Es evidente en Hidalgo la necesidad de miles de familias de poseer una vivienda digna y decorosa con las condiciones que le permitan una buena calidad de vida, establecidas por la constitución; es decir, que “que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad  o legítima posesión, y contemple ciertos criterios para prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos  naturales potencialmente agresivos”.

 Según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (Envi), en Hidalgo, el 47 por ciento de la población tenía que rentar una casa, principalmente porque no tiene acceso a un crédito hipotecario o no cuenta con recursos económicos. Es decir, miles de hidalguenses se ven forzados a gastar la mayor parte de su salario en pagar una humilde morada, que nunca será suya a pesar de su sacrificio y esfuerzo.

Frente a esta situación, vemos la otra cara de la moneda: miles de casas abandonadas. Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el corte más reciente de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, al menos 14 mil 100 viviendas están catalogadas como abandonadas en la entidad, y algunos de los principales factores por los que se da es debido al costo de movilidad, a la falta de fuentes de empleo y no tener una oferta educativa cercana.

Para las familias que, gracias a los miles de horas de trabajo conjuntas, a los sacrificios de generación tras generación que han invertido sus salarios en construir un patrimonio, la situación tampoco es halagadora. En la entidad, el 45.6 por ciento de las viviendas particulares habitadas tienen problemas estructurales de humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos. En tanto, 43.4 por ciento reportan grietas o cuarteaduras.

Ya ni hablar de la falta de servicios básicos que, de acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2020, al menos 9 por ciento de la población de Hidalgo vive en domicilios sin acceso al agua y el 8.4 por ciento de los hogares no cuentan con drenaje. Según el organismo, unas 635 mil personas carecen de acceso a servicios básicos en las viviendas hidalguenses.

Así el panorama es desolador para los hidalguenses, no alcanza el salario para obtener un crédito hipotecario, ni siquiera de las casas pichoneras de Infonavit; los que logran obtenerlo los abandonan por la falta de fuentes de empleo cercanas y los que tienen una vivienda propia no cuentan con las condiciones elementales para una vivienda digna.

En la realidad tan lamentable y desigual que se vive en nuestro país podemos decir con toda seguridad que estamos lejos de que se cumpla este derecho humano y elemental, y no porque sea irrealizable, sino simple y sencillamente porque cubrir esta necesidad es ir en contra de las leyes del sistema económico que impera.

Por eso, ni las autoridades, ni la parte de la sociedad que tiene el dominio económico promueve el desarrollo de vivienda digna, a menos que sea por un alto costo que no está al alcance de la mayoría de las familias. En Antorcha, no nos cansaremos de insistir con las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se busquen los mecanismos necesarios para garantizar que las familias puedan contar con una vivienda digna.