenta que las autoridades estatales no presentan proyectos viables, el gobierno estatal asegura que los recursos no llegan completos o llegan tarde.
La opacidad en el manejo de recursos ha sido otro problema recurrente, pues en 2024 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación por la presunta desviación de 47 millones de pesos destinados a proyectos hídricos en el estado. Aunque el caso sigue abierto, ha generado desconfianza entre la población.
Los municipios, por su parte, carecen de capacidad técnica y financiera para enfrentar el problema, pues, a pesar de que llegan quejas de la ciudadanía, los ayuntamientos no tienen capacidad de solucionar los problemas por falta de recursos.
La situación hídrica ha dejado de ser un problema ambiental para convertirse en una crisis humanitaria y las cifras hablan por sí solas: 87 % del territorio estatal en estrés hídrico, quince municipios en sequía extrema, 30 % de pérdidas agrícolas, miles de cabezas de ganado muertas y un largo etcétera.
El Plan Hídrico Nacional, en su implementación actual, ha demostrado ser insuficiente para atender esta emergencia. La falta de infraestructura adecuada, los recortes presupuestales, la descoordinación institucional y los casos de corrupción han creado una tormenta perfecta que está afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.
Mientras las autoridades discuten responsabilidades, los duranguenses siguen esperando soluciones concretas. El tiempo de actuar era ayer.
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