De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de Hidalgo (Prodecon Hidalgo), los comerciantes ambulantes deben pagar al fisco. El subdelegado de dicha dependencia dijo que: “es una obligación constitucional de los mexicanos mayores de edad contribuir al gasto público”, y señaló que “los vendedores ambulantes que no se den de alta ante el fisco pueden ser objeto de multas y requerimientos […] por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
Recomendó que todos aquellos que tienen una actividad económica o ingreso lo reporten al SAT para evitar problemas posteriores. No aclaró si las autoridades hacendarias iniciarán alguna campaña para detectar al comercio ambulante y pedirles que paguen impuestos. “Lo importante es estar regular ante el SAT”, expresó (AMHidalgo).
Al menos siete de cada diez hidalguenses se encuentran trabajando y ganando su precario sustento en la calle, como ambulantes, y carecen de acceso a servicios de seguridad social y prestaciones de ley.
Ante esta declaración, es válida la pregunta: ¿se está preparando el terreno para que paguemos más impuestos, tanto en Hidalgo como en todo el país? Como sabemos, el llamado “comercio informal” es una de las principales fuentes de trabajo de las personas que no cuentan con un empleo dentro de una empresa o negocio que esté dentro de la “formalidad”, es decir, que reporte impuestos al SAT y que otorgue a sus empleados servicios de seguridad social, como la salud.
Esta propuesta, de materializarse, parece ser un buen negocio para el gobierno, pues recordemos que, a nivel nacional, casi el 60 % de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en el sector informal, es decir, seis de cada diez trabajan por su cuenta, en la calle o en trabajos sin seguridad social, pues en México no se han generado los suficientes empleos, y el Gobierno de la 4T tampoco creó nuevas plazas con buenos salarios.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación (ENOE), Hidalgo se ubica en el tercer lugar nacional en informalidad laboral, con el 72 % de la población ocupada en dicho sector, antecedido solo por Oaxaca (81.1 %) y Chiapas (73.2 %).
Es decir, al menos siete de cada diez hidalguenses se encuentran trabajando y ganando su precario sustento en la calle, como ambulantes, y carecen de acceso a servicios de seguridad social y prestaciones de ley.
Así que, en materia de empleo y de crecimiento económico, simplemente, el país que AMLO prometió no existe, no cumplió. Ciertamente, la pandemia vino a afectar el crecimiento, pero ya desde los inicios del actual sexenio, la economía decrecía (0.3 % en 2019) y “el crecimiento acumulado del PIB per cápita fue apenas del 0.9 %, el más bajo en los últimos 40 años”; si no hay crecimiento económico no hay empleos nuevos.
Como resultado, tenemos que el sector informal, que es “desempleo enmascarado”, aumentó. Pero, sin empleo y con el 60 % de la población en edad de trabajar empleados en el sector informal, se está preparando el terreno para que una parte de sus raquíticos ingresos se entreguen al Gobierno vía nuevos impuestos.
Se nos dice que “es una obligación de todo mexicano contribuir al gasto público”, y es cierto, y segura estoy de que todos los mexicanos lo hacemos, o acaso, ¿no pagamos IVA cuando adquirimos cualquier producto o servicio? ¿No pagamos cualquier trámite o documento oficial que necesitemos?
Y, ¿el pago de tenencia de los vehículos o refrendo no es un impuesto? O bien ¿el pago de predial, traslado de dominio o de cualquier permiso de construcción o comercio no se llama impuesto o contribución al erario?
Pero, además, ¿por qué este Gobierno de “los pobres” no les quiere cobrar impuestos a los ricos? La recaudación fiscal no creció, pues López Obrador siempre se ha negado a aplicarles más impuestos a los multimillonarios, a pesar de sus discursos y supuestos pleitos con algunos empoderados.
Él declaró con todas sus letras que “en su Gobierno a ningún rico le fue mal”, y es cierto, les dio las mejores condiciones para que doblaran sus fortunas y nunca quiso aplicar un impuesto a la riqueza acumulada.
“México es de los países de América Latina que menos impuestos recauda […] Es una de las seis economías que reportaron un descenso en su recaudación de 2021 a 2022, mientras que 20 países registraron aumentos” (OCDE, Expansión, 7 de mayo).
Así que, por no cobrarles impuestos a los ricos, ahora se irán sobre los desprotegidos ambulantes. Dice bien el dicho popular: bien sabe el diablo a quién se le aparece.
Pero, así como es una obligación de todo ciudadano contribuir para el gasto público, es obligación del Estado proporcionar los servicios públicos, salud, educación, vivienda, etcétera; eso dice nuestra máxima ley.
El Gobierno no está cumpliendo; no está usando nuestros impuestos para resolver las necesidades de la población; en los hechos, niega este derecho y a los mexicanos u organizaciones sociales que se atreven a reclamarlo se les calumnia y reprime.
El Gobierno viene usando nuestros impuestos en la construcción de obras faraónicas que hasta el día de hoy no han dado ninguna utilidad pública; en “embellecer” sus zonas residenciales o los centros de algunas ciudades en detrimento de miles de ciudadanos que no cuentan ni siquiera con agua potable en sus viviendas, o bien, a pesar del peligro que representa el mal estado de las carreteras en el país (aunque creo que ninguna de ellas supera las de Hidalgo), no se les da mantenimiento ni se reparan ante el deterioro por las lluvias.
Una parte del erario se ha destinado al pago de la deuda pública, pues actualmente la deuda externa de México es mayor que en cualquier otro sexenio, y para el presente año se prevé que la quinta parte del presupuesto se financie con un aumento de la deuda.
Además, hoy se gasta más en pagar la deuda que en obra pública: “El costo de la deuda pública crece y rebasa a la inversión en infraestructura. En enero-noviembre [del año pasado] se destinaron mayores recursos para el pago de los intereses por la deuda pública, que los que se destinan al desarrollo de obra pública como carreteras, escuelas, hospitales. En los primeros 11 meses del año, gastaron 849 mil millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda pública y, en contraste, solo 778 mil millones para obra pública”.
Otra parte muy importante del gasto público se ha venido utilizando para la compra de conciencias y del voto a través de las transferencias electrónicas con las famosas “tarjetitas” del Bienestar.
Al Gobierno ya no le alcanza para seguir financiando esa política pendenciera, se endeuda y ahora va, por lo que se puede visualizar, tras los magros ingresos de los trabajadores informales.
Es decir, para pagar la deuda pública que ha ido en aumento en este Gobierno y para financiar los apoyos económicos a los adultos mayores a través de las tarjetitas, a los jóvenes sin trabajo y que tampoco estudian, etcétera, y las becas del Bienestar, ahora se pretende que también los comerciantes ambulantes paguen impuestos; aun el que vende pepitas o tamales en las calles.
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