Desde que inició este sexenio, y aún antes, desde las campañas electorales de 2018, el Movimiento Antorchista ha sido golpeado públicamente y en repetidas ocasiones, ahora por el gobierno federal, tachado de intermediario en los apoyos y el recurso que el gobierno entrega a la población, sin embargo, los únicos intermediarios existentes son las instancias por las que el presupuesto desciende hacia el pueblo.
De esta manera, en diciembre del año pasado y con la mayoría en el Congreso de la Unión fue removido el Ramo 23, del que procedía buena parte del recurso nacional para obras y servicios, en su lugar se entrega a la gente un apoyo periódico de 800 pesos a través de las "tarjetas para el bienestar", que no solventan de ninguna manera lo que el Ramo desaparecido sí.
Aún después de esto, antorchistas de toda la nación han seguido encabezando las demandas de comunidades y colonias que se encuentran en un alto índice de marginación, lugares que en pleno siglo XXI carecen de luz, agua, drenaje, no se diga ya de escuelas, seguridad o infraestructura social, el manto de la pobreza y la desigualdad ataca tan ferozmente a los mexicanos, que es increíble ver cómo existen personas que se atreven a descalificar las luchas que la gente organizada realiza a fin de recuperar en obras lo que pagan en impuestos.
En días pasados ha habido en la prensa local de Puebla notas en las que destacan la presencia de la dirigente antorchista en la ciudad, Soraya Córdova Morán, en una reunión con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para llevar un seguimiento del pliego de demandas entregado con anterioridad, y en el que sobresalen la solución a diversos servicios de primera necesidad.
No obstante, algunos medios listillos remarcan, como si fuera un delito, que el "móvil" para conseguir respuestas positivas es "amenazar" con marchas que "desquician a la ciudad", cuando la protesta pública se encuentra asentada en el artículo sexto y noveno de nuestra Constitución Mexicana, en fin, no es mi objetivo ocuparme de quienes escriben de este modo amañado para difamar y desprestigiar, más bien quiero destacar que las demandas por las que se pelean son justas e imprescindibles para el mejor desarrollo de la población.
En primer lugar, las obras que se exigen van desde infraestructura social hasta servicios, y es que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2018 el 26 por ciento de la población nacional carecía del acceso a servicios básicos en la vivienda; en este sentido, el Informe anual sobre la situacio&769;n de pobreza y rezago social 2018, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), consideraba que en el estado hay aproximadamente 3 millones 730 mil personas en pobreza, de esta cifra se derivan lo que quieren llamar pobreza moderada, extrema y poblaciones vulnerables, pero que al fin y al cabo son personas que con mucho trabajo pueden llevar un pan a la mesa.
Para muestra de la lastimera situación un botón, el rotativo Sol de Puebla circuló hace poco una nota en la que subraya que "el 18.5 por ciento de la población en la entidad no tiene acceso a los servicios de salud, ello se traduce en un millón 174 mil personas que carecen de atención; el grueso de los ciudadanos con la falta de este servicio se concentra en la capital de Puebla, exponen datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval)".
Entonces, ¿no es justo que los poblanos se organicen y luchen porque haya más médicos y centros de atención? ¿o es que ahora vamos a recurrir a los remedios caseros a ver si se puede curar una persona? Si es así, no hay duda de que habrá que construirse más panteones.
Aún con estos datos el señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, sale a decir que tiene como meta que 20 millones de mexicanos superen la pobreza y 5 millones más abandonen la situación de pobreza extrema para 2024 con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del sexenio, ¿cómo? ¿con qué dinero si no ha realizado verdaderas propuestas de reorientación al gasto público? Menos aún ha tomado en sus manos crear una verdadera política fiscal en la que paguen más los que más tienen.
Sigamos, en segundo lugar, se encuentra la demanda de seguridad para la ciudadanía, pues enfrentamos una ola de violencia e inseguridad angustiosa. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante la primera quincena de diciembre de 2018, a personas de 18 años y más, coloca a la capital del estado dentro de las 6 ciudades más inseguras del país, solo por debajo de Reynosa, Tamaulipas y Chilpancingo, Guerrero; así lo deja de manifiesto el 93.4% de los encuestados.
Los principales casos registrados son robo a casa-habitación con violencia, secuestro, violencia familiar, abuso sexual, robo a transeúnte con violencia, robo de autopartes sin violencia, trata de personas, homicidios, narcomenudeo, extorsión y feminicidios.
En tercer lugar, el comercio ambulante se ha sumado a la lista de demandas para pedir un espacio en el que puedan trabajar. Este sector ha sido atacado vorazmente, pero no es más que el resultado de políticas mal aplicadas, que pretenden desaparecer al comercio a punta de gas y palos, pero que no han llegado al razonamiento de que esa no es la solución, pues la solución para la disminución de este problema es la creación de empleos bien remunerados, no solo para ellos, sino para los casi 3 millones de pobres en Puebla.
Estando así las cosas no me parece que exigir soluciones y menos revisar el proceso del estado de las demandas sea poca cosa, mucho menos sinónimo de intermediarismo. Pienso que la política mexicana debe asumir un papel más sensato en la resolución de problemas y dejar de lado los paliativos que no amedrentan ni rozan siquiera el problema esencial que es la pobreza.
Si en verdad buscan como pregonan un mundo mejor para todos, harían bien en hacer más y hablar menos, en reorientar el gasto público, crear una política fiscal a favor de los ciudadanos, crear empleos bien remunerados, y solo entonces podremos avanzar, mientras el supuesto combate a la corrupción no ha dejado ni por asomo un verdadero progreso ni para Puebla, ni para México.
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