El pueblo mexicano, a lo largo de la historia se ha distinguido por dar la lucha para cambiar la situación de vida en la que se encuentra; desde siempre, de forma organizada, aunque espontáneamente en algunos casos, hace un recuento de su proyección de vida y a partir de ahí plantea los cambios que le son necesarios y encabeza la lucha por salir adelante, por dejar atrás la sumisión, la explotación, la violencia, etc.; sin embargo, las clases gobernantes, al tiempo en que la organización popular se da, éstas también desarrollan una serie de mecanismos y estrategias para impedir el avance y desarrollo de la lucha social, o también como se ha dado, los gobiernos se disfrazan de "amigos" para encauzar las demandas por otro rumbo y con ello diluir la protesta social. Esto ha dado resultados en algunos momentos de la historia, pero la misma causa popular siempre ha vuelto a hacer uso de su derecho de organización social y, tarde o temprano, vuelve a detonar la inconformidad por el tipo de vida y exige mejores condiciones. Aunque los gobiernos saben de la gran fuerza que representa la organización popular, pareciera que ahora, en estos tiempos que corren, más que nunca pretenden diluirla, minimizarla y erradicarla como sea, sobre todo empleando para ello la represión.
Lo anterior viene a cuento por lo que se vive en el estado de Hidalgo, el gobierno priista, encabezado por Omar Fayad Meneses, ha caído en la cuenta de que es más fácil reprimir a sus gobernados que resolver sus necesidades. Para dar claridad al lector a lo que me refiero, daré algunos datos. Primero, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), Hidalgo se encuentra entre los primeros 10 estados más pobres del país, teniendo 1 millón y medio de habitantes en carencia, lo que representa un 52.8% de la población que vive en pobreza. Segundo, la pobreza que vive incluye la carencia de servicios básicos; esto se puede constatar con la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2016), donde se señala que el 89.8% de la población de servicios básicos, como luz eléctrica, agua potable, drenaje, vivienda digna, servicios de salud, educación, transporte, entre otros. Tercero, después de la aplicación del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, 4 de cada 10 personas que radican en Pachuca y su zona metropolitana viven en pobreza alimentaria (INEGI, 2016). La realidad es clara y ha empeorado cada vez más, situación que podemos constatar en las condiciones de miseria en que vive los hidalguenses.
A todo esto, hay que agregarle que el pasado 10 de abril del año en curso, 40 mil hidalguenses organizados en el Movimiento Antorchista, realizaron una marcha en la capital del estado en exigencia de atención y solución a los servicios básicos y la garantía de que la gente más pobre pueda tener una vida digna. Pese al previo anuncio de la movilización, misma que, como todas las movilizaciones que realiza el antorchismo son pacíficas, el gobernador Omar Fayad ordenó borrar las pintas y quemar los espectaculares que anunciaban la marcha y donde se denunciaba la falta de solución al pueblo. Además de detener injustificadamente a los antorchistas que difundían a través de un volante la política de cerrazón del ejecutivo estatal; asimismo, el día de la marcha el gobierno de Omar Fayad desplegó todo un cuerpo policiaco para impedir la llegada de los contingentes a la ciudad de Pachuca, impidiendo el libre tránsito a los autobuses que transportaban a la gente que participaría en la movilización, dicha acción dio como resultado la volcadura de un autobús con 35 indígenas abordo, donde 20 personas resultaron heridas de gravedad y una de ellas falleció hace unos días. En esa misma fecha, los antorchistas instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, y en el transcurso de estos 27 días han sido víctimas de diversas agresiones, donde porros enviados por el gobierno, intimidan, amenazan y agreden verbal y físicamente a la gente que se encuentra ahí.
Ante la lucha sostenida por nuestros compañeros de Hidalgo, el antorchismo nacional se ha sumado a la denuncia del mal gobierno, con cadenas humanas, pintas, volantes donde se declara que Antorcha no desistirá en su lucha pues es un derecho constitucional del pueblo exigir a sus gobiernos y representantes que cumplan con brindarles una mejor calidad de vida; el antorchismo seguirá encabezando la lucha, organizando al pueblo y gritando a una sola voz que mientras exista la pobreza en Hidalgo y en el país Antorcha existirá, como lo hemos hecho desde hace 45 años, el objetivo principal de la organización es acabar con la pobreza, aunque a capa y espada la defiendan gobiernos como el de Omar Fayad.
¿Y es que en el resto del país no se vive lo mismo? Sí, tan sólo en Tlaxcala sucede algo parecido, el gobierno estatal se ha negado a atender las peticiones de vivienda, apoyo al campo, mejoramiento de los servicios educativos, entre otros aspectos que demanda la población, y poco falta para que también exista la represión, pero para eso, el antorchismo también se está preparando.
Finalmente, a nombre del antorchismo tlaxcalteca, hago una invitación a los gobernantes a que reflexionen un poco sobre la postura que están tomando. Es evidente que se trata de una línea de política nacional, política dirigida por el gobierno federal morenista. Pero, es preciso que se den cuenta que el descontento es generalizado, y que la gente, más pronto que tarde, dará una lucha nacional por cambiar la situación, y para eso está Antorcha, para guiar la lucha y cambiar este sistema político de represión y nula solución a las necesidades del pueblo.
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