Desde el jueves 22 de octubre, Colima ya era nota nacional; "Anulan la elección", cabecearon al día siguiente algunos medios locales y nacionales, y las notas dieron cuenta de lo ocurrido un día antes en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): "...los magistrados electorales determinaron la anulación de los comicios, debido a que el gobierno estatal intervino a favor del candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza, José Ignacio Peralta Sánchez." Y más adelante se dice "[...] consideraron determinante un audio en donde el titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Colima (Sedescol,) Rigoberto Salazar Velazco, pide a una colaboradora suya trabajo a favor de los candidatos priistas." finalmente se dice también, que tales hechos violan la Constitución Política del Estado, pues en el título IV, Capítulo I del poder del Ejecutivo, se puede leer en el artículo 59, fracción V: "El Gobernador no puede [...] intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad". Y fue así como los magistrados electorales anularon la elección y ordenaron al Congreso del estado convocar a elecciones extraordinarias.
Hay algo más que se puede leer en las declaraciones hechas a los medios por los magistrados que llama mucho mi atención y que me genera más dudas: 1) dicen los magistrados en CNN-México del día 22 de octubre, que el audio en que aparece Salazar Velazco fue determinante para ordenar la anulación de la elección el día jueves 22, cuando sesionaron, pero que fue más determinante aún, un video que le fue tomado al funcionario en su comparecencia ante el Congreso, dos días antes a esta fecha, donde reconoce como suya la voz del audio en mención; 2) Se puede leer en el Diario de Colima del día 23 de octubre, que los magistrados ordenaron que los casos de Rigoberto Salazar, Secretario de Sedescol y Marcos Santana, procurador de la PGJE, al demostrarse su responsabilidad, según la fracción V del artículo 59 ya mencionado, sean turnados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); y 3) en el mismo diario se puede leer también, que los magistrados declaran que Jorge Luis Preciado, excandidato del PAN a la gubernatura, en un afán por echar abajo la elección, presentó documentos falsos y una supuesta lista nominal "truqueada"; en el periódico Excélsior se lee que turnaron el caso a la FEPADE para que investigue el uso indebido de listados nominales por parte de Preciado Rodríguez.
Muy bien, ahora resulta que por órdenes del TEPJF nuestro ejercicio democrático del pasado seis de junio no es válido y que se debe repetir para elegir a nuestro gobernador, que otra vez los partidos podrán salir a la calle en busca del voto que les dé el triunfo a su candidato, que nuevamente los colimenses deberemos soportar una sarta de discursos demagógicos y chapuceros de los mismos políticos, cuando afortunadamente ya se habían callado.
Pero en fin, según declaraciones de los principales actores políticos del estado, nos debemos acatar todos a las indicaciones del TEPJF; sin embargo, como dijera uno de mis compañeros antorchistas, no estoy de acuerdo pero me disciplino, y para justificar mi desacuerdo quiero formular algunas interrogantes que nadie ha respondido y que mucho ayudarían a entender por qué razón debemos sufrir de nuevo otro proceso electoral.
Primeramente, ¿Por qué nadie dice nada de quién grabó el audio que involucra al Secretario de Sedescol? ¿Cómo fue que llegó a manos de los panistas, ellos lo grabaron como una especie de espionaje político? ¿Por qué, en su reciente comparecencia ante el Congreso, y no antes, el titular de Sedescol acepta como suya la voz que aparece en el audio, cuando la FEPADE ya había desechado el caso por no poder comprobar que la voz fuera la suya? ¿Fue un lapsus del Secretario o estaba cumpliendo un encargo?, porque está claro que con la anulación de la elección se abre una segunda oportunidad para arrebatarle la gubernatura al Lic. Ignacio Peralta Sánchez, ¿Es esto lo que buscaba el Secretario de Sedescol? En segundo lugar, ¿Por qué los magistrados están turnando a la FEPADE sólo los casos del Secretario de Sedescol y del Procurador de Justicia?, ¿No se supone que son ellos, como dice el artículo 59 fracción V, las "otras autoridades o agentes" [del Gobernador], y por lo tanto en él también debería caer la responsabilidad? Y finalmente, al turnar a la FEPADE el caso de Jorge Luis Preciado por aportar datos falsos y supuestas listas nominales ¿se busca fincarle responsabilidades para entorpecer su participación en la contienda extraordinaria? ¿Lo quieren débil en la campaña para que acepte alianzas negociadas? Ojalá alguien nos dé una explicación.
Pero lo más importante, ¿Tomaron en cuenta los señores Magistrados lo que implica económicamente realizar unas elecciones extraordinarias? ¿Quién pagará estos comicios extraordinarios? Está claro que los colimenses y junto con nosotros el resto de los mexicanos, ya pagamos un proceso electoral, y según dice el magistrado Manuel González Oropeza "[...] no puede considerarse que los votos fueran mal habidos, la nulidad es una consecuencia de la intervención del gobierno estatal" "Quizá esta decisión parezca injusta y comparto ese juicio de valor, incluso debe valorarse el precepto jurídico que invalida una votación cuando un gobernante interviene". Muy cierto señor magistrado, se debe valorar la opinión de quienes votamos y de los millones de contribuyentes que pagamos peso por peso el exorbitante gasto que representan las elecciones y el mantenimiento de todos los partidos que en ellas participaron. Por si hubiera duda de lo que digo, habría que leer las declaraciones del magistrado del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, que aparecen en el Diario de Colima el día 27 de octubre "[...] las elecciones extraordinarias de Gobernador tendrán que ser costeadas con recursos de la entidad." Somos un estado "quebrado", el gobierno despidió a más de mil trabajadores por contrato, nuestra deuda pública es de 2 mil 684.6 millones de pesos y el gobernador está pidiendo mil 728 millones más; ¿Acaso no saben esto los señores magistrados?
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