De muy poco o casi nada le vale a la población dispersa cambiar de partido en el poder hacia uno u otro sentido, en su desesperado intento por cambiar su suerte. A lo largo de la historia ha quedado claro que en el 99 por ciento de los casos la ciudadanía ha sido criminalmente utilizada por políticos vivales o incapaces -que para el caso da lo mismo- con la promesa, que de llegar al poder será escuchada y le serán resueltas sus necesidades más apremiantes.
Por eso, varios cientos de queretanos organizados en el Movimiento Antorchista desde los pasados meses de octubre y noviembre acudieron de manera respetuosa a los distintos municipios del estado a entregar sus solicitudes de las obras que desde hace años han considerado urgentes para mejorar sus condiciones de vida, muchas de ellas comprometidas varias veces en campañas políticas, y han esperado pacientemente hasta hoy para que quienes han tomado las riendas del poder les den una respuesta.
A manera de ejemplo diremos que en el municipio de Corregidora, por tercer año consecutivo solicitan el cambio de uso de suelo de una parcela adquirida con un crédito del gobierno estatal a través del Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro para uso habitacional de familias de escasos recursos económicos, el desmantelamiento de antenas peligrosas para la población de las colonias Balcones de La Negreta y 21 de Marzo colocadas por empresas particulares sin autorización de los vecinos ni de protección civil, como lo dictaminó la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado y la introducción del servicio de luz eléctrica en siete colonias.
En el municipio de Querétaro, la introducción de drenaje y construcción de una planta de tratamiento para las comunidades de Pie de Gallo, Carbonera y Lomas de la Cruz, Santa Rosa Jáuregui, seguridad pública en Menchaca y San Pedrito Peñuelas, mejorar el servicio médico en el centro de salud de Tlacote y urbanización de calles en varias colonias. En El Marqués, la entrega del convenio con un rico empresario amigo del alcalde, que legaliza el camino de acceso a la comunidad de Calamanda, equipamiento, médicos y medicina en el centro de salud de Alfajayucan, la construcción de aulas para la escuela primaria de la comunidad de Lajitas y reparación del sistema de drenaje sanitario en La Piedad.
En Cadereyta, el pago a 13 trabajadores del DIF que desde 2015 fueron objeto de burla del presidente al pagarles sus salarios con cheques sin fondo; la liquidación a 60 trabajadores despedidos; que el municipio pague a las cajas populares el dinero que ya les descontó de su salario, como consta en sus recibos de nómina a aproximadamente 100 trabajadores que solicitaron créditos, pues están siendo amenazados de embargos por las cajas, y la construcción de obras de agua potable, luz eléctrica y drenaje en las comunidades de Pathé, Boyecito y Maconí.
Como puede verse, ninguna de las obras o acciones solicitadas representa un lujo para los queretanos, sin embargo estos alcaldes, igual que los de San Juan del Río, Amealco, Colón y Pinal de Amoles, acostumbrados a menospreciar a la gente y a ejercer el poder como señores feudales, han manifestado que estas peticiones no serán tomadas en cuenta porque fueron hechas por una organización social y no por los ciudadanos de manera individual, y porque son ellos, los que llegados al poder democráticamente a través de un partido político con el voto mayoritario del pueblo, deben decidir cuáles son las obras que se ejecutarán y cuáles no.
Por esta razón el antorchismo estatal que no ve ningún cambio en la forma de gobernar, y sí de represión, se prepara ya para realizar una serie de acciones escalonadas de sensibilización para hacerles notar a estos señores alcaldes que su mal entendida democracia no se reduce a que el pueblo elija cada 3 o 6 años a sus nuevos dictadores y tiranos, sino en la oportunidad que tiene en la toma de decisiones que benefician a todos los ciudadanos.
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