El pasado 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados en un pozo vertical de carbón localizado en la comunidad de Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Cuando los mineros realizaban su labor de excavación, a 60 metros de profundidad se registró un derrumbe que provocó una súbita inundación por el cause subterráneo del río Sabinas que atrapó a los mineros.
Todo indica que el incidente terminará en tragedia, aunque la esperanza nunca muere. No es la primera vez que ocurre esto, en 1969 se derrumbó una mina en Barroteran, Coahuila; el derrumbe mato a 157 obreros mineros; en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, murieron 65 obreros cuyos cuerpos aún no han sido localizados.
El 4 de junio de 2021 siete obreros murieron cuando una barrera no soportó la presión del agua y con toda su fuerza corrió por los túneles y los dejó atrapados en la mina Micarán del municipio de Múzquiz, Coahuila. Según la organización "Familia Pasta de Conchos", en la entidad se han presentado más de 300 accidentes y más 3 mil muertos debido a que "el Estado no ha implementado protocolos y medidas de no repetición para garantizar que accidentes como el de este miércoles, en Coahuila, dejen de ocurrir” (noroeste.com.mx del 5 de agosto).
¿No se pudo conocer en qué momento encontrarían el cauce del río?, ¿No se pueden prever métodos de salida de emergencia en caso de derrumbes o de inundaciones?
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, salió a decir que estas minas “no tienen planos y por eso dificulta el rescate” y señaló que se trabajará en “otras formas de economía para darle empleo a la gente de la zona carbonífera”. Por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) no tiene los planos. Y si se van a crear nuevas formas de empleo, ¿En cuántos años comenzará eso?
Lo que subyace en los accidentes de trabajo es el afán de las empresas de acumular cada vez más ganancias reduciendo los costos de producción. De lo que se trata es obtener una mayor utilidad, y esto no puede ser si se invierte en mejores métodos de producción y en mejores medidas de seguridad para reducir los riesgos de trabajo.
El caso de los mineros de Coahuila demuestra que al capitán no le interesa la vida del obrero, no le interesa su familia y el dolor que genera ante semejantes acontecimientos. Los capitalistas deberían pensar si este es el mejor método para enriquecerse, ya que se ha demostrado, que se pueden mejorar las condiciones laborales obteniendo un mejor rendimiento de los trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la ONU que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo a nivel mundial. El 6 de junio de 1995 en Ginebra, Suiza, se estableció el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas (C176) en el que, considerando que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de ser informados, consultados y de participar en la preparación y aplicación de medidas de seguridad y salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera, adopta el C176 sobre seguridad y salud en las minas. Un documento elaborado por expertos que intenta contribuir al fortalecimiento de los derechos laborales y la justicia social.
Sin embargo, el Estado mexicano, a pesar de ser miembro de la OIT, se ha negado a ratificar dicho convenio. ¿Cómo se explica que después de 25 años de existir el C176 de la OIT nuestro país no se adhiere al cumplimiento de dichas normas internacionales? Entre otras razones, destaco que en el artículo 13 del C176, referente a los “Derechos y obligaciones de los trabajadores y sus representantes”, su inciso e) nos dice que los trabajadores tienen derecho a “retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud”.
El Estado mexicano argumenta que su negativa a ratificar el C176 obedece a que en las normas nacionales el derecho a dejar de trabajar no puede ser aceptado como un derecho general ya que son los técnicos especialistas, y no los propios obreros, quienes pueden determinar si este derecho puede o no ejercerse.
Resulta que, en México, aunque existan motivos razonablemente fundados para pensar que la seguridad en las minas presenta un peligro grave para la salud de los trabajadores, estos deben laborar, aunque les cueste la vida como recientemente ocurrió en la mina de La Agujita. Si el Estado mexicano ratificara el C176 estaría comprometido a adecuar nuestras leyes y cumplir con las normas internacionales dictadas en dicho convenio, en consecuencia, como los mineros tendrían el derecho a dejar de trabajar si existe un peligro grave para su seguridad, entonces, de manera inmediata, miles de minas en nuestro país que incumplen con las medidas mínimas de seguridad dejarían de producir y los empresarios mineros dejarían de obtener las millonarias ganancias que diariamente incrementan sus riquezas, que mueran los mineros que tengan que morir, parece que es lo que quiere decir el Estado mexicano, pero que los empresarios no dejen de ganar lo que tienen proyectado ganar. Capitalismo salvaje y criminal.
En suma, para impedir que los trabajadores mineros dejen de morir por la falta de higiene y seguridad, tendrán que superar gigantescos obstáculos: la avaricia desmedida de los patrones, el sindicalismo patronal, la indolencia y subordinación del Gobierno federal a favor del capital y la aplicación de una legislación que en verdad busque garantizar su seguridad dentro de las minas. Difícil tarea que solo podrán realizar los mineros si logran unirse y organizarse en una permanente lucha en defensa de sus derechos laborales y de sus intereses como clase obrera.
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