La corrupción fue el lema principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, erróneamente el ejecutivo la presuponía como la madre de todos los males que padecían los mexicanos y juró ante los 30 millones de mexicanos que le dieron el triunfo, erradicarla para mejorar al país en todos los sentidos.
Pero algo mal diagnosticado jamás dará buenos resultados. Tristemente, algunos lastres pesan más que otros. La corrupción no desapareció en el sexenio de AMLO, de hecho, se descaró más.
Pero algo mal diagnosticado jamás dará buenos resultados. Tristemente, algunos lastres pesan más que otros. La corrupción no desapareció en el sexenio de AMLO, de hecho, se descaró más.
Ejemplos hay varios, pero el más insolente fue el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia creada por Andrés Manuel López Obrador en 2019 para “garantizar la soberanía alimentaria del país”, pero lo único que garantizó esta dependencia, fue el enriquecimiento de Ignacio Ovalle Fernández —su padrino político cuando militó en el PRI, por cierto—, a quien no quitó del puesto sino hasta 2022; dos años después de que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) confirmara el desvío de 15 mil 308 millones de pesos. Y, lejos de hacerlo rendir cuentas en las instancias correspondientes, lo premió como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
Otro es el caso de Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex) que, en 2020, realizó el 99% de sus compras a través de adjudicaciones directas o el del Banco del Bienestar con 89% de sus contratos sin licitaciones en 2021. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expuso que los organismos federales no cumplieron la máxima promesa del presidente sobre la transparencia, pues sus adquisiciones fueron por adjudicación directa y adjudicaron 2 millones 500 mil pesos a empresas fantasmas, 107 millones 868 mil a empresas sancionadas y tres mil 474 millones a empresas de reciente creación en 2022.
Por si fuera poco, se evidenció también el reparto de 100 mil millones de pesos a empresas ligadas a López Obrador; empresas de hijos, parientes y políticos cercanos a él. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el 83.1% de los mexicanos conciben como frecuentes los actos de corrupción en esta administración. Además, Transparencia mexicana y Transparencia Internacional, ubican al país como uno de los más corruptos del mundo, en el puesto 126 de 180. También México es el último país en el combate a la corrupción de los 38 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el penúltimo de la G-20.
Por si fuera poco, este sexenio se caracterizó por arremeter con todo su poder político y mediático en contra de los organismos que denunciaban (y evidenciaban) las consecuencias de sus políticas erróneas de seguridad y transparencia. Un claro ejemplo de esto es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a quien le disminuyeron el presupuesto y el personal. Otro es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ahora forma parte de la lista de los siete organismos autónomos que serán eliminados.
La seguridad también decayó. En 2018, Enrique Peña Nieto dejó 130 mil 626 homicidios dolosos (sus 70 meses de gobierno), en el mismo periodo, AMLO llevaba 198 mil 796. En 2018 había 7 mil 258 personas desaparecidas de acuerdo con la RED LUPA en su Informe Nacional de Personas Desaparecidas. 2023 fue el año con mayor índice de desaparecidos con 10 mil 315 casos, “la cifra aumentó en un 7.3% en el 2023 y siguió aumentando en el 2024 en un 6.3%”, se puede leer en su informe.
Los mexicanos han atravesado crisis de seguridad importante durante este sexenio como el ‘culiacanazo’, el reclutamiento forzado en Comalapa Chiapas, en Guerrero, el alza en el índice de periodistas asesinados (47 asesinados y 3 mil 408 agresiones; 1 por día). Entre otros.
Y Puebla no es la excepción, el portal www.contigopuebla.mx publicó el 4 de septiembre de este año: “En Puebla capital, 76 de cada 100 habitantes se sienten inseguros, lo que representa un aumento del 4% en comparación con principios de año, según revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (Inegi). Este incremento coloca a la ciudad de Puebla en la lista de las 20 ciudades con mayor percepción de inseguridad en México, ocupando el puesto número 18”.
Y lajornadadeoriente.com.mx publicó en octubre de este año: “A 17 mil 500 millones de pesos ascendió en 2023 el costo de la inseguridad y el delito en hogares del estado de Puebla, cifra 4.4 por ciento superior a los 16 mil 750 millones de pesos de 2022, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (Envipe). Cantidad que corresponde al gasto en medidas preventivas de protección, pérdidas económicas a consecuencia de los delitos y erogaciones por daños en la salud. (…) Este estado tiene una tasa de 25 mil 196 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes. (…) la tasa de delitos es de 38 mil 642 por cada 100 mil personas radicadas en territorio poblano, esta tuvo incremento significativo porque en 2022 era de 32 mil 656. (…) Mientras que la tasa de robo o asalto en calle o transporte público fue de 10 mil 47 por la cantidad de habitantes mencionada, también creció porque previamente era de 8 mil 255”.
El sexenio terminó y Claudia Sheimbaun tiene mucho trabajo que realizar, AMLO le dejó el barco prácticamente hundido. Es tarea de los mexicanos exigir al gobierno federal que atienda de raíz sus necesidades.
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