El día 13 de octubre de 2020, en la ciudad de Chetumal, un nutrido grupo de campesinos de la comunidad de Maya Balam, municipio de Bacalar, encabezados por el Comité Estatal del Movimiento Antorchista de Quintana Roo, que dirige el Ing.Daniel Osorio García, ofrecieron una rueda de prensa a los medios locales de comunicación, con la finalidad de dar a conocer la problemática que vienen enfrentando en los diversos municipios donde realizan trabajo organizativo y de gestoría social, y en particular, la grave situación que viven los campesinos (ex-refugiados guatemaltecos) de Maya Balam, quienes vienen dando una lucha importante por la regularización de 3,150 hectáreas de tierras que la ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados), les compró para el establecimiento de su comunidad.
Hay que recordar que las más de 270 familias, que huyeron de los estragos de la guerra civil en su país, recibieron la solidaridad del pueblo y del gobierno mexicano, así como de todo el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien proporcionó tierras suficientes para la fundación de un nuevo centro de población.
Luchan también por la recuperación de las concesiones de transporte público que el gobierno del estado de Quintana Roo les otorgó, para beneficio de todos los campesinos, pero que por medio de artimañas legaloides, seguramente con apoyo de algunos funcionarios públicos de pasadas administraciones, un grupo minoritario de la comunidad encabezados por Emiliano Calmo se apoderaron de dichas concesiones conformando una cooperativa de transporte público con familiares e incondicionales que no rebasan las 40 familias.
Y también luchan por la liberación de dos de sus compañeros Pedro Ramos Diego y César Jacinto González quienes, a raíz de la violencia que se ha desbordado a causa de la falta de una intervención y mediación efectiva por parte de las autoridades estatales, llevan ya 8 meses privados de su libertad y se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Chetumal, pues los responsabilizan injustamente de los hechos violentos ocurridos en esa comunidad, registrados a principios de este año, sin que hasta el momento se haya comprobado fehacientemente dichas acusaciones.
Lo que sí es cierto es que la problemática en ese lugar ya lleva varios años y ha sido planteada ante las autoridades estatales competentes que solo se le han dado manejo político.Recuerdo muy bien una reunión sostenida con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la administración del ex-gobernador Roberto Borge Angulo, que, por cierto, nunca tuvo el tiempo y la amabilidad de recibirnos en audiencia para plantearle directamente ésta y toda la problemática que desde hace varios años existe.
En dicha reunión se plantearon los 2 problemas que han originado todo este conflicto:
1). La agilización de los trámites, por parte del Gobierno del estado, para dar certeza jurídica, en calidad de propietarios, a la mayoría de los campesinos que desde entonces se dedican a trabajar solo pequeñas parcelas en el cultivo de hortalizas, que salen a vender a la zona norte del estado, con muchas dificultades, pues no cuentan con unidades de transporte propios, ya que las 9 concesiones las está usufructuando el mismo reducido grupo de personas que han provocado los conflictos al no querer llegar a acuerdos con la mayoría de la comunidad.
2). Que el beneficio generado por el usufructo y trabajo de las 9 concesiones de transporte público multicitadas, se informe y distribuya equitativamente entre todos las familias fundadoras de la comunidad.
La respuesta, en ese entonces fue que, en el primer punto, se apoyaría a la comunidad con proyectos productivos para que de manera comunitaria trabajaran las tierras y el beneficio fuera también colectivo, y no como ocurre actualmente, que ese grupo minoritario tiene acaparadas las mejores tierras dedicadas a la ganadería y los beneficios de esos programas gubernamentales son solo para un reducido grupo de personas y sus familias.
Con relación a las concesiones de transporte, en ese entonces el compromiso de las autoridades fue "convencer a la otra parte" para que aceptaran incluir a todos los demás pobladores a ser parte de la cooperativa de transporte que usufructúa las 9 concesiones otorgadas por el gobierno, pero eso solo quedó en promesas.
Los integrantes del Comité Estatal Antorchista, encabezados por su dirigente estatal, Ing.Daniel Osorio González, manifestaron la urgente necesidad de atender las demandas más importantes de las colonias y comunidades rurales de los diferentes municipios del norte, centro y sur del estado, tales como Tulum, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P.Blanco; en los cuales se demandan la aplicación de programas de apoyo a la vivienda, de insumos agrícolas, despensas de productos básicos, arreglo de caminos, electrificación de colonias, entrega de los lotes para vivienda a las familias humildes en Benito Juárez, entre otras.
En ese sentido, manifestamos que, de ser necesario, también se movilizarán los antorchistas de Cancún, en las principales calles de este importante polo turístico, con un contingente numeroso de compañeros, para solicitar públicamente al gobernador del estado, el cumplimiento de los acuerdos como es la entrega en compraventa de lotes para vivienda, a un precio justo y con facilidades de pago, para familias que fueron desalojadas el 16 de marzo de 2017 de sus humildes viviendas, ubicadas en lo que se conocía como "Colonia El Fortín", en la región 237 de la ciudad de Cancún (a un costado de la Universidad de Caribe).
Ojalá que al gobernador Carlos Joaquín le entreguen completa la síntesis de prensa diariamente para que se entere de lo manifestado en esta rueda de prensa para que tome cartas en este asunto y no sea necesario salir a manifestarnos a las calles de Cancún y Chetumal, y que por fin sean cumplidos los acuerdos e indicaciones del gobernador, pues nuestros compañeros han tenido toda la paciencia del mundo y ya es justo que se resuelvan las añejas demandas de los antorchistas.
Si las autoridades en turno, en las que la ciudadanía confió y aún confía, hacen justicia y no se vuelven cómplices de intereses mezquinos y caciquiles, entonces se hará realidad la premisa de que se trata, verdaderamente, de un gobierno del cambio, que por fin haría justicia a más de 200 familias que lo único que piden son mejores condiciones de trabajo y certeza jurídica de sus tierras para desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas, para poder ofrecer mejores productos que, como a muchos nos consta, llegan a vender en los tianguis de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal.
De no ser así, se tratará de omisiones gubernamentales graves, que pueden desencadenar hechos violentos de mayor magnitud y provocar daños de imposible reparación, y eso, en términos jurídicos y de justicia, constituye también un delito de lesa humanidad.
Hacemos votos para que el Gobierno del estado ponga todo su empeño, capacidad y voluntad política para resolver las demandas de los grupos antorchistas de Quintana Roo.
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