Nuestro país se ha colocado a nivel mundial, como uno donde más desigualdad existe, tanto en el grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como en los de América Latina. López Obrador dijo que el Estado se encargaría de erradicar las desigualdades y garantizaría al pueblo de México la salud, alimentación, educación, seguridad y apoyo a los más necesitados. Pero tal parece que todo eso se le olvidó, porque en lo que lleva de su administración, ha sacado a relucir sus verdaderas intenciones y objetivos, los cuales nada tiene que ver con abatir estos rezagos que, durante décadas, han marcado la desigualdad entre la inmensa mayoría, que son los que menos tienen, y los pocos que concentran la riqueza generada en el país.
Otro de los ejes anunciados por Obrador, implementado ya como política del Gobierno Federal, fue el de crear programas asistenciales o de transferencia monetaria directa, en los que se calculaba destinar 317 mil millones de pesos del gasto del presupuesto. Los tres programas que abandera y sostiene el presidente, diciendo que ahora sí se esta aplicando directamente y sin intermediaros, son los de mayor inversión que el erario consume, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para Adultos Mayores y las Becas de Educación Media Superior Benito Juárez. Lamentablemente esto, lejos de mitigar la desigualdad social, está generando condiciones para que siga creciendo aceleradamente. La 4T ha centrado su política económica en los programas de Transferencia Monetaria Directa, ahí reside el mal de todo el problema.
A pesar de que se han diseñado y utilizado diferentes mecanismos de medición y se han creado términos como el de “pobreza” y “pobreza extrema”, contrariamente a la implementación de programas para “erradicarla” y las políticas de apoyo al combate frontal en contra de ella, el número de pobres sigue creciendo desenfrenadamente en nuestro país, avanza como caballo desbocado y aumenta de manera alarmante en cifras exorbitantes.
Es muy sabido que estos programas asistencialistas han servido por mucho tiempo a los gobiernos para hacerse llegar de simpatizantes y así aprovecharse de ellos en las elecciones, coaccionando su voto a favor de un candidato o partido político en particular. La a pobreza entonces se ha transformado en instrumento y arma de control, los programas asistenciales que deberían apoyar a los más vulnerables, sin importar su afiliación política, desgraciadamente se ofrecen a condición de apoyo, esto es entregar dinero para que los ciudadanos renuncien a su libre derecho a elegir sus gobernantes, su derecho a organizarse y manifestarse libremente, derechos que están reconocidos en nuestra Carta Magna y así, de esta forma, previenen todo posible brote de oposición, como reza el dicho popular: “No muerdas la mano de quien te da de comer”.
El problema es que, pese a que se crean programas con el nombre que sea, muchas de las familias beneficiadas, después de recibir su apoyo mensual, en el mejor de los casos, tendrán que seguir comprando pipas con agua y en el peor, acarreando agua en cubetas, seguirán respirando el polvo de sus viviendas con piso de tierra, tendrán que caminar en calles sin pavimento, entre el lodo que deja la lluvia, en conclusión, seguirán siendo pobres, aunque las cifras de López Obrador, digan lo contrario.
Los acontecimientos recientes en nuestro país generan la necesidad de que la gente se involucre cada vez más de manera organizada en la vida política ya que históricamente se ha demostrado que la organización popular es la única herramienta de defensa que tiene el pueblo, por eso urge la necesidad de un frente, donde la ciudadanía tenga una participación política mayor y no solo sea depositando su voto en una urna cada que haya comicios electorales.
Un verdadero desarrollo social trae como consecuencia el combate de la desigualdad y eso se lograría aplicando una política en el desarrollo económico que permita un reparto más equitativo de la riqueza social en México, crear los empleos suficientes para que todo aquel que esté en edad de trabajar tenga trabajo, que todos los trabajos estén bien remunerados y que los que ganan más paguen más impuestos.
Esta política aplicada con responsabilidad es posible si los gobernantes fueran sensibles ante las desgracias de sus gobernados, si se aplicara con responsabilidad el cargo al que les fue conferida la confianza de quienes representan. Pero esto no sucede con el gobierno en turno. El tiempo y la verdad nos dan la razón.
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